Sentencia sin «terrorismo» pero con penas de prisión altísimas

La Audiencia Nacional española niega que haya «terrorismo» en el caso de Altsasu, pero condena a penas altísimas a los jóvenes juzgados. Sus padres y madres destacaron que «seguiremos luchando, luchando y luchando hasta conseguir justicia».

La Audiencia Nacional española considera que los hechos que se registraron en el bar Koxka de Altsasu en octubre de 2016 no son «terrorismo», según la sentencia que se hizo pública ayer. Sin embargo, lo que parecía ser una buena noticia se convirtió en mala, malísima, al constatar que se imponían las penas máximas posibles. Exceptuando a Ainara Urkijo, que ha sido condenada a dos años de cárcel, a los otros siete altsasuarras se les castiga con penas que oscilan entre los nueve años –Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea y Aratz Urrizola– y los trece de Oihan Arnanz e Iñaki Abad, pasando por los doce de Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda.

Las condenas son tan elevadas porque les han aplicado las penas máximas posibles en cada delito por los que se les ha condenado («atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas») al haberse aceptado como agravantes el «abuso de superioridad y de odio» y que los hechos se cometieron «por motivos ideológicos y de animadversión a la Guardia Civil».

El rechazo a la concepción de los hechos como «terrorismo», tal y como sostenían la Fiscalía, las acusaciones y los informes de la Guardia Civil, se basa en que no ha quedado acreditada «la finalidad terrorista de la acción» pese a los intentos de presentar a Ospa Mugimendua como continuador de la «estrategia terrorista» de ETA. «Es igual que maten o que hagan carrozas de carnaval. Todo responde a una estrategia terrorista», llegó a señalar el fiscal Perals en la vista que concluyó hace apenas un mes en las dependencias de la Audiencia Nacional española en San Fernando de Henares.

Se les condena pese a que en la vista no se pudo acreditar fehacientemente la participación concreta de cada uno de los acusados en los hechos. Iñaki Abad, al que castigan con trece años de cárcel, grabó un vídeo que dejaba en evidencia la veracidad de las acusaciones, ya que el sargento que supuestamente había sido objeto de una paliza multitudinaria aparecía caminando por su propio pie, con una camisa blanca impoluta y siendo incapaz de identificar a tres de quienes supuestamente le habían agredido minutos antes pese a tenerlos enfrente.

Las fotos de octubre de 2016 de Oihan Arnanz muestran a un joven de características físicas completamente diferentes a la descripción realizada por la novia del teniente. Le han condenado a trece años. Adur Ramírez de Alda aportó un vídeo en el que aparecía en el frontón Burunda viendo un partido del Cuatro y Medio con una camiseta de color diferente a la de la descripción de las acusaciones y varios testigos le ubicaron fuera del lugar de los hechos. Le han condenado a doce años. Son solo tres ejemplos.

«Seguiremos luchando»

Conocida la sentencia, los padres y madres de los jóvenes comparecieron en Iruñea para hacer una primera valoración. Cientos de personas les hicieron un pasillo, con gritos de apoyo y aplausos, en la calle Mayor antes de llegar al centro Katakrak. En el interior del local, también fueron arropados por numerosas personas.

«Lucharemos, lucharemos y lucharemos hasta conseguir justicia», respondió Bel Pozueta, una de las madres cuando le preguntaron qué tienen previsto hacer tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional.

En este sentido, señalaron que sus abogados están analizando la sentencia con el objeto de recurrirla.

«Tenemos malas noticias, pero también fuerza», añadió Pozueta antes de agradecer el apoyo que han recibido por parte de la sociedad navarra y de otros territorios. «Si no estuviéramos tan arropados, no podríamos estar aquí», reconoció.

Pozueta calificó la sentencia como «un absoluto desprecio al concepto de justicia y a la proporcionalidad» y destacó que se consideran como objeto de una venganza.

Ante esta situación, señaló que no se van a quedar parados y anunció que continuarán con las movilizaciones. La primera de ellas tuvo lugar ayer en Altsasu, en la que se reunieron cientos de personas. También se registraron en otros puntos de Euskal Herria como Elgoibar, Basauri o Bilbo. En Iruñea, denunciaron que la Policía Municipal identificó a quienes organizaban la protesta, que pudo llevarse a cabo, y también se denunció el caso de los jóvenes de Errenteria

Asimismo, los padres y madres anunciaron que convocarán una manifestación en Iruñea para el próximo día 16. Esperan que esta movilización sea mayor que se registró en abril, en vísperas del inicio del juicio, que fue multitudinaria. En este sentido, subrayaron que ya nadie puede dudar de que este no es un caso de «terrorismo», ya que hasta la propia Audiencia Nacional lo ha reconocido pese a imponer a continuación unas penas desorbitadas. Por ello, advirtieron de que lo que les ha ocurrido a sus hijos es algo que le puede pasar a cualquiera.

«Nosotros teníamos claro que no era un caso de terrorismo. ¿Para qué nos han llevado a la Audiencia Nacional?», preguntaron antes de denunciar que este tribunal de excepción ha aplicado a sus hijos las penas máximas. Las palabras de los padres y madres de Altsasu fueron respondidas con aplausos y gritos de «Altsasukoak aske» por parte de quienes habían acudido a Katakrak para darles apoyo una vez más. Entre los asistentes se encontraban electos de varias formaciones políticas y vecinas como Mari Carmen Mañas, viuda de Ángel Berrueta.

Rechazo en el ámbito político

Varias fuerzas políticas rechazaron la sentencias. Así, EH Bildu destacó que «vuelve a quedar claro el cariz ideológico y de excepción de la Audiencia Nacional» y denunció «la desproporción de todo este proceso desde el inicio» y la utilización política para castigar a la juventud de Altsasu. «La sentencia es una barbaridad», añadió EH Bildu, que destacó la dignidad con la que esta localidad de Sakana ha hecho frente a montajes policiales y acoso mediático.

También Sortu mostró su indignación con la sentencia y destacó que «reafirma nuestra determinación de romper amarras con el Estado».

A juicio de Ernai, ha quedado en evidencia que «el régimen fascista español sigue firme en su estrategia contra Euskal Herria y la juventud vasca».

Geroa Bai tildó la sentencia de «vergonzosamente desproporcionada, propia de una justicia como la española, que se encuentra absolutamente desacreditada a nivel europeo e internacional».

El secretario general de Podemos-Ahal Dugu en Nafarroa, Eduardo Santos, considera que la sentencia es muy dura porque se han admitido agravantes discutible y rechazó la aplicación desproporcionada de la prisión provisional.

CONDENAS

Oihan Arnanz

Tres años por un delito de atentado a agentes de la autoridad, tres años de prisión por cada uno de tres delitos de lesiones y un año de prisión por desórdenes públicos.

Jokin Unamuno

Tres años por un delito de atentado a agentes de la autoridad y tres años de prisión por cada uno de tres delitos de lesiones.

Adur R. de Alda

Tres años por un delito de atentado a agentes de la autoridad y tres años de prisión por cada uno de tres delitos de lesiones.

Jon Ander Cob

Tres años por un delito atentado a agentes de la autoridad y dos años de prisión por cada uno de tres delitos de lesiones.

Julen Goikoetxea

Condena de tres años por un delito atentado a agentes de la autoridad y dos años de prisión por cada uno de tres delitos de lesiones.

Aratz Urrizola

Condena de tres años por un delito atentado a agentes de la autoridad y dos años de prisión por cada uno de tres delitos de lesiones.

iñaki Abad

Condena de tres años por un delito de atentado a agentes de la autoridad, tres años de prisión por cada uno de tres delitos de lesiones y un año de prisión por desórdenes públicos.

Anara Urkijo

Un año por desórdenes públicos y un año por amenazas.

Condenas de dos años para los jóvenes de Errenteria

La Audiencia Nacional tampoco ha visto «terrorismo» en el juicio contra tres jóvenes de Errenteria y otro de Beasain por los incidentes registrados tras una manifestación convocada bajo el lema ‘Errepresioari autodefentsa’ en Iruñea en marzo de 2017. Los cuatro se enfrentaban a una petición fiscal de siete años de prisión por «desórdenes públicos terroristas». El tribunal les han condenado a dos años de cárcel a cada uno por «desórdenes públicos».

Según la sentencia, que también se hizo pública ayer, los acusados no actuaron amparados por una «organización terrorista», lo que es imprescindible según la legislación española para considerar una acción como «terrorista». La Policía española empleó las siglas «ATA» en la vista que tuvo lugar el 21 y el 23 de mayo como aglutinador de «disidencia de ETA» a pesar de que no constaba ni en el atestado ni en la instrucción

La sentencia considera que no se ha acreditado «la participación de una organización terrorista o grupo concreto» en la manifestación de Iruñea y añade que ni siquiera «ha quedado aclarado» cuál fue la línea oficial de la convocatoria. Tampoco se ha demostrado que esa línea coincidiera con «los restos de una ETA crepuscular» ni tampoco existen datos sobre «las entidades convocantes o sobre sus conexiones con la organización terrorista ETA».

La sentencia llega a señalar que la Fiscalía «hizo una interpretación desmesurada» de los hechos y añade que «actuar al amparo de una organización o grupo terrorista es mucho más que compartir determinados fines u objetivos». La sentencia considera agravantes la ocultación del rostro o el uso de material pirotécnico..M.D.