Ser soberano es decidir qué es estratégico

El Consejo de Administración de La Naval solicitó el lunes la apertura de la fase de liquidación del astillero. La noticia sacudió a toda la Margen Izquierda y movilizó a los trabajadores. El Gobierno Vasco relanzó sus gestiones para encontrar un inversor privado que asegure el futuro de la empresa. Los pasos previos y las prisas actuales refuerzan la percepción de que la situación de la compañía es realmente delicada.

Mucho se habla de que tiene que ser el mercado el que decida qué empresa sobrevive y cuál debe cerrar. Una idea que funciona con los pequeños negocios, pero cuando las dificultades llegan a una gran empresa las instituciones entran rápidamente en juego para tratar de salvarla, contradiciendo la doctrina del libre mercado. Una actitud lógica si consideramos el impacto económico y social de una gran compañía –como La Naval– en el empleo directo e indirecto y en la riqueza. Las dificultades de las grandes empresas dejan de ser una cuestión meramente económica para convertirse en un problema político que las autoridades se ven obligadas a encauzar. El Gobierno de Gasteiz, consciente de que todas las miradas se han vuelto hacia él, ha pergeñando una estrategia en la que, por un lado, se muestra diligente tratando de buscar un inversor privado –si no hay nadie dispuesto, no será su responsabilidad–; y por otro, deja bien claro que ese inversor no puede ser la administración pública, es decir, que no se puede publificar el astillero porque la UE no lo permitiría.

Se olvida que el Gobierno de Macron sí nacionalizó el año pasado un astillero en dificultades en Saint Nazaire y la Comisión avaló la decisión. Y se oculta deliberadamente que los astilleros militares desgajados de La Naval, esos que construyen corbetas para la armada saudí, continúan siendo públicos porque el Estado español sí los considera estratégicos. Ejemplos de que con voluntad política suele encontrarse un camino para salvar a las empresas en dificultades; ejemplos también de lo importante que es contar con un Estado soberano para gestionar la economía.