La pompa con que el Gobierno francés y el español escenificaron el pasado 1 de octubre la entrada del llamado «archivo de ETA» tiene ya una traducción represiva. En un momento en que la demanda de ir vaciando las cárceles sigue ampliándose en Euskal Herria (a la vuelta de la esquina están la manifestación del sábado en Donostia y sentencias claves de Estrasburgo el martes), la Audiencia Nacional determinó ayer el ingreso en prisión de Karlos Apeztegia, acusado de «pertenencia a ETA» en 2002 y con la pretensión de añadirle la agravante de «reincidencia». Todo ello basado, según afirma la Guardia Civil, en una nota manuscrita hallada en una redada de 2003 y que iba en el paquete entregado por París a Madrid, de la que concluyen que pasó información sobre objetivos para atentados.

Hay varias paradojas evidentes en esta acción político-policial-judicial. La principal es que el encarcelamiento se produce cuando ETA se disolvió hace cinco meses. Llama la atención más aún que a Apeztegia se le impute «pertenencia» cuando ya pasó casi 22 años preso por ese motivo.

La instrucción deja claro, por otro lado, que el informe de la Guardia Civil es de principios de 2017 y se activó judicialmente en junio de ese año (exactamente un año antes de prescribir), por lo que la nota hallada a ETA ya estaba entonces en manos del instituto armado español, aunque luego haya sido incluida y destacada como parte los famosos «papeles de París».

Por otro lado, para remachar el encarcelamiento el juez Diego de Egea recurre a cuestionar el «arraigo laboral y familiar» de Apeztegia, pese a que tiene trabajo y vida familiar conocida.

La imputación construida de «nueva pertenencia» a ETA recuerda en cierto modo a lo que se utilizó también para encarcelar en mayo de 2017 a Antton Troitiño, tras su extradición desde el Reino Unido. La Audiencia Nacional dictaminó entonces que si bien había cumplido 26 años preso en el Estado español, al viajar a Londres con un pasaporte falso cabía entender que se había producido un reingreso en la organización. Por este motivo se le impusieron el pasado mes de marzo casi seis años de condena (la Fiscalía pedía once), en la que se incluye la agravante de «reincidencia»&flexSpace;que también se intenta ahora achacar a Apeztegia.

Etxerat, Sare y Sortu

Apeztegia es natural de Iruñea aunque ahora vive en Hernani. Fue detenido cuando salía de la sede de Etxerat ubicada en esta localidad, donde trabaja en labores de «asistencia técnica y humana a los familiares de los presos vascos en el Estado francés», según concretó ayer esta asociación. Etxerat destaca el valor de esta labor para «la resolución definitiva de las consecuencias del conflicto y la paz», y traslada su «solidaridad y ánimo» a la familia, especialmente a su compañera y su hija.

Sortu habla de «terrible retroceso» y añade: «Resulta escandaloso el doble rasero: los aparatos de Estado retuercen las leyes hasta límites increíbles bien para alargar artificialmente las penas o para volver a condenar a la gente o bien para garantizar la impunidad de aquellos que actuaron motivados por intereses de Estado».

Para Sare, el encarcelamiento de Karlos Apeztegia resulta «incomprensible, sin haber siquiera sentencia de por medio, en un momento en el que tras años de sufrimiento se abre una oportunidad de oro para acabar con el dolor». LAB recuerda que el objetivo debe ser «vaciar las cárceles» y anima a la marcha de este sábado en Donostia.