Al comentar ayer el «carrusel» electoral previsto para el próximo año en el Estado español, el presidente de la CEOE, el getxoztarra Antonio Garamendi, indicó que los empresarios se sentirán «mucho más a gusto» si las «opciones de moderación» ganan en las urnas.

El líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales tomó parte en un foro promovido por Bankoa y “El Correo” junto con el presidente de Cie Automotive, Anton Pradera. Al acto asistieron los consejeros del Gobierno autonómico Pedro Azpiazu (Hacienda), Arantxa Tapia (Desarrollo Económico) y María Jesús San José (Trabajo y Justicia), tal como recogió la agencia Efe.

«Nos gusta la estabilidad. Y la estabilidad la da la moderación», señaló al repasar las cuestiones que preocupan a la patronal, entre ellas que, en un año de elecciones, desde el mundo de la política se utilice «una visión más electoral» que económica a la hora de afrontar ciertos temas.

Precisamente, Garamendi volvió a pedir «rigor» en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año y señaló que «preocupa que estén muy por encima de lo que se puede gestionar, porque posiblemente los gastos sean más de los que nos cuentan y posiblemente los ingresos sean menos de los que nos llegan», en un contexto de deuda elevada.

Menos impuestos

Los ingresos del Estado serán menores si el Parlamento español aprueba unos presupuestos para 2019 que sigan las directrices de la patronal, ya que, Garamendi manifestó que le gustaría que «todo vaya mejor con menos impuestos» y, al mismo tiempo, alertó sobre una eventual subida de las cotizaciones sociales. Dijo que una subida del 10% significan 1.500 millones de euros más en el conjunto del Estado, que cuenta, afirmó, con unas cotizaciones superiores en un 30% al resto de Europa.

Explicó que las empresas tienen un problema «real» con la morosidad y lamentó que la ley «no se cumple» en esta materia. Tras recordar la crisis «muy dura» vivida, con el cierre de 300.000 empresas en el Estado español, abogó por dar una nueva oportunidad al empresario que ha fracasado, aludiendo a que en otros países tiene más fácil conseguir un crédito.

Valoró positivamente «las reformas valientes» acometidas en ese periodo y se congratuló de la senda de crecimiento actual, en el que la empresa privada crea el 90% de los empleos y «es la generadora de la riqueza de nuestro país». Aplaudió también el proceso de internacionalización empresarial acometido y aseguró que, «cuando vengan tiempos peores», las empresas estarán «mejor preparadas» para afrontarlos.

El presidente de la CEOE reiteró sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por intentar establecer por ley que a partir de 2040 que no se permita la matriculación y venta de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxidos de carbono, entre ellos los de diésel y gasolina.

Tras afirmar que los empresarios son «los primeros al frente de la manifestación» para combatir el cambio climático, señaló que hay que ser «más serios» en la implantación de tecnologías.

Cambios rápidos

Por su parte, el presidente de Cie Automotive, Anton Pradera, abordó cuestiones que influyen en la supervivencia de un proyecto empresarial. De entrada, destacó que definirlo «de forma rígida no tiene mucho sentido», ya que la empresa «tiene que estar en la oportunidad» en un contexto de mercado global en el que los negocios cambian muy rápido. Apostó por la diversificación del negocio porque da «independencia» y «libertad» para invertir. Y advirtió de que «hacer seguidismo a un cliente puede ser tu ruina».

 

Propuesta del Ejecutivo para no facilitar los despidos colectivos

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los interlocutores sociales del Estado español una serie de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores con las que busca que los tribunales tengan la última palabra sobre los despidos, al tiempo que será más fácil impugnar ante la justicia la decisión empresarial.

El Gobierno quiere facilitar la impugnación ante la jurisdicción social de aquellos despidos colectivos que sean considerados «desproporcionados», según el texto al que tuvo acceso Efe. GARA