El juzgado 13 de Barcelona amplía la macrocausa y procesa a 31 altos cargos

El juzgado número 13 de Barcelona cerró ayer la polémica instrucción del caso contra el independentismo catalán y envió a juicio por el 1-O a 31 altos cargos de la Generalitat y empresarios. Les acusa de delitos como malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos.

Mientras en el Tribunal Supremo siguen las inacabables declaraciones de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ayer el juzgado número 13 de Barcelona se encargó de recordar que la macrocausa contra el independentismo catalán no se limita al juicio que se celebra desde febrero en Madrid, sino que está dispersa en varias instancias. El célebre juzgado barcelonés –masa madre del resto de causas contra el 1-O– cerró ayer la instrucción mandando a juicio a 31 altos cargos de la Generalitat y empresarios por delitos de malversación, desobediencia, prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos.

Entre los procesados destacan los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, así como la directora de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach. Se les imputa un delito de desobediencia por emitir los anuncios del 1-O pese a las advertencias del TC. En el mismo capítulo está también procesado –por malversación y desobediencia– Francesc Fàbregas, director del semanario “El Vallenc” y presidente de la Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

Entre los altos cargos de la Generalitat destacan, entre otros, el representante permanente de la Generalitat ante la UE, Amadeu Altafaj (malversación y prevaricación); el director general de comunicación, Jaume Clotet (malversación); la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal (malversación, desobediencia y falsedad); y el secretario general de Presidencia, Antoni Molons (malversación, desobediencia y prevaricación).

Tras el cierre de la instrucción, la Fiscalía deberá presentar ahora el escrito de acusación, en el que detallará la pena solicitada para cada uno de los procesados. En cualquier caso, es previsible que las acusaciones fiscales sumen varios años de prisión, ya que delitos como el de malversación contemplan penas de dos a ocho años. Por el de falsedad documental, el Código Penal contempla condenas de tres a seis años de cárcel, mientras que por el de revelación de secretos el castigo puede ir de los dos a los cuatro años. Los delitos de desobediencia y de prevaricación no tienen penas de prisión, pero sí multas e inhabilitaciones.

Entre los 17 imputados por el delito más grave, el de malversación, está también Albert Royo, ex secretario general del Diplocat, el consorcio público-privado de diplomacia pública catalana, así como los responsables de varias empresas. Por ejemplo, en la lista aparece el directivo de Unipost Pablo Raventós y la directora de servicios de T-Systems, Rosa María Rodríguez, a los que se vincula con diversos aspectos logísticos del referéndum del 1-O.

Instrucción cuestionable

De la lista de procesados cae, además del exvicepresidente del Tribunal Constitucional y coordinador del Libro Blanco de la Transición Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, el juez y exsenador de ERC Santi Vidal. La noticia no es menor, ya que la instrucción en el juzgado de instrucción número 13 se abrió a raíz de unas declaraciones de Vidal a principios de 2017 acerca del censo electoral que el Govern tenía supuestamente ya en sus manos. Aunque oficialmente la instrucción se abrió para investigar aquellas declaraciones, en los meses siguientes se empezó a ver que el entonces titular del juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer, estaba aprovechando el secreto de sumario para encargar a la Guardia Civil informes sobre el independentismo y los supuestos preparativos del 1-O.

Cuando en junio de 2017 la CUP pidió personarse en la causa, el juez desestimó la petición asegurando que la instrucción no tenía nada que ver con el referéndum, algo que quedaría posteriormente desmentido. De hecho, tanto la instrucción del juez Pablo Llarena como las acusaciones de la Fiscalía en el Tribunal Supremo están construidas con material generado en el seno de esta causa abierta en el juzgado 13 de Barcelona. Un sumario al que las defensas no han tenido acceso, creando una situación de indefensión.

En una carta que envió al juez Ramírez Sunyer poco antes que este falleciese, en noviembre de 2018, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, le agradeció efusivamente los servicios prestados: «Cambiaste el rumbo de la Historia de nuestro país».

Macrocausa «atomizada»

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, puso de relevancia ayer la dispersión de la causa en diferentes juzgados. «Es un juicio múltiple, es incomprensible que una misma causa se haya atomizado en hasta cuatro juzgados», señaló, en referencia al Tribunal Supremo, donde están siendo juzgados los doce principales dirigentes catalanes; la Audiencia Nacional española, donde será juzgada la cúpula del departamento de Interior y de los Mossos –cuatro procesados–; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde serán juzgados cinco miembros de la Mesa del Parlament que tienen la suerte de no llamarse Carme Forcadell, además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya; y el juzgado número 13 de Barcelona, con 31 procesados.

En total, de la instrucción iniciada por Ramírez Sunyer han salido cuatro piezas separadas en cuatro juzgados diferentes, con un total de 53 personas procesadas. De momento.

La Nobel de la Paz Jody Williams califica de «farsa» el juicio al 1-O

Invitada por Òmnium Cultural, la premio Nobel de la Paz Jody Williams asistió ayer a la sesión del juicio contra el independentismo catalán en el Tribunal Supremo, en el que siguió la retahíla de declaraciones de guardias civiles y policías españoles. En el receso de mediodía atendió a los medios de comunicación, ante quienes alertó de que el proceso judicial está «poniendo en peligro» derechos humanos como el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión.

Williams denunció que se están «criminalizando» manifestaciones pacíficas y defendió «el derecho de la gente a dar su opinión sobre su futuro». Frente a ello subrayó el «miedo» del Estado al diálogo con Catalunya, añadiendo que la solución a un problema político nunca serán los tribunales. «Me parece una farsa», añadió sobre el juicio que se desarrolla desde febrero en el Supremo. Más al detalle, Williams criticó también que los magistrados no permitan visionar los vídeos del 20S y del 1-O en la sala de vistas, impidiendo así contrastar los testimonios de policías y guardias civiles.

Nobel de la Paz en 1997 por su activismo contra las minas antipersonas, Williams es firmante del manifiesto “Let Catalans Vote”, firmado por decenas de reconocidas figuras internacionales. Dado que la Fiscalía incluye dicho manifiesto en su escrito de acusación, la defensa de Cuixart citó como testigos a sus firmantes, incluida Williams, pero el tribunal se negó a aceptarlo.GARA

La Policía belga cree que un fiscal de la AN espió a Puigdemont

Las euroórdenes con las que el Tribunal Supremo quiso lograr la extradición de los dirigentes catalanes exiliados acabaron en un estrepitoso fracaso, pero las derivadas del caso no han acabado todavía. El escándalo podría ser mayor. Según publicó ayer la agencia ACN, la investigación que la Policía belga está llevando a cabo sobre las balizas encontradas en el coche del president Carles Puigdemont empieza a dar resultados preocupantes para los intereses del Estado español.

Según la agencia catalana, la investigación belga apunta directamente a un fiscal de la Audiencia Nacional española, Carlos Bautista Samaniego. La Policía belga sitúa a este fiscal especializado en euroórdenes en un hotel de Bruselas a finales de enero de 2018; una fecha y un lugar que vincula con el inicio del espionaje a Puigdemont debido a una llamada de una de las SIM británicas que estarían ligadas a las balizas. Bélgica también señala como sospechosa la presencia en el hotel de un empresario español al que vinculan con el Ministerio de Justicia y a tres informáticos.

De momento, la Justicia belga no ha pedido explicaciones al Estado español, aunque el caso sigue bajo investigación. Bautista Samaniego rechazó hacer declaraciones a ACN, pero la Asociación de Fiscales confirmó en un comunicado su presencia en Bruselas. Eso sí, la vinculó «a su participación en un proyecto de la Unión Europea». «La estancia en Bruselas fue organizada por la Fiscalía federal belga, que fue asimismo la encargada de reservar el hotel», defendió ayer la Asociación.GARA