DEBATE SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA FRANCESA

Participación estatal en Renault: ¿hándicap o garantía?

El papel del Estado en el seno de Renault, ¿es un problema o una oportunidad para los intereses franceses? El fracaso de la fusión de Renault con Fiat Chrysler ha reavivado el debate entre liberales y proteccionistas, incluso si Bercy (sede del Ministerio de Economía y Finanzas) ha negado cualquier tipo de «intervención política» en la negociación.

El fabricante italo-estadounidense ha apuntado a un claro responsable del fracaso del proyecto de fusión con Renault: el Gobierno francés. «Actualmente no se reúnen las condiciones políticas en Francia para llevar a buen término esta aproximación», aseguró el grupo Fiat Chrysler (FCA) en el comunicado oficial en el que, la noche del miércoles, informaba, sorprendentemente, de que retiraba su propuesta.

La presencia del Estado francés en el capital de Renault, con el 15,01% de las acciones, es considerado incómodo por ciertos observadores. «Claramente, es un inconveniente mayor», indica a AFP Élie Cohen, economista y director en el CNRS (Centro Nacional de Investigaciones Científicas), quien recuerda que «la alianza con Nissan se vio seriamente comprometida cuando el accionista estatal decidió aumentar considerablemente sus derechos de voto al aprobar una ley y ejercer una prerrogativa que, literalmente, enfureció a los japoneses».

Desde una ampliación del capital realizada en abril de 2015 y la entrada en vigor de la denominada Ley Florange sobre el derecho de voto doble, el Estado francés posee realmente el 21,96% de los derechos de voto teóricos y el 28,60% de los derechos de voto efectivos del grupo automovilístico.

«No podemos tomar ningún riesgo con los empleos», señala a la Agencia France-Presse el diputado Damien Pichereau (del LREM, la formación de Emmanuel Macron), presidente del grupo de estudios sobre vehículos terrestres de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento francés).

«Respecto a la creación de un gigante del automóvil, estamos de acuerdo, pero no debe hacerse en detrimento de nuestros empleos y de nuestra industria», subraya Pichereau.

«Hoy en día tenemos que proteger el empleo del sector automotriz francés», indicó también el pasado jueves el ministro de Hacienda, Gérald Darmanin, en declaraciones a Franceinfo, mostrándose «muy contento de que haya una industria un poco patriótica que preste atención a los intereses franceses».

«Si no lo hubiéramos hecho así y dentro de unos meses nos percatáramos de que hay que hacer reestructuraciones y reducir puestos de trabajo en Francia, ustedes habrían dicho: ‘No habéis protegido los intereses de los franceses’», resaltó.

Pero «¡qué es lo que garantiza la sostenibilidad de la actividad de Renault, y por lo tanto el empleo, si no es el crecimiento, la expansión, la conquista de nuevos mercados!», replica Cohen.

Por el contrario, Xavier Ragot, presidente de la OFCE (organismo independiente de análisis económico de la Fundación SciencesPo), observa un «retorno a una orientación industrial a nivel europeo, con claras tomas de posición de Margrethe Vestager (la comisaria europea de la Competencia), Bruno Le Maire...». «Esto es bastante nuevo –comenta–, ya que el Estado toma conciencia de que debe ser más estratega y que antes quizás no lo haya sido porque pensaba que los mercados se regulaban solos».

«El Estado se preocupa por el empleo, los territorios, los nombramientos pero, en mi opinión, no se preocupa ni por la industria ni por la estrategia», prosigue Cohen. «Esto es un inconveniente cuando eres una gran empresa como Renault, que, en un contexto económico agitado, con el fin anunciado del diésel, los vehículos eléctricos, los autónomos... necesita socios, alianzas, compartir inversiones y gastos de I+D».

Intereses cruzados entre industria y política. Cuestionado directamente por Fiat Chrysler e indirectamente por el Gobierno italiano, para el que «cuando la política intenta intervenir en procesos económicos, no siempre actúa correctamente», Bercy asegura que el fracaso de la fusión no se ha debido a «intervenciones políticas».

Según el Ministerio francés de Economía, la fusión ha derrapado porque el Gobierno quería preservar la alianza de Renault con Nissan, al que se había dejado fuera de la operación hasta el último momento. El grupo japonés temía quedar marginado, aunque consideraba que el proyecto suponía una oportunidad para compartir tecnología.

«Lo que es seguro es que, desde el exterior, la presencia del Estado siempre es mal vista», constata Gaëtan Toulemonde, analista del sector de la automoción en Deutsche Bank. Pero, dudando sobre las razones invocadas por Fiat Chrysler, matiza: «Basta con observar los efectivos de Renault en Francia durante los últimos diez años para ver que el Estado accionista no ha impedido al grupo evolucionar y reestructurarse».