«EL DERECHO PENAL NO ES ALIADO DE LAS MUJERES»

LA FRASE ES DE MIREN ORTUBAY, PROFESORA PENALISTA Y UNA DE LAS PARTICIPANTES EN LA MESA REDONDA SOBRE JUSTICIA PATRIARCAL DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UPV. HAY AVANCES, FALTAN MUCHOS, Y RETROCESOS, COMO LA APLICACIÓN GENERALIZADA DE LA CUSTODIA COMPARTIDA O NO VER VIOLENCIA AUNQUE LA HAYA.

Por abordar cuestiones muy pegadas a la actualidad, a los cursos de verano de la UPV-EHU les está sucediendo que los temas que analizan encuentran reflejo en titulares de prensa casi al tiempo que se producen. Ocurrió también el miércoles con el curso dedicado a la “Justicia en clave feminista” y la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que alerta del «silencio cómplice» del entorno, de la soledad de la mujer y de algo más que evidente pero que necesita aún decirse en una sentencia, que una denuncia tardía no resta credibilidad a un relato, en la violencia machista tampoco.

Fueron algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en Sarriko, en una mesa redonda que reunió varias voces desde distintas perspectivas para ofrecer una «aproximación multidisciplinar» al análisis de la justicia patriarcal.

Más de dos horas de debate pasaron volando, tratándose de un espacio que daba voz a Tania Chico, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 1 de Bilbo; Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal en la UPV-EHU; Carmen García-Pumarino, de la Fiscalía Provincial de Bizkaia; Rafael Pérez, abogado y director del módulo de atención sicosocial de Deustu-San Inazio y Mari Carmen Baigorri, forense del Instituto Vasco de Medicina Legal.

Ocurre, como explicaron las ponentes, que la justicia es un ámbito que se rige por parámetros específicos, que enjuicia hechos y que se mueve en un terreno en el que «las mujeres nos deslizamos con demasiada facilidad de la posición de denunciante a denunciada», según planteó Miren Ortubay.

Jurista, observadora y activista en contacto con mujeres supervivientes de la violencia machista y del sistema penal, situó el debate en algunos de los paráremos en los que se mueve ese mundo. Está pensado, explicó, para «castigar los delitos» no los derechos de las víctimas ni su reparación y funciona peor cuando el acusado no es un extraño sino alguien cercano al que además se le reconoce una autoridad como, por ejemplo, si se trata del «cabeza de familia».

Ahondó Ortubay en explicar situaciones que aparecen alrededor de un tipo específico de criminalidad en una realidad en la que las mujeres no buscan el castigo sino acabar con una vida de violencia cuando llegan a «la gota que colma el vaso», de la dificultad que encuentran para explicar que lo más importante no es la bofetada sino las miradas, los silencios… «El sistema penal no está pensado para escuchar», contó. Expuso que «las mujeres no podemos prescindir de la tutela penal», pero que hay que abordar sus «limitaciones» y que la solución no es «penas más altas» sino actuar en cuestiones como el reconocimiento, el apoyo sicológico y jurídico o la reparación social.

La cuestión del endurecimiento de penas apareció en varios momentos, y pareció unánime la idea de que más pena no significa más justicia ni más protección. Como observadora, Ortubay puso también sobre la mesa la existencia de una sensación de injusticia, de excesiva dureza y cómo esto puede volverse en contra las mujeres.

Las voces más pegadas al día a día en los juzgados observan avances, sentencias que se convierten en «instrumento de transformación social», señalan cuestiones que no pueden perderse de vista como la presunción de inocencia, hablan de analizar bien la prueba y si concurren agravantes para una mejor calificación. Son sus «herramientas» de trabajo, según destacaron, y son estas las que deben encajar bien con la realidad de las mujeres, para que la justicia sea real y ellas confíen en los tribunales.

Custodia compartida

Salió, como no podía ser de otra forma, la cuestión de la aplicación generalizada de la custodia compartida y cómo está influyendo en la precarización de los derechos de las mujeres, cómo se observa que para no perder la custodia se acepta cualquier condición.

Expuso Pérez, que está viendo acuerdos de pensiones muy inferiores, «de pensiones de entre 600 y 800 euros» a «la generalidad, de 200, 300 o 400 como mucho, por no referirme al uso de la vivienda» y aludió a una tendencia a minimizar la pena en delitos de índole sexual. «Donde no hay agravante, manifestó, lo común es que «se ponga la mínima» y explicar después a la víctima que «en menos de cuatro años puede estar en la calle».

Tocó también el tema la magistrada Tania Chico, para advertir que recayendo todo lo relacionado con la crianza en las mujeres este es un elemento de «contradicción» que está afectando en las rupturas. Alguien apuntó que con carácter general habría que hablar no de custodia sino de «vivienda compartida».

Era una aproximación multidisciplinar y se oyeron apreciaciones que chirriaron, pero la más contestada fue la expresión de una «preocupación» en las unidades de valoración forense por cómo afecta a los casos de violencia real «situaciones que no son violencia» y entornos que incitan a la mujer a presentar denuncia para «obtener beneficios». La respuesta fue inmediata en la mesa y entre el público asistente, con referencia expresa a los datos que hablan de un número de denuncias falsas lejos del 1%.

Volviendo al encaje jurídico, se recordó a la forense que el juicio construye una verdad e intenta demostrar si los hechos encajan, pero «quiénes somos nosotras para decir lo que una mujer ha sufrido», quizá el problema está en que lo máximo que puedes decir es «esto que me cuentas no me encaja»