Exalcalde de Alonsotegi admite que no se ejecutaron las obras pagadas

El exalcalde de Alonsotegi José Luis Erezuma admitió ayer ante la jueza de Barakaldo que investiga el caso de los cobros por obras públicas falsas en esta localidad que, efectivamente, los tres proyectos que recibieron una subvención foral de 600.000 euros para paliar daños por unas riadas no se ejecutaron. Tres de las cuatro personas implicadas reconocieron muchas de las irregularidades detectadas en el expediente, a preguntas de la Fiscalía y de sus defensas.

Después de meses de retraso en la toma de declaración, las cuatro personas investigadas por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo por el cobro de una subvención de la Diputación de Bizkaia de 600.000 euros por proyectos que no se ejecutaron en Alonsotegi lo hicieron. Quien fuera alcalde de 2011 a 2015, el jeltzale José Luis Erezuma, admitió que las obras en cuestión no se realizaron en 2012 aunque sí recibieron las ayudas forales.

Erezuma expuso ante la jueza, a preguntas de su abogado y del Ministerio Público, la grave situación económica que soportaba la constructora Laneder, a la que estaban a punto de embargar, entre otros motivos, por el impago de anteriores trabajos por parte del Ayuntamiento, que superaba un montante global de 1,6 millones de euros.

En ese contexto, el Consistorio abonó en octubre de 2011 a esa empresa 450.000 euros como parte de la deuda reconocida por la construcción en 2008 del centro de salud, que finalmente se inauguró oficialmente el 18 de marzo de 2015 con la presencia del lehendakari Iñigo Urkullu, natural de Alonsotegi.

Ante la amenaza de una quiebra inminente, los responsables de Laneder volvieron a acudir al Ayuntamiento para que se saldase la totalidad de la deuda. Los nuevos fondos, reconoció Erezuma, iban a provenir de la partida de «imprevistos» de la que dispone el Gobierno foral para afrontar gastos extraordinarios, como lo eran las supuestos desperfectos ocasionados por unas inundaciones en el sótano de la casa consistorial y sendos muros de contención en el ambulatorio y el elkartegi. Por esas certificaciones de obra se abonaron 228,969,15, 272.973,01 y 116.172,86 euros, respectivamente.

Con ese objetivo, tal y como consta en la instrucción judicial, la arquitecta asesor emitió un informe técnico el 18 de noviembre de 2011 sobre daños provocados por unas riadas que se produjeron del 4 al 6 de noviembre. En las semanas posteriores, se redactaron los proyectos de reparación de unos desperfectos que no eran ciertos, de modo que el 15 de diciembre se formalizó la solicitud de la citada subvención a la Diputación.

El exalcalde, según dijo ayer en el juzgado de Barakaldo, les adelantó los 600.000 euros y luego esperaban que Laneder hiciese una obra que nunca se ejecutó a pesar de que se emitieron informes y certificaciones que avalaban que los trabajos se habían realizado. Lo cierto es que los empresarios ya habían advertido al Consistorio de que no iban a ser capaces de afrontar los proyectos por su delicada situación financiera, que les abocaba al cierre al no poder contratar maquinaria y trabajadores, así como adquirir materiales.

Erezuma manifestó que mantuvo contactos con los responsables forales para disponer de las ayudas y poco después se les pagó la subvención requerida. En efecto, a través de una orden foral con fecha del 1 de marzo de 2012, el entonces diputado de Presidencia, Juan Mari Aburto, rubricó la resolución que concedió la subvención con cargo al concepto de «imprevistos».

Los otros investigados

El aparejador Juan Torrontegi señaló ayer que él no hizo la obra, aunque le dijeron que emitiese la factura correspondiente a la dirección de obra. El investigado cobró por ello 12.985,61 euros.

También declaró ante el juzgado de Barakaldo la arquitecta municipal Marta Novo, que indicó que le ordenaron que elaborase el informe que certificara el perfecto estado de los muros de contención en base al estudio técnico presentado por otro de los implicados en el fraude, el arquitecto Alberto Zulueta. Novo admitió que no cursó visita a la obra para comprobar si era veraz esa información, lo que sustenta la tesis de la acusación popular que ejerce EH Bildu de la falta de control.

El único de los citados a la toma de declaración que se acogió a su derecho a no contestar fue Zulueta, la persona que está implicada en los tres casos que se investigan en distintos juzgados. Los honorarios de su empresa por los proyectos y dirección de obra fueron de 51.942,44 euros, tal y como se recoge en el expediente municipal.