La España Global, el país sin presos políticos en el que Vox es un partido conservador

«La realidad sobre el proceso independentista catalán». Así se presenta el dossier con el que trabaja España Global –antes Marca España– para contrarrestar la maltrecha imagen exterior del Estado tras la gestión del 1-O y el juicio en el Supremo. La sentencia, prevista para otoño, será una nueva prueba de juicio para dicha proyección internacional.

Con el juicio al 1-O a punto de empezar, España Global, la oficina de promoción del Estado español –heredera de la Marca España y con rango de Secretaría de Estado– ya lanzó una campaña de propaganda con la intención de restituir la imagen del Estado español en el exterior, cosechando críticas en Catalunya –por lo sesgado y propagandístico de la campaña–, pero también entre los suyos, por llegar tarde y mal a un juicio que estaba a punto de empezar. Con la segunda lección aprendida, la campaña esta vez se ha puesto en marcha semanas antes de que, a lo largo de otoño –y siempre que no haya elecciones–, conozcamos la sentencia del TS.

Irene Lozano, secretaria de Estado encargada de España Global –además de exdiputada de UPyD y biógrafa de Pedro Sánchez–, ha confeccionado un dossier de 72 páginas del que se van conociendo detalles con cuentagotas. El pasado 11 de agosto, Europa Press publicó un primer avance, en el que destacó la calificación de Vox como «partido conservador». El documento es un argumentario para el personal del Ministerio de Exteriores y una guía para corresponsales y enviados especiales del extranjero, por lo que no era sencillo explicar el hecho de que un partido de extrema derecha esté personado como acusación popular en el juicio al 1-O. La solución de Lozano ha sido sencilla: reclasificar a Vox como simple formación conservadora, pese a que incluso portavoces del PSOE se han referido a ella como ultraderecha en reiteradas ocasiones.

Ayer “La Vanguardia” publicó parte del contenido del dossier, que sus autores presentan como «la realidad sobre el proceso independentista». Afirmación discutible, como poco. Parte del escrito esta estructurado a modo de fact check: se recoge una afirmación del entorno independentista, se tilda de «falsa» y se da una explicación bajo el epígrafe de «verdadera».

Por ejemplo: «Falso. El movimiento independentista es pacífico». Y seguidamente: «Verdadero. Como en todos los movimientos, se producen formas de actuar diferentes. Ha habido sectores que se han radicalizado y se han implicado en actos violentos». Y así todo. El fact check habrá que aplicárselo al dossier. Veamos.

Se niega, «obviamente» (sic), que existan presos políticos en el Estado español y se explica que son personas que «están siendo juzgadas con todas las garantías inherentes a un Estado de derecho democrático». Sin embargo, en el mismo párrafo, los autores se saltan esas garantías al señalar que «las personas procesadas lo están por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal español». En la España Global la presunción de inoncencia no es una garantía.

Va otra: es falso que Catalunya sea una nación, aunque se lea lo contrario en el Estatut aprobado en referéndum y validado por el mismo Congreso español. Para el organismo dirigido por Lozano, el TC estableció que «las referencias a Catalunya como ‘nación’ no tenían eficacia jurídica». En cualquier caso, no es menor el detalle de encaminar a una resolución judicial un concepto político como el de nación. Pero tampoco cabe sorprenderse, Sánchez ya tildó hace unos meses la unidad de España de cuestión «prepolítica».

Otro punto como poco cuestionable es el que declara falsa la afirmación de que «durante la jornada del referéndum (ilegal) de autodeterminación, la actuación de la policía provocó más de mil heridos». Lo divertido es que el dossier no entra a rebatir la cifra: «Sin entrar a valorar el número de personas que sufrieron contusiones de algún tipo en esa jornada, hay que destacar que solo tres personas fueron ingresadas en hospitales».

Una autoentrevista

Tampoco tiene desperdicio el final del dossier, en el que se incluyen 23 posibles preguntas sobre el proceso catalán y las repuestas de España Global. En algunas de las cuestiones, de la propaganda se pasa directamente a la mentira, como cuando vuelve sobre la actuación policial del 1-O. «¿No es cierto que se registraron actos de violencia policial el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum?», se autopregunta el ente, que se responde a sí mismo: «La Policía actuó a requerimiento de los jueces. En cumplimiento de ese mandato judicial, la Policía se encontró en algunos centros con grupos de personas que se oponían a su actuación. Solo en tales supuestos, la Policía tuvo que intervenir». Esto es sencillamente falso, porque la única resolución judicial previa al 1-O es la de la jueza Mercedes de Armas, que ordenó impedir el referéndum «sin alterar la normal convivencia ciudadana». En su declaración ante el juez Marchena, el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero añadió que la juez les ordenó a ellos, a la Guardia Civil y a la Policía española actuar «con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social».

El dossier tampoco se luce en lo que a la diplomacia se refiere. «¿Es cierto que ni la Justicia belga ni la Justicia alemana aceptaron la euroorden contra los huidos?», se pregunta, antes de responderse atacando veladamente a la Justicia germana, de la que se dice que tomó la decisión de tumbar la extradición por rebelión «sin conocer todos los datos del proceso español». También asegura sin pudor que la decisión de jueces belgas y alemanes parte de una interpretación «prematura y ajena al sentido de la euroorden». Sería interesante conocer la opinión de los juristas alemanes, padres del derecho penal aplicado en el Estado español.

Ni una, ni dos, ni tres

El discutible dossier perpetrado bajo el mando de Irene Lozano no es más que el último episodio de una larga lista de polémicas que acompañan a la autora de “Manual de Resistencia”, la presunta autobiografía firmada por Pedro Sánchez.

Quizá baste con recordar el momento cumbre de su carrera, cuando comparó el referéndum del 1-O con una violación ante la mirada incrédula del periodista de Sky News. En aquella ocasión tuvo que pedir perdón.

El PP solicita el registro de la marca electoral España Suma

No esta escrito en ningún sitio que la investidura de Pedro Sánchez vaya a acabar con una repetición electoral, pero por si acaso los diferentes actores van tomando posiciones. A finales de julio fue el PP el que hizo un movimiento que revela más intenciones que cualquier declaración: su secretario general, Teodoro García Egea, solicitó el registro de la marca electoral España Suma. Junto a ella registró también la misma fórmula para todas las comunidades, desde Cataluña Suma a Murcia Suma, en un movimiento que emula a la Navarra Suma impulsada por UPN, que pese a cosechar grandes resultados, no le ha permitido gobernar.

De hecho, el PP ya ha lanzado el globo sonda a lo largo en las últimas semanas, a modo de invitación a Ciudadanos a seguir la alianza ensayada en Nafarroa. Públicamente, Vox ha quedado fuera de estos convites. Los de Albert Rivera, sin embargo, han rechazado de momento cualquier coalición, en especial en Catalunya, donde son el partido más votado y donde se prevé que, más pronto o más tarde, la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo contra el independentismo acabe con una nueva cita en las urnas. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido, por parte de los de Casado, la que más ha insistido en esta operación.GARA