Un acuerdo que cierra 21 años de «todo es ETA» y evita que haya 45 presos más

El último proceso del «todo es ETA» puesto en marcha hace 21 años por Baltasar Garzón se cerró con un acuerdo entre las partes. 45 de los 47 encausados no deberán ingresar en prisión. Arantza Zulueta y Jon Enparantza asumieron cumplir cinco meses de cárcel para hacerlo posible. Se cierra una larga etapa de macrojuicios para Euskal Herria.

Arantza Zulueta y Jon Enparantza. Eran los nombres que los otros 45 encausados en el macrosumario 11/13 recordaban a su salida de la Audiencia Nacional. El «compromiso y sacrificio» que subrayaba la abogada navarra y ayer juzgada Amaia Izko de ambos permitió firmar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación popular ejercida por AVT y Dignidad y Justicia por el cual la inmensa mayoría de los procesados no serán encarcelados. Zulueta y Enparantza, por contra, ingresarán en prisión para cumplir cinco meses de condena.

El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, daba la vista por terminada para las 10.30. Un proceso que arrancaba en setiembre de 2013 con la operación ‘Jaque’ contra Herrira y que se ha alargado durante seis años que han sido lo más parecido a una condena en libertad. Seis años que se resolvieron en 25 minutos. Ese es el tiempo que tardaron los 47 ciudadanos vascos juzgados por su trabajo de asistencia a los presos en desfilar por delante del tribunal y responder con un escueto «Sí. Bai» a la pregunta formulada por la Fiscalía: «¿Reconoce los hechos objeto de acusación?». Esos objetos de acusación («participación activa en organización terrorista», «delito continuado de enaltecimiento del terrorismo» y «financiación del terrorismo») otorgaban a Zulueta y Enparantza grado de «dirigentes en organización terrorista». De ahí que las penas solicitadas contra ellos fuesen mayores.

Ya avisaba Ibon Meñika, otro de los procesados, antes de entrar en sala: «No venimos a la Audiencia Nacional a por justicia, sabemos a dónde venimos. Preferimos mirar a nuestro pueblo y llegamos con la apuesta de dar soluciones a conflictos que todavía tenemos vivos».

«Una agenda de solución»

De este modo la condena queda fijada en tres años y seis meses para Zulueta, dos años y siete meses para Enparantza y dos años de cárcel o menos para los otros 45. Tras los tres y dos años que, respectivamente, vivieron Zulueta y Enparantza en durísimas condiciones de aislamiento, ahora deberán cumplir los meses que les restan. Ambos tendrán 10 días para ingresar en prisión a partir del momento en el que se les notifique, de forma oficial, la sentencia.

Las peticiones fiscales previas al juicio oscilaban entre los ocho y los veinte años de prisión. «Es cierto que hay dos personas que tendrán que volver a prisión para cumplir cinco meses. A pesar de ello, hemos decidido de manera colectiva pero basándonos en la voluntad de estas personas, en su compromiso y decisión de sacrificarse en lo personal para posibilitar esta situación», explicaba Izko a la salida del juicio. Los 47 entraron en la Audiencia igual que salieron, entre aplausos, pero sin la espada de Damocles que suponían las elevadas peticiones de cárcel. Con un rostro más aliviado, pero «un sentimiento agridulce» se fundieron en abrazos con los familiares y allegados que les esperaban a las puertas de la Audiencia en San Fernando de Henares.

La letrada navarra, conocedora como pocos del tribunal que le juzgaba, no escondió los temores. «Veníamos a este juicio condicionadas y condicionados por la excepcionalidad del caso y de un tribunal como la Audiencia Nacional. Esa excepcionalidad ha permitido que nos hicieran unas peticiones fiscales fuera de toda lógica y medida, lo que nos ha hecho temer unas condenas muy graves».

Este proceso, que suponía una mirada atrás para el país, no ha restado fuerzas para trabajar por el futuro: «Nuestra voluntad es contribuir para impulsar verdaderas vías de solución, poniendo el foco en la situación urgente de los presos y presas», añadía la abogada navarra, que mañana debe acudir al Tribunal Supremo, a la vistilla por los recursos de las defensas en el caso de los jóvenes de Altsasu.

Con el acuerdo alcanzado ayer se cierran 21 años de macroprocesos políticos amparados en la tesis del «todo es ETA». Corría 1998 cuando Baltasar Garzón abrió el sumario 18/98. Entre el sumario matriz y los que le sucedieron –Jarrai-Haika-Segi, el movimiento pro amnistía, Batasuna, ‘Egunkaria’, Udalbiltza o Askapena, cientos de personas han sido detenidas, han denunciado torturas y han vivido encarceladas. Asimismo, han sido muchas las entidades, organismos, medios y empresas afectadas por la obra de Garzón.

La vía del acuerdo

Pese a que ha habido numerosos casos, durante décadas, en la historia negra entre el movimiento independentista de Euskal Herria y la Audiencia Nacional, fue precisamente en el juicio de otro de los casos activados bajo ese paraguas del llamado «entorno de ETA» donde se abrió, de forma definitiva, la vía de los acuerdos. En enero de 2016, el juicio por la redada de Segura contra 35 militantes independentistas se cerró tras un mes de sesiones con un acuerdo y sin que nadie tuviese que ingresar en prisión. Fue la primera vez en la que un macrojuicio político se interrumpía en plena vista oral debido a un acuerdo alcanzado entre Fiscalía, defensa y acusaciones populares, ejercidas de nuevo por AVT y Dignidad y Justicia.

Tras ellos, en abril de ese mismo año cinco jóvenes navarros juzgados bajo el sumario 4/2011 también evitaron ir a prisión gracias a un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. En mayo de aquel 2016, otros nueve ciudadanos vascos evitaron engrosar la lista de presos tras un acuerdo al que se volvieron a sumar AVT y Dignidad y Justicia. Ayer, ambas organizaciones volvían a vender la firma de los encausados como «un nuevo logro» en la batalla del relato. Un acuerdo que Covite no tardó en criticar.

Aquel trabajo de Garzón que ahora se cierra, sin embargo, ha dejado por el camino cientos de ciudadanos vascos encarcelados y condenas que suman millares de años. En la situación de quienes todavía están presos o exiliados puso el foco Meñika, que recordó la movilización que el pasado sábado reunió a 50.000 personas en las calles de Bilbo «apostando por el futuro», lo que supone «dejar atrás cualquier injusticia que genere sufrimiento».

Así, los encausados fijaron la mirada en la todavía actual «política penitenciaria de excepción» y reclamaron «una agenda de solución» con carácter general, que incluya también lógicamente la cuestión de los presos en la que se han implicado y que les ha llevado al banquillo. En esa línea, los 47 ciudadanos vascos dejaron ayer mismo de ser encausados «para, de aquí en adelante, volver a ser mano de obra y traerlos a todos a casa». Una vuelta a casa que, en palabras de Beñat Zarrabeitia, «no debe ser la de 45, sino la de 250 ciudadanos».