«En lo que respecta a la protesta no violenta, es una sentencia peor que la del 18/98»

Miembro la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y exdiputado de la CUP, Benet Salellas analiza la sentencia del TS, que considera una regresión en toda regla, y avanza, con mucho tiento, algunos escenarios que se pueden abrir. Habla de la cronificación del conflicto y señala la única llave que tienen en su mano: seguir acumulando fuerzas.

¿Qué tal está Jordi Cuixart?

Sin querer minimizar nada, se ha dado la situación que entendíamos que se iba a dar. Al recibir la sentencia, lo que nos dijo fue que él sigue allí, de pie, determinado como el primer día a volverlo a hacer.

La rebelión cae porque ni siquiera el Supremo encuentra la violencia necesaria para ello. Pero convierte lo que describe como una desobediencia en sedición. ¿Cómo lo hace?

La sentencia no lo explica, es uno de sus principales desastres. Yo creo que el tribunal ha empezado por el final, construyendo las condenas, y luego ha ido buscando un razonamiento. Pero el tribunal no consigue definir qué tiene de diferente la sedición de unos desórdenes públicos o de un delito de desobediencia. Tiene el problema de que los desórdenes públicos, que serían una figura menor a la sedición, exigen cosas que no han pasado, como los daños a bienes o lesiones. Por lo tanto, se da la paradoja de que, habiendo pasado menos, se condena a más que con desórdenes públicos. La sentencia no resuelve el juicio de proporcionalidad.

En el caso de Cuixart se observa cierta voluntad de escarnio, cuando le dice que no puede pedir la absolución si al mismo tiempo reivindica la desobediencia civil. ¿Esto es normal?

En actitudes como estas se demuestra cómo el tribunal está implicado en la resolución de la sentencia. Por eso, a la hora de resolver, lo hace con pasión, con ideología y con este nacionalismo judicial que destila toda la sentencia. En nuestro caso, les molesta la actitud procesal de Cuixart, el hecho de que reivindique los hechos, y por eso en la sentencia ajustan cuentas.

Según el relato del TS, la integridad del Estado nunca estuvo en riesgo, y los acusados sabían que no lograrían la República; querían presionar para abrir una negociación. Es decir, el tribunal está castigando lo que considera que era un intento de forzar una negociación. ¿A dónde nos lleva esto?

Es que la sentencia tampoco explica cómo llega a estas conclusiones. Actúa con un absoluto prejuicio ideológico e intenta caricaturizar, menospreciar y ridiculizar al movimiento independentista en muchos pasajes de la sentencia. Es un tribunal que hace valoraciones mucho más allá del papel que le toca. Está haciendo política.

¿De qué hablamos cuando decimos que esta sentencia recorta derechos y libertades a todos?

Hay un artículo de Hibai Arbide que cita a un dictador africano que decía que usted tenía la libertad de expresarse, pero que la libertad no estaba garantizada después de haberse expresado. Creo que es un poco la síntesis de la sentencia. El Supremo proclama una y otra vez los derechos que están en la Constitución, pero aplica constantemente una visión reaccionaria sobre los mismos. Usted tiene libertad de reunión, sí, pero la sentencia establece consecuencias al ejercicio de ese derecho.

¿Remarcaría alguna otra cosa de la sentencia?

Nosotros hemos utilizado mucho el precedente de la fundación Zumalabe y la sentencia del Supremo al respecto, que Marchena enmienda. Las altas instituciones del Estado tienen un grave problema con el respeto a la disidencia.

En el 18/98 castigaron todo lo que vincularon, de forma torticera, con la actividad armada, pero dejaron a salvo la desobediencia civil. Ahora ni eso. ¿Se reduce el terreno de la protesta posible según el Estado?

En ese sentido, es una sentencia peor que la del 18/98, da un paso más y limita todavía más lo que es la protesta no violenta.

Prepararon el escrito de defensa mirando a Estrasburgo. Marchena ha hecho lo mismo con la sentencia. ¿Qué opciones se abren ahora?

Si, pero me niego a poner en valor lo que ha hecho el tribunal. Marchena ha intentado blindar la sentencia desde una óptica de derechos fundamentales porque sabe que es la posición más delicada, porque entiende que está en una situación de debilidad en ese sentido. Pero no es una buena sentencia, es un ejercicio de negación de derechos.

¿Cómo sigue la batalla judicial?

Primero con un incidente de nulidad ante el TS, después el recurso de amparo ante el Constitucional y después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya sabemos que no encontraremos remedio a la situación en la jurisdicción española.

Se ha especulado mucho con que los presos vayan a obtener beneficios penitenciarios inmediatamente. ¿Eso es cierto?

Creo que la gente se merece que digamos las cosas como son. En un contexto normal, en un delito común, nadie accede al tercer grado con una cuarta parte de la pena. Nadie. En contextos políticos como este, es evidente que se aplicará un cumplimiento íntegro o casi íntegro. Porque con independencia de la posición de la administración penitenciaria catalana, que ya veremos, todas las decisiones que adopte serán revisadas por el tribunal sentenciador. El Supremo sigue teniendo la llave, no ha habido ningún gesto de indulgencia.

¿Cómo ven desde la cárcel las respuestas a la sentencia?

Más allá de determinados debates que ahora se quieren abrir de forma interesada, lo que es evidente es que se sienten muy acompañados por una parte muy importante del país que se siente también condenada.

Marchas, huelga general, manifestación del 26, amenazas del Estado... ¿qué escenario se abre tras la sentencia?

Esto solo se podrá resolver a medio plazo, y creo que muchas de las consignas, de los marcos y de las ideas que hemos utilizado en la etapa del prejuicio, han cambiado con la sentencia. Creo que entramos en una fase de cronificación del conflicto, no porque lo quiera el independentismo, sino porque el Estado no está dispuesto a hablar de nada. Esto nos lleva a una fase de cronificación, porque la única posibilidad que nosotros tenemos es la de acumular suficiente bagaje y fuerza como para forzar al Estado a hablar de una vez. Y eso significa un periodo de cronificación del conflicto, con la esperanza de que seamos nosotros los que aguantemos más y obliguemos al Estado a sentarse, que debería ser lo mínimo en un marco democrático.

Me gustaría añadir que me da un poco de rabia que desde la izquierda española y desde otros ámbitos se tilde de ingenua a la sociedad catalana por creer que movilizándose de forma pacífica y votando lograría una interlocución política. Eso es dramático. Porque entonces, ¿qué es la democracia?

¿Cuáles son esas ideas, esas consignas, para el nuevo ciclo?

Creo que la tríada de amnistía autodeterminación y fin de la represión será la que articulará el movimiento en los próximos tiempos, porque son los únicos mecanismos justos para ayudar en la resolución del conflicto.