Un orden internacional en franco y acelerado declive

Turquía acaba de firmar un acuerdo con el Gobierno de Trípoli, encabezado por Fayez al-Farraj y reconocido como legitimo por la ONU, por el que se compromete a prestarle asistencia militar para hacer frente a las fuerzas del coronel Jalifa Haftar que sitian la capital desde hace meses. A cambio, el Ejecutivo de Trípoli se ha comprometido a permitir que Turquía explote una amplia franja del Mediterráneo en la que se presume que hay importantes reservas de hidrocarburos. Huelga decir que el acuerdo no ha gustado al resto de países ribereños que también reivindican la explotación de ese área de los fondos marinos y señalan que es contrario a la legislación internacional.

Con este convenio, Turquía, además del obvio beneficio que le puede reportar la explotación de los hidrocarburos del Mediterráneo, no busca una victoria militar –algo que la mayoría de analistas consideran fuera de su alcance– sino mantener con vida al Gobierno de Trípoli, de forma que tenga margen para poder abrir una negociación política. Un logro que de alcanzarlo le permitiría seguir manteniendo su influencia. A esta hipótesis contribuye el hecho de que la ayuda parece que se limitará a militares de alto rango para que desempeñen tareas de coordinación. Sin embargo, las manifestaciones de los dirigentes turcos dan a entender que podrían ir mercenarios de las diversas milicias sirias apoyadas por Ankara, ahora que carece de sentido mantenerlas en ese país. De este modo, Turquía también lograría recolocar a los combatientes que ha estado avalando en un nuevo frente y con nuevos objetivos en la otra orilla del Mediterráneo.

El convenio entre Turquía y un Estado fallido como Libia ilustra a la perfección el acelerado desmoronamiento del orden internacional. De nada sirve ya invocar el derecho internacional; cualquier país se siente con pleno derecho a hacer valer sus intereses, incluso empleando la fuerza, al margen de leyes e instituciones multilaterales.