Falsa bandera

A partir de 1984, un cuerpo de agentes especializados de la Ertzaintza llegó a colocar en unos veinte establecimientos hosteleros señalados por ser protagonistas en el tráfico de drogas, cargas de goma dos que reventaron los negocios y provocaron numerosos daños. Fueron acciones incruentas. Los atentados, sin reivindicar, se produjeron en Bilbao, Lekeitio, Gernika y Igorre. En vista del «éxito», continuaron las explosiones en otros establecimientos de Enkarterri, Ortuella, Arrasate, Oñati, Hondarribia, Donostia…

En esa misma época, ETA atentaba, asimismo, contra lugares y personas donde o que traficaban con heroína. Así que, en la mayoría de los casos, la prensa atribuyó las acciones encubiertas de los agentes autonómicos, a comandos de la organización separatista. Las diligencias judiciales se cerraron de inmediato, y aquellas operaciones furtivas fueron tragadas por la historia.

Los dos párrafos anteriores provienen de una fuente que tenía razones para conocer aquellos acontecimientos, de los que han pasado ya muchos años. Se trata de Javier Zumalde, instructor de la Policía autonómica, que llamó a aquellos atentados «acciones negras», lo que hoy en día señalaríamos como de «falsa bandera». Realizadas con un objetivo determinado e imputadas a otros, adversarios o enemigos. Zumalde, también añadió y lo dejó escrito, que intentaron matar a diez traficantes previamente identificados, pero que el PNV no lo permitió. Entonces, Xabier Arzalluz mandaba en el Partido. Se jactaba, sin embargo, de que «sus» acciones se hubieran atribuido a ETA.

En setiembre de 1999 y en la localidad bretona de Plévin, ETA y el Ejército Revolucionario Bretón (ARB) robaron cerca de ocho toneladas de explosivos, 5.000 detonadores y varios kilómetros de cordón detonante. Era setiembre de 1999. Según las policías española y francesa, ambos grupos, ETA y ARB, utilizaron en sus acciones parte del hurto. En especial el grupo bretón, que realizó varios atentados contra propiedades, con los explosivos de Plévin, en los meses siguientes. Dos de los atentados fallaron en sus objetivos y la Policía recuperó intactos los ingenios utilizados en cada ocasión, detonadores y dinamita.

El 19 de abril de 2000, una bomba hizo explosión en un McDonald´s de Quévert, una pequeña población bretona de apenas 3.700 habitantes. La deflagración causó la muerte de una joven trabajadora de la hamburguesería, Laurence Turbec. No hubo reivindicación de este extraño atentado, pero los medios ya se encargaron de achacárselo al ARB. Gaël Roblin, portavoz del partido legal Emgann, fue detenido y acusado falsamente del atentado. Una campaña se desató contra el independentismo bretón.

En 2004, se produjo el proceso por el atentado de Quévert. El ARM quedó descartado de entrada por la justicia francesa. Numerosas irregularidades llevaron a introducir en la opinión pública nuevas hipótesis, ninguna en la justicia. Incluso diversos medios, entre ellos ‘‘Le Point’’ y ‘‘L´Express’’, fueron condenados por difamación y atentado contra la presunción de inocencia. Los medios abertzales bretones denunciaron que la bomba en el McDonald´s había sido una operación de falsa bandera y que, para ello, sus ejecutores habían utilizado explosivos recuperados por la Policía en un atentado fallido. En 2009, el caso de Quévert fue definitivamente cerrado, sin culpables.

Estas operaciones encubiertas para hacer creer a la opinión pública que fueron efectuadas por otros protagonistas, nos persiguen desde hace décadas. Sucedieron con la muerte de Argala, imputada por Interior a «diferencias internas», como lo fueron las de Lasa y Zabala por los GAL, Popo Larre o Tomás Alba en 1979, concejal de Herri Batasuna muerto por el BVE en Astigarraga u otras para desviar la atención como la del cartero José Antonio Cardosa en Orereta en 1989.

Estas operaciones encubiertas fueron utilizadas por las potencias en tiempos de guerra (EEUU y la URSS, especialmente), pero también en tiempos de paz, para provocar resultados políticos que avalasen su intervención. Europa ha estado cruzada de estas acciones encubiertas en la mayoría de sus escenarios. Acciones impulsadas en gran medida por Gladio, el brazo creado por la OTAN para sus operaciones de «guerra sucia» que no podía reivindicar en nombre de la democracia.

La quema del Reichstag en Alemania en 1933 es el hecho más conocido, cuando agentes de Hitler prepararon un incendio para suspender los derechos civiles y provocar una detención masiva de militantes comunistas. En 2006, soldados iraquíes disfrazados de insurgentes y acribillados por el Ejército británico en Irak, fueron la excusa de EEUU para asaltar la prisión de Basora.

Los «false flag» (falsa bandera) tienen su extensión en lo que en términos anglosajones se conoce como black propaganda (propaganda negra, literalmente), información falsa que pretende convertirse en la principal del relato. En Euskal Herria existe un hilo conductor que se aleja en el tiempo, con pasajes conocidos como el del bombardeo de Gernika; la desaparición de Galíndez, atribuida por los servicios de Franco a su orientación sexual; la de Pertur, también atribuida a «disidencias internas»; o hechos más recientes como el de la niña Urroz o los atentados del 11M en Madrid. Obviamente, para que la black propaganda tenga efectividad se necesita la complicidad de medios y agentes, periodistas e historiadores, que defiendan la falacia.

En estas semanas, hemos asistido a varios hechos que tienen el sello de falsa bandera. Las pintadas en las sedes de ELA y LAB, después de la huelga general por un empleo, una pensión y una vida dignas, incluso la destrucción de placas recordando a víctimas, aun pudiendo tener autoría ajena al Estado profundo, tienen todos los visos de ser acciones encubiertas. No hay sino hacer una pequeña regla de tres para descifrar quién aprovecha y se beneficia de ese discurso victimista. Cuanto más débil y antidemocrático sea el Estado, generará nuevas acciones de falsa bandera.