El virus no entiende de fronteras, pero las medidas bancarias sí

Existe una diferencia sustancial entre las moratorias en el pago de préstamos decretadas por los Gobiernos de Madrid y de Lisboa. Mientras los primeros simplemente retrasan el abono del principal e intereses, el Gobierno luso ha abierto un paréntesis hasta el 30 de septiembre sin pagos ni intereses.

Desde que llegó el coronavirus no paramos de hacer números y de dibujar curvas: las de la enfermedad y también las de la economía. En cuanto a la evolución de la primera, se utilizan expresiones como que se ha «contenido» la expansión, o se ha «doblegado la curva» de infecciones, etc. Se enfatiza constantemente que la acción humana es determinante y que gracias a ella se va a poder someter al virus del que, por otra parte, se sabe más bien poco. Todavía son más las incertidumbres que las evidencias acumuladas, pero a pesar de ello se esfuerzan en dar la apariencia de control y de capacidad de incidencia sobre un fenómeno natural poco conocido.

Sin embargo, respecto a la economía las expresiones de gobierno y control sobre su evolución brillan por su ausencia. Se divulgan datos y más datos sobre previsiones catastróficas sin que nadie sea capaz de expresar capacidad de reacción para encauzar la crisis que a todas luces se avecina irremediablemente.

Es algo que resulta más curioso, si cabe, cuando se considera que la enfermedad es un proceso natural que escapa a nuestro alcance, y que solamente podemos aspirar a contenerlo dentro ciertos límites para minimizar sus consecuencias. Sin embargo, la actividad económica se rige por decisiones humanas que se pueden ir modificando según los objetivos que la sociedad considere deseable lograr en cada momento, y por tanto es una esfera que entra completamente dentro de las cuestiones políticas sobre las que un gobierno sí puede actuar. El ámbito es social y por tanto ajustable constantemente.

Sin embargo, los guarismos de la pandemia se van aclarando a medida que el tiempo pasa, mientras los de la economía no hacen más que oscurecerse. Con la extensión en el tiempo de las medidas de excepción los números se vuelven más rojos y más preocupantes. Se hace especialmente complicado para aquellas personas que tienen que seguir pagando alquileres o facturas de suministros sin tener ninguna actividad, pero también para aquellas que tienen que devolver créditos: parece que una vez puesto en marcha el reloj de los intereses no hay forma humana de pararlo; hasta que no se liquida toda la deuda los réditos no hacen más que crecer.

En marzo los bancos del Estado español realizaron algunos movimientos para ir sacando préstamos de sus balances, lo que indicaría que los prestatarios ya han empezado a retrasarse en el pago de las cuotas pendientes y en consecuencia está creciendo la cantidad de préstamos morosos, sobre todo entre los formalizados el año pasado y el anterior; los que están prácticamente devueltos es más fácil terminar de pagarlos.

Madrid atiende a lo que los bancos necesitan. Al comienzo del confinamiento el Gobierno español tomó algunas medidas para que las personas pudieran acogerse a una moratoria en los préstamos, pero los requisitos que había que cumplir eran bastante restrictivos. Cuatro eran los criterios que había que acreditar que se cumplen en una situación de confinamiento general. En primer lugar, que el deudor hipotecario esté en situación de desempleo, o en el caso de empresarios o autónomos, que hayan tenido una pérdida sustancial de los ingresos (de al menos el 40%). En segundo lugar, que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no superara los 22.559 euros. Un tercer criterio era que la suma de la cuota hipotecaria y los gastos y suministros básicos no debía ser inferior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. Por último, el deudor debe acreditar una alteración significativa de sus circunstancias económicas por la emergencia sanitaria. Y todo esto para una moratoria en el pago del principal del préstamo.

La moratoria asegura al banco que el cliente pueda seguir teniendo capacidad financiera en el futuro para hacerse cargo de las cuotas pendientes al no hundirle con una montaña de intereses. Además, si ese préstamo no cuenta como moroso, el banco tampoco tiene que dotar una provisión para cubrir la pérdida si finalmente resulta fallido. La moratoria es preferible a la morosidad para ambas partes, pero tal y como lo diseñó el Gobierno, es especialmente interesante para los bancos, que simplemente retrasan el pago de las cuotas pero cobran los intereses sin que tengan que hacer ningún otro esfuerzo adicional.

Las medidas gubernamentales se quedaron tan cortas que a principios de abril, en un comunicado conjunto, las patronales bancarias AEB y CECA señalaron su intención de conceder un aplazamiento de hasta 12 meses en la amortización del capital, aunque no de los intereses, para los clientes con problemas con el pago de la hipoteca de su vivienda principal. Eso sí, el aplazamiento no sería gratuito y los bancos estaban acordando las condiciones para acogerse a esa iniciativa.

En realidad lo que los bancos estaban preparando era una modificación de las condiciones de los préstamos vigentes que se según dieron a entender se formalizaría mediante un nuevo préstamo personal, una modificación de la hipoteca u otra fórmula equivalente. Antes del comunicado de la patronal bancaria, algunas entidades ya habían lanzado iniciativas similares a título individual. En su afán por no dejar pasar ni un euro, la banca buscaba el modo de seguir cargando la mochila con más deudas.

En resumidas cuentas, los bancos están dando facilidades a los deudores para renegociar su créditos, visto que la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez es un alivio momentáneo, pero que a la larga sirve de bien poco. El único alivio es que ahora solo se pagan los intereses pero la deuda se acumula y tiene que ser devuelta en ciertos plazos en cuanto termine el estado de alarma.

Lisboa exige a la banca. Hasta hace bien poco, el Gobierno portugués era la referencia de un gobierno progresista en Europa, y sobre todo en el Estado español pero por alguna razón ha dejado de serlo. Algo incomprensible, puesto que siguen haciendo cosas muy interesantes. A finales de marzo, el jefe del Estado portugués, Marcelo Rebelo de Sousa (centroderecha), declaró que los bancos debían hacer una «gran contribución» a los portugueses por el apoyo que recibieron en la crisis de 2008. Señaló que ahora tenían una buena ocasión de retribuirles, ayudando durante la pandemia. Días después se reunió con los principales bancos del país y tras el encuentro señalo: «Encontré un estado de espíritu de gran movilización para ayudar a la economía portuguesa a hacer frente a un período que va a ser difícil».

Sea por la disposición de la banca –algo que resulta bastante dudoso– o por la voluntad política del Gobierno luso, lo cierto es que el régimen de moratoria portugués no tiene nada que ver con el que se ha aprobado para el resto de la península por parte del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Ya desde el comienzo del estado de alarma, el Ejecutivo socialdemócrata portugués prohibió a los bancos revocar total o parcialmente las líneas de crédito que estuvieran vigentes o los préstamos que los bancos tuviera concedidos. De este modo, el Gobierno obligaba a los bancos a mantener todos sus compromisos con sus clientes. Los bancos no podían unilateralmente dejar a nadie sin crédito.

Asimismo, el Gobierno prorrogó todos los créditos tanto tiempo como durara el estado de emergencia, sin que además se pudieran cambiar los términos del contrato.

En tercer lugar, el Gobierno presidido por António Costa suspendió la obligación de devolver el principal y el pago de intereses de cualquier crédito hasta el final del periodo especial, en principio hasta el 30 de septiembre. De este modo, el plan de pagos se extendería automáticamente por un periodo igual al de la suspensión una vez levantado el estado de alarma.

Con estas tres medidas, el Gobierno de Portugal ha establecido un paréntesis en todas las obligaciones financieras mientras dure la situación excepcional. Ahora no hay que hacer pagos y cuando el periodo especial pase, estos pagos no se acumularán con los que toque hacer entonces, sino que toda la serie se moverá hacia adelante. Es decir, si el régimen de moratoria dura seis meses, esos seis meses se añadirán al tiempo que reste a cada contrato de crédito.

Una solución que prohibe el cobro de intereses mientras dure la emergencia sanitaria. El Gobierno portugués ha optado por dejar sin efecto la regla de que se debe pagar intereses por el dinero tomado en préstamo. Una solución coherente con la naturaleza social de los intereses y que es completamente lógica en una situación en la que la actividad económica está completamente paralizada por decisión gubernamental. Una decisión que solo puede venir de un gobierno de izquierda que no esté hipotecado por la banca.