Frente a quienes quieren la ley del talión, derechos humanos

Pero, entonces, si había cumplido las tres cuartas partes y tenía antecedentes de intentos de suicidio, si los responsables de las cárceles eran conscientes de esto y de ahí el traslado a Martutene, ¿por qué estaba aún Igor González Sola en prisión?». Es lo que se preguntará cualquier persona desprejuiciada y preocupada por los derechos humanos de todas las personas. Es decir, cualquier persona que defienda esos derechos, esté de acuerdo con la víctima o no, esté esta en la cárcel o no. En concreto, la muerte de un preso siempre es una cuestión de derechos humanos.

Por un lado, se preguntará por qué no se cumplió la ley, sin más. Por otro, verá extraño que el Gobierno de PSOE y UP asuma tal riesgo. Un preso que era militante de ETA, muerto en su celda, en 2020. ¿Por qué asumir la carga inmoral de que un prisionero muera bajo su responsabilidad, pudiendo hacer que no pase? Obsesionados como están por el relato, ¿por qué actuar tan mal? Es decir, se preguntará por la dimensión jurídica de esta muerte y por su contenido ético y político.

Un dolor que no da licencia para todo

Buscando un poco se puede encontrar una respuesta plausible y sencilla a una inmoralidad tan evidente y a semejante falta de inteligencia. Responde a partes iguales a inercias pasadas y a intereses presentes.

El pasado 3 de julio, el día que se anunciaba el traslado de Igor González desde Soria a Donostia, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) demandaba «explicaciones» al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Querían saber «el motivo del traslado». Señalaban que se trataba del primer movimiento «a una cárcel del País Vasco desde que el Gobierno de Pedro Sánchez inició su propia política penitenciaria». La presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, recordaba que «desde junio de 2018 hasta ahora, todos los traslados de presos de ETA por política penitenciaria se habían producido a cárceles que no se encontraban en el País Vasco», algo que valoraban positivamente. «Como este traslado no obedece a este patrón, pedimos al ministro que nos aclare el motivo por el cual se ha trasladado a Igor González Sola a San Sebastián», sentenciaban.

En perspectiva, la respuesta debía haber sido algo así como «porque no nos atrevemos a liberarlo, que es lo que habría que hacer en base a la ley y a los derechos humanos; por vuestra presión y por nuestra falta de honestidad». Porque en el Estado español, en lo referente a presos y presas políticas vascas, la política penitenciaria o incluso la aplicación de la ley está sujeta al control y veto de algunas organizaciones de víctimas. Si no fuese así, lo denunciarían en los juzgados, no ante la prensa.

En esa misma nota, justifican sus demandas haciendo referencia al estado de derecho. Pero del Rule of Law, creado precisamente para que prevalezca la justicia sobre la revancha, solo adoptan las partes que les interesan. Por supuesto, en el caso de los presos y sus derechos, ponen condiciones que no contempla la ley.

Entrando en política, acusan al PNV de compartir agenda con la izquierda abertzale y a estos de sacar «rédito político culpando al Estado y a las víctimas» de la política penitenciaria. ¿Defenderían eso mismo ayer? Pero van mucho más allá. En el contexto de la toma de posesión del lehendakari Urkullu, resulta oportuno ver que Covite pretende que no se cumpla Estatuto de Gernika en lo que se refiere a la competencia de prisiones. Ahora, el pacto entre PNV y PSE defiende de manera tibia el cumplimiento de la ley y reclama una transferencia retenida durante más de cuarenta años. Arrogarse la misión de que ese acuerdo no fructifique no tiene que ver con la memoria, sino con la estrategia política.

¿Qué hubiesen dicho si se hubiese tomado la decisión lógica y legal en el caso de Igor González, la que podía haber salvado su vida, que no era otra que liberarlo? Estas organizaciones no buscan verdad, justicia y reparación, sino la ley del talión. Afirman que han perdido políticamente y creen que solo pueden ganar reproduciendo ese conflicto en las cárceles. La presión por parte de las organizaciones satélite de la derecha española, junto con el ventajismo que ofrece la impunidad en los casos de guerra sucia y torturas, mantienen la política penitenciaria en parámetros de venganza, ajena a los derechos humanos y a la voluntad de la mayoría social vasca. Esa voluntad se debe concretar en la máxima y en el compromiso de que Igor González Sola sea el último muerto de este conflicto en prisión.