El antisemitismo es racismo y el antisionismo es anticolonialismo

Las personas abajo firmantes, pertenecientes al ámbito académico, artístico y periodístico de diversos países de habla hispana y portuguesa, exponemos en este escrito nuestro desacuerdo con la predisposición creciente de diversos gobiernos y organismos a adoptar la definición de antisemitismo lanzada en 2016 por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), con las consecuencias legales que de ello se derivan. Entendemos que dicha definición tiene un sesgo que busca criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino –como acertadamente ha explicado el manifiesto de intelectuales árabes publicado en diciembre de 2020– y contribuye además a reforzar el antisemitismo que dice querer combatir, así como otras formas de racismo y exclusión.

Si bien la IHRA afirma que «las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitismo», en la práctica incluye entre lo que considera «ejemplos contemporáneos de antisemitismo» algunos que señalan, de forma evidente, las posturas críticas con el sionismo y el Estado de Israel. Así, considera que es antisemita «denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista», «establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis» o «aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático».

De entrada, hay que cuestionar la identificación que realiza la IHRA entre Israel y el conjunto de los judíos. En primer lugar, porque la mayoría de los judíos del mundo no son israelíes, sino ciudadanos de sus respectivos países. Y en segundo lugar porque el sionismo (la ideología nacionalista que llevó a la creación del Estado de Israel como estado étnico judío) no es más que una opción política entre otras, que ha tenido entre sus mayores críticos a personas que también se reconocen como judías. Identificar a Israel con el conjunto de los judíos implica hacer corresponsables a estos últimos de las políticas israelíes, es decir, de su discriminación estructural hacia los palestinos, su constante violación de los derechos humanos y su vulneración sistemática del derecho internacional. Parece, cuando menos, una extraña manera de combatir el antisemitismo.

La idea de «derecho de autodeterminación de los judíos» es una formulación ideológica propia del movimiento sionista, y por tanto legítimamente criticable como cualquier otra opción política. Sobre todo cuando su implicación práctica no es sino el «derecho» a colonizar el territorio de Palestina, privando a su población nativa, a su vez, del derecho a existir y tener derechos en su propia tierra. El proyecto sionista, como todos los demás «derechos» coloniales, se sustenta en un relato que legitima la superioridad moral y civilizacional de los colonizadores sobre los colonizados. Lo que no puede ser calificado sino de racista, si entendemos el racismo como la naturalización de una relación de opresión y desigualdad en función de características étnicas, nacionales, religiosas y/o culturales.

No es irrazonable establecer analogías y comparaciones entre el nazismo y otras experiencias históricas de jerarquización, exclusión y aniquilación (simbólica y/o física) de poblaciones por motivos raciales. Al contrario, tratar el antisemitismo y sus terribles consecuencias como una excepción histórica, desligada de otras lógicas racistas, implica renunciar a extraer las lecciones que de él se derivan y contribuye a reproducir dichas lógicas. Lo acertado o no de las comparaciones en todo caso puede ser objeto de discusión, pero no de criminalización y censura.

Por último, afirmar que las críticas a Israel tienen «un doble rasero» porque se pide a este Estado un comportamiento «no exigido a ningún otro país democrático» es un argumento habitual para criminalizar la solidaridad con Palestina, y especialmente, desde hace unos años, la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). En este punto, precisamente resulta problemática la consideración de Israel como «Estado democrático» cuando una gran parte de las personas que se encuentran de facto bajo su jurisdicción tienen derechos de ciudadanía limitados o carecen de ellos. Las iniciativas de solidaridad con Palestina responden a una situación de injusticia específica en un lugar concreto, pero los principios de defensa de los derechos humanos que sostienen son válidos para cualquier lugar del mundo.

En consecuencia con todo lo anterior, instamos a las instituciones y a la sociedad civil a posicionarse inequívoca y contundentemente contra el antisemitismo, teniendo en cuenta su vecindad estructural con otras formas de racismo y supremacismo etnocultural como el colonialismo, la islamofobia o la xenofobia. Y en consonancia, pedimos a las instituciones y a la sociedad civil que se desmarquen de la instrumentalización política del antisemitismo en favor de los intereses de Israel y trabajen activamente por una solución al conflicto palestino-israelí basado en el cumplimiento de la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos, la denuncia del racismo y la igualdad entre todos los actuales habitantes de la Palestina histórica.

(*)Firman este texto 326 personalidades (lista completa disponible en NAIZ).