Canarias, un lugar privado de derechos para los inmigrantes

La Oficina del Defensor del Pueblo del Estado español ha advertido en su informe sobre la crisis migratoria de Canarias que las islas y las zonas costeras del sur de Europa «no pueden convertirse en lugares de privación de derechos» para inmigrantes, tras constatar que los solicitantes de asilo sufren restricciones a su libre circulación y que los centros de acogida se convierten en lugares donde esperan «sine die» a que los deporten, en condiciones muchas veces insalubres.

El defensor del pueblo del Estado español, Francisco Fernández Marugán, ha rechazado en su informe sobre la crisis migratoria de Canarias las deficiencias en la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo y advierte de que «no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación derechos» con el argumento de «evitar el efecto llamada».

Fernández Marugán subraya las restricciones a la libre circulación que sufren solicitantes de asilo e inmigrantes con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto del Estado desde las islas, pero en su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos.

En general, en Canarias la Policía hace creer a los inmigrantes que no pueden salir de las islas si no notifican que cuentan con un domicilio en la península», pese a que el Tribunal Supremo ha establecido que un solicitante de asilo tiene libertad para circular por todo el territorio español.

«El sistema de acogida en Canarias, tanto de personas en situación irregular que por distintos motivos no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atenderlas en centros residenciales adecuados», expone el Defensor del Pueblo en su análisis.

Por ello, cree imprescindible que «sin más demora» se exploren fórmulas como la de confirmar por escrito a los extranjeros que todavía no pueden ser expulsados que su orden de retorno no se ejecutará temporalmente, para ayudar a que salgan «de las situaciones de precariedad y marginalidad en la que con frecuencia se encuentran» y gestionar «con racionalidad» la red de acogida, sin convertirla «en campamentos donde los ciudadanos extranjeros esperen sine die» a que los deporten. El problema, relata, no está solo en la llegada masiva de inmigrantes durante 2020, año que es el segundo más alto de la serie histórica en las islas, con 23.023 personas. La reactivación de la denominada «ruta atlántica» sorprendió al Estado español con solo 78 plazas de acogida en Canarias. Fernández Marugán describe cómo «ha colapsado la capacidad de acogida» en unas circunstancias nuevas como las que imponía la pandemia, pero también examina las actuaciones de muchos de los actores implicados: las administraciones a las ONG, pasando por la Policía o los abogados.

Hacinamiento, desinformación, desasistencia y retención indebida

Los inspectores de la Oficina del Defensor del Pueblo que visitaron el campamento de Arguineguín se encontraron a personas sometidas a «una situación de total hacinamiento, lo que impedía el cumplimiento de las más mínimas normas de distanciamiento social que exige la situación de alerta sanitaria», sin tiendas o carpas para que todos durmieran a cubierto o tuvieran sombra, con ropa sucia e inadecuada y bajo un régimen de comidas que exclusivamente consistía en bocadillos y agua. Varias decenas padecían covid. Además, se superaron de forma reiterada las 72 horas que la ley estipula como límite al tiempo de detención. Algunos llevaban allí 13 días. Se impidió durante meses el paso a los abogados y cuando se les permitió acceder, no dispusieron de condiciones mínimas para entrevistarse a solas con sus clientes. Es más, algunos policías pedían a los letrados que los atendieran en grupo. En El Hierro los inmigrantes encadenaban una cuarentena tras otra al compartir espacio grupos que llegaban en diferentes momentos. Llamó la atención que aunque 3.200 personas pasaron por el centro del sur de Tenerife, no se registró ni una sola solicitud de asilo. O no se les informó de su derecho a pedirla o recibieron largas y evasivas. Además, es deficiente la detección de los menores y el trato que se les dispensa. Un intérprete les llegó a indicar que no debían declararse menores de edad.GARA