La precariedad avanza rápido y sobre ruedas

El Juzgado de lo Social de Bilbo inicia este viernes la vista de la denuncia interpuesta por 285 riders, asesorados por el sindicato LAB y la plataforma Riders x Derechos, contra las prácticas de la firma de servicio bajo demanda Glovo, cuya presencia en nuestras ciudades está creciendo a gran velocidad, tanta como a la que se ven obligadas a transportar sus pedidos esas casi trescientas personas que han dicho «basta». Lo han hecho para poner fin a una práctica abusiva y alentadas por el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de la existencia de una relación laboral entre ambas partes, en un fallo que pone de manifiesto que esa plataforma digital no es mera intermediaria en la contratación de trabajos entre comercios y repartidores, sino una empresa que presta servicios de recadería fijando las condiciones esenciales para ello.

En este sentido, sostener, como hacen esta y otras compañías del sector, que su función es de simple mediación, resulta tan obsceno como el sistema del que se valen, que se basa en algoritmos de funcionamiento opaco y se parece más a la ley de la jungla que al que debería regir en una sociedad avanzada. Un modelo donde se puntúa el trabajo a destajo y con el que se empuja a trabajadores y trabajadoras a rebajar hasta el límite sus derechos, entre ellos el del descanso, para seguir en la rueda de las contrataciones.

El fenómeno del delivery, que en muchos casos ha ido de la mano, y no por casualidad, de la implantación de franquicias y multinacionales hosteleras, dice también mucho de los modelos de consumo que se están afianzando en nuestra sociedad, e interpela a quienes apenas observan las condiciones en las que trabajan aquellas personas que les entregan sus pedidos. La pandemia ha acelerado tendencias nocivas que venían observándose desde hace tiempo, entre ellas, la vulnerabilidad creciente de una parte sustancial de la clase obrera. Frente a ello, es imprescindible luchar para revertir el avance de la precariedad y dejar claro que no es aceptable hacer negocio a costa de los derechos inherentes a cualquier persona trabajadora.