AI lamenta que la pandemia no haya disuadido a países de aplicar pena de muerte y llevar a cabo ejecuciones

Los «desafíos sin precedentes» generados por la pandemia no evitaron que, en 2020, 18 países aplicaran la pena de muerte y efectuaran ejecuciones, como Egipto, que triplicó su cifra anual de ejecutados frente al año previo, denunció ayer Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual sobre el tema, remarca que, pese a observar una tendencia general hacia su disminución, algunos Estados mantuvieron o aumentaron el número de ejecuciones perpetradas en los meses de crisis sanitaria. Para AI, esto es un «escalofriante desprecio por la vida humana en un momento en el que la atención mundial se centraba en proteger a la gente de un virus mortal».

AI registró al menos 483 ejecuciones en 2020 repartidas en 18 países, el número más bajo contabilizado por la organización en los últimos 10 años.

De hecho, la cifra fue un 26% menor que en 2019, cuando se registraron 657 ejecuciones; y un 70% menos desde el máximo de 1.634 ejecuciones registrado en 2015.

Destaca que bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos reanudó las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años, con 10 en menos de seis meses. India, Omán, Qatar y Taiwán también retomaron esa práctica mientras que AI cree que China siguió siendo el mayor ejecutor mundial.

Agnès Callamard, secretaria general de AI, dijo que «mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la COVID-19, varios Gobiernos mostraron una inquietante determinación a recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa».

Si luchar contra una ejecución «es difícil en los mejores momentos», la pandemia provocó que «muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo tuvieron que exponerse a riesgos considerables para la salud», agregó.