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CRISIS DEL CORONAVIRUS

PNV y PSE dan carpetazo en la Cámara al escándalo de las «vacunas vip»


PNV y PSE, los dos partidos que sostienen el Gobierno de Iñigo Urkullu, sumaron ayer sus votos en la Comisión de Salud del Parlamento para impedir que comparezcan el ex director gerente de Basurto, Eduardo Maiz, y el ex director gerente del Hospital de Santa Marina, José Luis Sabas. El primero fue cesado y el segundo dimitió forzosamente por vacunarse contra el covid-19 cuando no les correspondía.

Las peticiones de comparecencia habían sido formuladas por EH Bildu, PP y Vox. Sin embargo, en lugar de votarse una por una las propuestas de los grupos, se sometió a votación que «no se admitan las propuestas». Así lo indicó el presidente de la comisión, el jeltzale Kerman Orbegozo, que tampoco permitió un debate previo.

Los portavoces de los grupos pudieron tomar la palabra para explicar su posición tras la votación, en la que PNV y PSE impusieron su mayoría. En ese sentido, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera denunció que esos partidos «han cerrado el caso de las vacunas irregulares por la puerta de atrás». «No se ha querido investigar», reprochó.

«Es muy triste», insistió Ubera, antes de añadir que «lo más triste es que todos perdemos, porque se desprestigia la política y se deslegitiman las instituciones». Asimismo, preguntó «si no hay nada que ocultar, si la consejera de Salud y la directora de Osakidetza han dicho la verdad cuando han venido aquí, qué problema hay en escuchar a todas las partes implicadas».

A su juicio, la actitud del PNV y el PSE demuestra que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, es «responsable» de lo ocurrido y que «mintió» al Parlamento.

Cuando saltó el escándalo, a finales de enero, “El Correo” publicó un intercambio de mensajes entre el gerente de Santa Marina y la consejera que ponían de manifiesto que Sagardui sabía desde el 15 de enero que en ese hospital se iba a vacunar «a la totalidad del personal en una jornada», en concreto, el día 19. Sin embargo, la titular del Departamento de Salud negó en el Parlamento que supiera nada.

Ubera recordó ayer que el Gobierno de Lakua debería de ser el más interesado en aclarar lo ocurrido y señaló que hasta que eso no suceda, actuaciones como la vivida ayer en el Parlamento «muestran que la consejera mintió en esta Cámara y que no se ha investigado». «Y la votación de hoy no es ir contra EH Bildu, es cortar el camino de las explicaciones a la ciudadanía», apostilló la parlamentaria independentista, que insistió en que «deben responder a las preguntas ante la ciudadanía».

Una opinión compartida por Jon Hernández, de Ekarrekin Podemos-IU, que defendió la necesidad de «escuchar otras voces respecto a un asunto escandaloso», ya que existen «opiniones contradictorias sobre unos hechos de interés público». «Y lo cierto es que solo hemos podido escuchar una versión, que es la del Departamento», lamentó.

Por su parte, Laura Garrido, del PP, coincidió en que las comparecencias son «imprescindibles» para conocer la gestión del proceso de vacunación. «Creo que con este episodio se ha puesto en juego injustamente la credibilidad de Osakidetza, el buen nombre de Osakidetza», consideró, y recordó que «en contadas ocasiones» se ha denegado alguna comparecencia. «No hay justificación», insistió.

«Todo lo explicable»

Estos grupos, sin embargo, defendieron su voto en contra de las comparecencias o, dicho de otra forma, en defensa de la que protagonizó Sagardui. No en vano, según dijo el portavoz jeltzale Luis Javier Telleria, «todo lo que había que hacer en este asunto se ha hecho». «La consejera ha explicado todo lo explicable», aseveró.

En la misma línea se pronunció Ekain Rico, del PSE, quien destacó que «estamos hablando de unos hechos cuyos responsables recibieron la mayor penalización posible, que fue separarles de sus cargos». «Se han adoptado decisiones y lo que importa a la ciudadanía es que estos hechos no se puedan volver a repetir», valoró al respecto.

Osakidetzako ia bi mila langilek uko egin diote covid-19aren kontrako txertoa jasotzeari

Osakidetzan lan egiten duten 1.893 lagunek uko egin diote covid-19aren aurkako txertoa jasotzeari, eta, beraz, txertatu gabe jarraitzen dute, nahiz eta pertsona zaurgarri ugari artatzen dituzten eremuetan aritzen diren.

Apirilaren 13ko datuak dira horiek, eta bertan ez dira sartzen txertaketari hasieran uko egin zioten eta ondoren txertoa hartu duten langileak, ez eta bigarren dosia baztertu dutenak ere, Lakuako Osasun Sailak Parlamentuari igorritako txostenaren arabera.

EH Bilduk eskatuta, Exekutiboak auzi honen gaineko txostena bidali du Gasteizko Ganberara, eta bertan aipatzen denez, orotara, Osakidetzako langile guztien %4,55ek erabaki dute ez txertatzea, nahiz eta datuek argiki erakusten duten txertoek kutsatze kopurua eta, batez ere, gaixo larrien eta heriotzen kopurua nabarmen murrizten dituztela.

Dokumentu horren arabera, Bilboko Santa Marina Ospitalean dute txertoari uko egin diotenen batez besteko handiena, plantilla osoaren %9,12k ezetz esan baitio botikari, 60 langilek. Uribeko Erakunde Sanitario Integratuan (ESI) %8,02ra heltzen da kopurua, eta zenbaki altuak aurki daitezke, era berean, Basurtun (%7,06), Arabako Errioxako ESIan (%6,7), Gorlizen (%6,63), Galdakaon (%6,43) eta Donostialdeko ESIan: %4,84.

Aldiz, Gurutzetako Ospitalean eta Arabako ESIan langile gutxik erabaki dute txertorik ez hartzea, %0,08k eta %1,68k, hurrenez hurren.I.B.