Pasadas las elecciones de Madrid, ayer se reunió la Comisión Mixta de Transferencias, en la que el ministro español Miquel Iceta y los consejeros de Lakua correspondientes cerraron ayer varias transferencias comprometidas en abril y pendientes de firma. Son la gestión de las tres cárceles de la CAV, el transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa y la gestión del código bibliográfico ISSN. Cuando el 16 de abril se anunció el acuerdo se habló de la posibilidad de que hubiera más transferencias que finalmente no se han producido.

Entre las transferencias sobresale claramente la competencia de la gestión de las prisiones, por su impacto y por afectar a una cuestión muy sensible políticamente. En declaraciones previas a Radio Euskadi Iceta dijo temer las reacciones contrarias y quiso prevenir recordando algo sabido: que en última instancia las decisiones penitenciarias siguen pudiendo ser recurridas ante los jueces y en concreto al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, dependiente de la Audiencia Nacional. En la rueda de prensa también dejó claro que la política penitenciaria la sigue marcando el Gobierno español.

Este traspaso de las cárceles atañe a unas 1.300 personas presas, que son las que están ahora encerradas en Zaballa, Martutene y Basauri. De ellas 37 son miembros de EPPK, tras las repatriaciones (todavía escasas) puestas en marcha por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno español.

Modelo restaurativo

La transferencia de la gestión de las prisiones se materializará realmente tras el verano, concretamente el 1 de octubre. Cuando se anunció el acuerdo entre gobiernos en abril, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, aseguró en esa fecha no se va a producir un simple «cambio de manos» de la gestión de las prisiones, sino que Lakua lo recibe como «una oportunidad para mejorar e incluso cambiar de modelo». Añadió que es una «ocasión para gestionar aprovechando el conocimiento de nuestra realidad social»

Siendo cierto que después de la transferencia el Estado seguirá teniendo en sus manos fijar la legislación penitenciaria y la redacción de los reglamentos, también es cierto que al Gobierno de Lakua le corresponderá su aplicación. Josu Erkoreka recordó que con las mismas leyes los diferentes ejecutivos españoles también han hecho aplicaciones distintas, al igual que Catalunya, que es la única comunidad que tiene la competencia y hace su propia interpretación.

Afirmó que «uno de los indicadores del desarrollo de un país es el trato que da a la población reclusa», y el vicelehendakari anunció un modelo basado en las «tres erres de reeducación, resocialización y reinserción de las personas presas».

Añadió Erkoreka que «asentaremos el nuevo sistema penitenciario vasco sobre las bases de los modelos restaurativos más avanzados. Euskadi tiene un perfil propio de servicio público que, ahora, vamos a aplicar también a las políticas públicas penitenciarias».

El vicelehendakari destacó que los datos avalan la gestión del Gobierno de Lakua en «el ámbito de la justicia juvenil», con las medidas impuestas a los menores infractores. «Año tras año –afirmó– los datos sitúan a Euskadi a la vanguardia en la educación y resocialización de las y los menores que han cometido delitos».

Erkoreka recordó que en la Cámara de Gasteiz hay varios acuerdos sobre la materia y dijo que contarán con las aportaciones que lleguen de los «agentes del tercer sector social».

En las últimas semanas, el Gobierno de Lakua ha fichado al magistrado Jaime Tapia, presidente de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Araba, como asesor para definir este nuevo modelo penitenciario.

Erkoreka y Garamendi califican de éxito sumar cuatro transferencias más de 42 años después

El Foro Social Permanente ha pedido al Gobierno de Lakua «definir un plan de reintegración» para los presos. En un comunicado, valora esa transferencia «como un paso necesario que debería facilitar la aplicación de una política penitenciaria normalizada a las personas condenadas por delitos de motivación política y el fin de las medidas excepcionales aún vigentes». Recuerda que el traspaso es uno de los cinco puntos incluidos en la ‘Agenda urgente de resolución’ que presentó en setiembre de 2018 y que «ha definido nuestra hoja de ruta desde entonces en esta materia».

Como viene afirmando, el Foro Social Permanente entiende que «el cierre de las tres cuestiones pendientes en la primera fase –fin del alejamiento y del primer grado, y transferencia de prisiones– va a permitir, a su vez, cerrar la mayoría de los cinco puntos de la ‘Agenda urgente de resolución’». Además, «permitirá constatar una voluntad política plena que genere un clima de confianza suficiente para poder encarar la segunda fase del itinerario, es decir, la resolución definitiva a esta cuestión».

Apunta que «existe consenso institucional y político suficiente en este horizonte» y considera que «toca ahora un plan de reintegración que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, permita el acompañamiento a las personas presas en su itinerario individual de reintegración: tercer grado y posterior reintegración social».

Por último, el Foro Social reitera su compromiso de «seguir aportando diagnósticos, compartiendo experiencias, proponiendo recomendaciones y ejerciendo las necesarias tareas discretas de facilitación para construir los nuevos consensos que nos permitan afrontar la segunda fase y encontrar soluciones innovadoras también a estas dos cuestiones».GARA