Bolivia acusa a Macri de enviar material para la represión de 2019

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió ayer perdón a su homólogo de Bolivia, Luis Arce, por el apoyo dado por el Gobierno de Mauricio Macri a la represión que siguió al golpe contra Evo Morales que dejó varias decenas de muertos con el envío de «munición letal». El canciller boliviano, Rogelio Mayta, difundió una carta del general Gonzalo Terceros al embajador argentino, Normando Álvarez, en la que agradece la «colaboración prestada».

El Ministerio de Seguridad de Argentina solicitó ayer «informes» a los jefes de las fuerzas de seguridad del país, después de que el Gobierno de Bolivia denunciara la víspera que la Administración del expresidente Mauricio Macri proporcionó «material bélico» a Jeanine Áñez para reprimir las protestas que siguieron al golpe de Estado de noviembre de 2019 contra Evo Morales, y que se saldaron con más una veintena de muertos en Sacaba y Senkata. El mandatario argentino, Alberto Fernández, pidió perdón a su homólogo boliviano, Luis Arce.

Según la agencia Télam, que citó fuentes oficiales, la titular de Seguridad, Sabina Frederic, pidió a la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que inicien «de forma inmediata» las «actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos» y entreguen un informe en 72 horas.

Su objetivo es conocer exactamente qué cantidad y qué tipo de material se podría haber enviado a Bolivia después de que el ministro de Exteriores de ese país, Rogelio Mayta, denunciara el jueves que el Gobierno de Macri envió armas que se usaron durante las protestas de 2019.

Mayta reveló una carta del jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, Jorge Gonzalo Terceros, al embajador de Argentina, Normando Álvarez, en la que agradece «la colaboración prestada» en el marco del respaldo internacional «debido a la situación conflictiva que vive Bolivia».

«Agentes químicos»

La carta enumera el «material bélico de agentes químicos» que fue recibido y cita, entre otros, 40.000 cartuchos y cerca de 150 granadas de gas.

Según Mayta, después de que llegara este material a Bolivia, «se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata». Más de 25 personas fallecieron durante la represión de las protestas a favor del expresidente Morales en estas dos localidades, ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente, mientras que más de un centenar resultaron heridas. En un informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya calificó la represión en ambas ciudades de «masacres».

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó la salida de este material y remitió una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la que expresó su «dolor» y «vergüenza» por la «colaboración» entre los Gobiernos de Macri y de la golpista Jeanine Áñez, a los que calificó de «fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Evo Morales».

Según Fernández, la conducta de Macri puede ajustarse a la figura del «partícipe necesario de una sedición».

«Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país», agregó Fernández, quien dijo que la CIDH analiza el caso.

Luis Arce escribió en Twitter que «repudiamos el apoyo» de Macri «al golpe de Estado que vivimos en 2019» y añadió que el envío de «material bélico para reprimir» al pueblo boliviano «contraviene las normas internacionales», al tiempo que ratificó los lazos bilaterales.

El premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel subrayó que el expresidente argentino «merece condena por delitos de lesa humanidad».

Italia confirma 14 cadenas perpetuas a represores del Plan Cóndor

El Tribunal Supremo de Italia confirmó ayer las cadenas perpetuas a 14 represores de Chile y Uruguay acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor, el plan represivo coordinado entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.

Atendiendo la petición de la Fiscalía, revalidó la sentencia de julio de 2019 contra 24 represores, aunque la lista de imputados ha disminuido tras la muerte de siete de ellos, y puso punto y final a un proceso de 22 años, de alto valor simbólico ya que todos salvo uno fueron condenados en rebeldía.

Entre ellos está el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 74 años, el único que se personó en el juicio al vivir en Italia tras escapar de la justicia de su país en 2007.

En la última vista se pidió esclarecer la situación de tres peruanos, entre ellos el expresidente Francisco Morales Bermúdez, cuyo caso se verá en otro proceso, y se constató la muerte de otros tres imputados –del total de siete–. Por eso, el Supremo solo se pronunció sobre el caso de once represores uruguayos y tres chilenos, todos «in absentia« salvo Troccoli.

Todos ellos están condenados o imputados por la desaparición de una veintena de italo-latinoamericanos, activistas de izquierdas y disidentes, en el marco del Plan Cóndor.

La idea de procesar a los represores latinoamericanos en Italia surgió en 1998, tras la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.

En un primer momento los imputados eran 146, si bien la muerte de muchos, ya ancianos, y la negativa de Argentina de procesar a los de ese país, acabó diezmando la lista.GARA