18 AOûT 2021 Toque judicial a Marlaska por la expulsión de menores de Ceuta Un día después de que un juzgado de Ceuta paralizara cautelarmente la expulsión a Marruecos de menores no acompañados, la Audiencia Nacional española dio otro tirón de orejas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al fijar un plazo de 24 horas para que confirme si dio la orden de llevar a cabo ese operativo y remita esa comunicación. Interior y las autoridades ceutíes han hecho un frente común en defensa de la devolución de los menores. GARA madrid La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional española pidió ayer al Ministerio del Interior que remita en un plazo de 24 horas –hasta esta mañana– el oficio del 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos. Esta petición de información se suma a la ya solicitada por un juzgado ceutí que ha paralizado las devoluciones al menos hasta mañana a la espera de que se aporte la documentación que valide la forma en la que se están ejecutando y si esta se acomodan o no a la legislación española. Los magistrados actuaron tras el recurso presentado el lunes por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado para que se paralice la deportación de los menores por vulneración de derechos fundamentales al asegurar que la actuación de Interior no siguió los protocolos y el tratamiento individual que exige el tratado hispano-marroquí. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo ayer estar tranquilo y señaló que las expulsiones ordenadas por su Ministerio «son retornos asistidos, siempre en beneficio del menor», conforme al acuerdo firmado en 2007 por Marruecos y el Estado español para «la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado», que, dijo, avala las devoluciones. El oficio remitido por Interior no convenció a la Fiscalía de Ceuta, que el domingo avaló la suspensión de las repatriaciones y que subrayó que en la operación desarrollada por Interior «solo consta como fundamentación jurídica de la misma un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin firma». El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), hizo frente común con Interior en defensa de las expulsiones de los menores e insistió en que la prioridad de la medida es «proteger sus intereses» y que se aplica a niños que a veces están en una «situación infrahumana». Las ONG han recalcado que las devoluciones de entre 45 y 60 niños desde el 13 de agosto son «ilegales» y han denunciado que vulneran «sistemáticamente» los derechos de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad.