Luz verde al plan que liga pensiones al IPC e incentiva trabajar más años

El Consejo de Ministros español dio ayer luz verde al proyecto de reforma de las pensiones que contempla volver a vincularlas al IPC y busca retrasar la edad de jubilación con incentivos monetarios. Este primer paquete de la reforma, rechazado por los pensionistas vascos, ELA y LAB, se acordó en julio con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO.

El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó ayer el proyecto de ley con el primer bloque de medidas para reformar el sistema de pensiones, reforma pactada con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme.

En la rueda de prensa posterior, la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, indicó que con este proyecto de ley se da «cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo», se recupera el acuerdo con los agentes sociales y se cumple con el Plan de Recuperación pospandemia.

El proyecto no cuenta con el respaldo de la mayoría sindical vasca ni de las plataformas de pensionistas de Hego Euskal Herria, como se hizo patente de nuevo el lunes en Bilbo, donde el rechazo a las medidas aprobadas hoy se vio reforzado con la presencia de otras asociaciones de jubilados del Estado.

El Gobierno de PSOE-UP confía en que esta ley entre en vigor «antes de fin de año», ya que se basa en unas recomendaciones que fueron redactadas por «la mayoría de los grupos políticos», resaltó Rodríguez.

Esta normativa volverá a vincular la revalorización de las pensiones a la inflación, una actualización que «quedó en suspenso con la reforma de 2013», que fue aprobada unilateralmente por el Gobierno del PP.

Según detalló Rodríguez, las pensiones subirán en función de la inflación del año anterior. En caso de que se haya registrado un IPC negativo, «se mantendrán» las cuantías del ejercicio precedente.

La norma deroga también el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013 y da un margen para negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que todavía no ha sido definido por el Ejecutivo, que se ha dado un plazo para acordarlo en el marco del Diálogo Social.

Este punto cosecha las críticas de ELA y LAB, al considerar que se trata simplemente de un cambio de nombre para seguir profundizando en los recortes. Ya en julio, al conocerse el acuerdo, Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, dijo que se trata de «un cheque en blanco al Gobierno para adoptar nuevas medidas en elementos como la edad de jubilación o el cálculo de las nuevas pensiones».

Retrasar la edad de jubilación

Y precisamente la nueva norma introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Entre esas medidas, se establece un cheque de hasta 12.000 euros o un 4% de pensión adicional de por vida, la eliminación de excepciones en las cláusulas de jubilación forzosas o la mejora y flexibilización de coeficientes reductoras en las jubilaciones anticipadas, tal y como ha dicho la portavoz del Ejecutivo.

Frente a ese propósito de alargar la vida laboral, LAB destacaba que «lo que necesitamos es adelantar la edad de jubilación y facilitar el acceso al empleo de la juventud», por lo que consideraba que el objetivo «deber ser repartir el trabajo y garantizar la vida digna».

El proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros inicia ahora su tramitación en las Cortes. Mientras, el Gobierno español, UGT, CCOO y las patronales continuarán negociando el desarrollo de algunos puntos del acuerdo firmado el 1 de julio.

Uno de ellos es el mecanismo de equidad intergeneracional, que debe estar pactado durante el otoño con una fórmula «bien distinta de la que tenía el derogado factor de sostenibilidad», según indicaron ayer CCOO y UGT. Recordaron que queda por concretar la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo para mejorar su protección y establecer una cotización más justa, así como el incremento de las pensiones mínimas y de las bases máximas de cotización.