El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) decidió ayer parar el procedimiento de extradición del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «sine die por prejudicialidad» y mantiene la inmunidad en todos los estados de la UE mientras continúa el procedimiento judicial.

En concreto, para cerrar la decisión que los magistrados debían tomar ayer, deben resolverse antes la demanda de fondo de inmunidad ante el Tribunal General de la UE y la pregunta prejudicial realizada por el juez del Tribunal Supremo español que instruye la causa del 1-O, Pablo Llarena. «La Corte de Apelación de Sassari ha decidido suspender la decisión hasta que la Corte Europea de Justicia resuelva antes dos cuestiones: la relativa a la inmunidad del presidente Puigdemont y la relativa a la competencia del juez español de emitir un procedimiento como el que ha emitido», explicó el abogado de Puigdemont en Italia, Agostinangelo Marras, al término de la vista y ante los medios que esperaban frente al Tribunal.

Preguntado sobre los tiempos, el letrado apuntó que no puede ofrecer fechas concretas de cuánto podrá prolongarse esta espera y matizó que la causa no está archivada, sino solo suspendida.

Durante la declaración, Llarena emitió una providencia para informar al Tribunal de Apelación de Sassari que las órdenes de detención y entrega (OEDE) contra los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí siguen vigentes, por lo que reclamó su extradición al conocer por medios de comunicación que viajaron a Cerdeña para acompañar al expresident.

A la salida del Tribunal, y tras más de dos horas de declaración, Puigdemont aseguró estar «molto contento». «De una sala de audiencia que lleva este nombre [Giovanni Falcone] solo podía salir una decisión justa. Esta tarde podré seguir el pleno del Parlamento Europeo de manera telemática desde l’Alguer, porque la Justicia sarda ha suspendido el procedimiento de extradición», escribió en su cuenta de Twitter.

Puigdemont salió a las 15.05 del edificio, donde entró poco antes de las 11.00, y saludó a las personas que se habían concentrado para mostrarle su apoyo al grito de «Independencia» y «Libertad». El president catalán, que acudió acompañado de su abogado, Gonzalo Boye, saludó a los exconsellers Comín y Ponsatí y estuvo rodeado de personas de su confianza como el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y su amigo Jami Matamala. También estuvieron presentes la diputada de la CUP Dolors Sabater y el secretario general de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez. También un grupo de independentistas sardos se concentró ante el Tribunal para mostrarle su apoyo.

Antes de la llegada de Puigdemont entró en el edificio judicial la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, en representación del partido, que pidió personarse en la causa. «Entendemos que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales como acusación popular y creemos que tenemos que estar aquí personados para defender la unidad de España y la soberanía nacional», señaló Castro.

«¿Me secuestrarán?»

Tanto el president como su abogado Boye, acompañados de Alay y Marras, comparecieron horas después para, más reposadamente, ofrecer su valoración respecto a lo ocurrido desde que fuera arrestado el 23 de setiembre nada más pisar Cerdeña hasta la jornada de ayer, cuando la Justicia sarda decidió paralizar el proceso de extradición pese a la intentona española.

Ante los medios, Puigdemont recordó que los líderes de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Pablo Casado, respectivamente, «han hecho promesas políticas de que me extraditarán», por lo que se dirigió a ellos para advertirles de que «las dos únicas maneras» de cumplir esas promesas pasarían por incumplir la ley. Una vía, dijo, sería «intervenir como políticos en decisiones que pertenecen al poder judicial», lo cual sería «feo»; y la otra sería «más peligrosa» porque implicaría volver a los tiempos en que «desde el Estado español se financió la guerra criminal contra ETA».

Y les preguntó: «¿Qué harán? ¿Me secuestrarán, como en la época en que el Estado español estuvo involucrado en la guerra sucia del GAL?».

«Casado y Sánchez solo tienen estas dos vías para cumplir su promesa electoral, y las dos los dejan fuera de la UE», insistió Puigdemont, que denunció que «PP y PSOE comparten el mismo compromiso».

Ante ello, el president exiliado exigió «autocrítica» al Estado español por la vía judicial emprendida para intentar conseguir su extradición. «Es momento de decirle a España, basta. ¡Basta! Basta de seguir un camino que no le da ha dado ningún resultado positivo, un camino que dificulta una resolución política de un conflicto político, el conflicto entre Catalunya y España, que consiste en negar a los catalanes el derecho a decidir su futuro, a ejercer el derecho a la autodeterminación», sostuvo.

«Derecho de la Unión»

Por su parte, Gonzalo Boye subrayó que la decisión del Tribunal de Apelación de Sassari de suspender la causa sobre la posible entrega demuestra que «ha primado el derecho de la Unión y no la intencionalidad política de quien la redacta». Y añadió: «Es tremendamente importante el que tengamos claro que la resolución de hoy [por ayer] es lo que se espera de una resolución judicial europea».

Valoró que el tema de la inmunidad y la pregunta prejudicial del juez Llarena «han de resolverse con carácter previo para saber si quien emite la orden de detención siquiera es competente para hacerlo». Por eso no se entró al fondo del asunto en la sesión de ayer, según apuntó.

«Llegaremos siempre al mismo lugar: la euroorden es inviable, sea en Bélgica o en Italia», manifestó el letrado.

Comín: «El juez Llarena ha informado a las autoridades italianas de algo que ya conocen»

El exmiembro del Govern Toni Comín afirmó ayer que ni él ni Clara Ponsatí, sobre quienes pesa una euroorden del Tribunal Supremo y que viajaron a Cerdeña a mostrar su apoyo a Carles Puigdemont, serían arrestados por las autoridades italianas, a pesar de que «así lo quiera» el juez español Pablo Llarena.

El magistrado del Tribunal Supremo, que instruye la causa contra Puigdemont, pidió al tribunal sardo que ejecutara la euroorden contra los eurodiputados. «Como mínimo es pintoresco que el juez Llarena haya informado al juez italiano del hecho de que nosotros estamos en territorio italiano, porque es un hecho sabido por las autoridades italianas que nosotros estamos aquí. Les está informando de un dato que ya conocen, pero sobre todo es un poco extravagante pedir la detención de dos personas, en este caso cuando el Gobierno italiano ha decidido suspender los defectos de la orden de detención en Italia», dijo Comín.

«El Gobierno italiano ha decidido hace pocos días que, si nosotros veníamos a Italia, no íbamos a ser detenidos. Y a pesar de esto, el juez Llarena manda un oficio pidiendo a las autoridades italianas nuestra detención. Le estás pidiendo a las autoridades italianas que detengan a unas personas sobre las que las autoridades ya han hecho saber al Tribunal Supremo que no las piensan detener», añadió.

Según confirmó ayer Ponsatí, la Policía transalpina la identificó la madrugada del pasado domingo en el hotel donde se encontraba. Comín, por su parte, fue identificado a su llegada al aeropuerto. GARA