La Fiscalía de la AN considera que ETA no ha desaparecido

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional española «ETA no ha desaparecido», por lo que no hay ningún motivo para cesar en su persecución. Así lo manifestó ayer en la exposición de las conclusiones en el juicio por el sumario 13/13, en el que mantuvo la petición de penas de entre siete y 19 años por hechos de hace más de una década.

«Si el cartel de Sinaloa dice que deja de traficar con drogas, no vamos a dejar de perseguirlo», destacó el fiscal de la Audiencia Nacional española José Perals durante la exposición de sus conclusiones en el juicio por el sumario 13/13. Fue una expresión para subrayar que considera que «ETA no ha desaparecido, solo ha dejado de cometer crímenes».

Estas palabras las pronunció para justificar la decisión de mantener la petición de penas de hasta diecinueve años a seis de los acusados en el procedimiento, del que se excluyó y exculpó a Julen Zelarain. Según su criterio, la disolución de ETA «no es causa legal para que se altere la consideración» de los hechos que se juzgan.

Para ello, reclamó «arrepentimiento, colaboración e identificación de los responsables y de eso aquí no ha ocurrido nada».

Junto a ello, el fiscal destacó que no se ha conculcado ninguno de los derechos de los acusados en este procedimiento. De este modo, defendió la validez de la documentación incautada en el operativo policial como prueba, rechazando la nulidad argumentada por la defensa. En este sentido, señaló que los registros de los despachos se hicieron respetando el secreto profesional como evidencia la presencia de representantes de los colegios de abogados de Bizkaia y Gipuzkoa en los mismos.

El CNI, «tangencial»

Para el fiscal Perals, tampoco hay problema en que no hayan declarado los agentes del CNI que iniciaron las investigaciones que dieron lugar al sumario 13/13. La defensa reclamó también la nulidad del caso por esta circunstancia y presentó un recurso tras la negativa de la agencia de Inteligencia a comparecer en la vista de la Audiencia Nacional.

A juicio de Perals, la intervención del CNI en esta causa fue «tangencial» y estamos ante una actuación habitual de esta agencia, que tiene entre sus atribuciones defender la estabilidad del Estado, por lo que la «lucha contra el terrorismo» entra completamente entre sus funciones. Asimismo, considera que esta intervención no supone una vulneración de los derechos de los enjuiciados.

Más aún. Para el fiscal la declaración ante la sala de los agentes del CNI «no es decisiva en términos de la defensa». En este sentido, recordó que los miembros de la Guardia Civil que comparecieron ante el tribunal relataron que la acción de la agencia de Inteligencia se limitó a facilitar transcripciones de comunicaciones intervenidas y a desencriptar documentos incautados en los registros. Junto a ello, dio credibilidad al testimonio de los agentes de la Guardia Civil que señalaron que los espías no participaron en los registros. «¿Qué iban a preguntar? ¿Si realizaron la desencriptación de los documentos? Ya sabemos que sí. ¿Si participaron en los registros? Ya sabemos que no», añadió.

El fiscal rechazó igualmente el argumento de que varios de los acusados ya han sido juzgados por hechos análogos en las causas contra Herrira y Gestoras-Askatasuna, señalando que se puede cometer un delito de «integración en organización terrorista» tras ser condenado por otro de similares características. En esta ocasión también recurrió a una comparación con el tráfico de drogas para señalar que una persona puede ser juzgada y condenada por varias acciones de narcotráfico.

Tampoco vio Perals justificación al argumento de dilación presentado por la defensa como atenuante, teniendo en cuenta que se están juzgando actos de hace once años. En este sentido, subrayó que esta causa parte de la incautación de 120.000 documentos, «muchos de ellos encriptados, muchos de ellos en euskara» y que el propio sumario tiene 15.000 folios «con una complejidad más que evidente». El fiscal fue más allá y culpó a la defensa de la paralización de la instrucción por su inacción en el procedimiento.

Con estos mimbres, no tuvo problemas para construir el cesto de mantener la acusación de integración en ETA, con la agravante de dirigentes para Arantza Zulueta y Jon Enparantza.

Según el fiscal, entre sus atribuciones estaban, entre otros, la fijación de objetivos, la gestión del cobro del impuesto revolucionario o de zulos. Todo ello, además de coordinar al colectivo de presos. A Saioa Agirre, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi les imputa delitos similares en un grado inferior y de Nerea Redondo destacó que no ha acreditado el origen del dinero que se le incautó.

Julen Zelarain, exculpado

Julen Zelarain fue apartado del procedimiento y exculpado en la sesión de ayer, después de que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares en nombre de la AVT y de Dignidad y Justicia retirasen las imputaciones en su contra. Perals recurrió al argumento de que no ha quedado acreditada la correspondencia de Zelarain con el alias Ilazki, quien, según el sumario, realizó diversas actuaciones a las órdenes de la dirección de ETA.

El fiscal no hizo referencia al hecho de que Zelarain estaba encarcelado en la prisión de Huelva cuando se produjeron los hechos que le han llevado de nuevo a sentarse en el banquillo de los encausados. Fue condenado por la Audiencia Nacional en 2008 en el marco del sumario Gestoras-Askatasuna.

Tras el anuncio de la Fiscalía y de las acusaciones particulares de que retiraban la imputación contra Zelarain, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, se dirigió a él para comunicarle que no había ningún elemento en su contra, por lo que se le retiraba la condición de imputado y podía abandonar el banquillo de los acusados. Zelarain lo hizo de manera inmediata tras abrazar a sus compañeros.M.D.