La importancia de empezar a dar los debates pendientes sobre el trabajo

Nunca decae del todo, porque es un elemento vital de la actividad humana y del sistema económico, pero en el contexto de la pandemia el trabajo ha vuelto a convertirse en un tema de debate cotidiano. Sin ánimo exhaustivo, la falta de mano de obra en varios países y sectores debido a los bajos salarios, la gestión de los ERTE y el cierre de empresas, la brecha salarial por género, la necesidad de formar y contratar migrantes, las ventajas y los riesgos del teletrabajo, la seguridad laboral, los cambios económicos y culturales que estarían provocando «la gran renuncia al empleo» o la temporalidad en la función pública son temas que generan gran interés y que se recogen habitualmente en la prensa. Hoy mismo, en estas páginas.

Aunque se utilicen nuevos conceptos o se sitúen los conflictos en los últimos sucesos, muchos de estos temas vienen de lejos. Muchos se reducen a la lucha de clases y otros siempre han estado presentes en la economía capitalista y en la socialista. No obstante, si tan de lejos vienen es porque no se les ha encontrado solución eficaz. Quizás convendría enfocarlos desde otros puntos de vista. La pandemia ha demostrado que cosas que se creían imposibles han sucedido sin mayor problema.

Interinidad, fijos y funcionariado

El último informe de Comptos subraya que en la Administración publica en Nafarroa la temporalidad ha subido desde el 38% que estaba en 2015 hasta el 54% actual. En el caso de Osasunbidea, la temporalidad asciende hasta el 60%, pero no solo porque crezcan los contratos temporales, sino porque se han perdido plazas fijas. Esta tendencia ha provocado que la plantilla de la función pública navarra haya envejecido, siendo mayores de 55 años uno de cada tres trabajadores, mientras que solo un 2% son menores de 30 años.

El crecimiento exponencial de la temporalidad en la función pública es consecuencia entre otros factores de las políticas de austeridad, que pusieron como condición el control del empleo público, paralizando cantidad de OPEs. Se maniobró con la tasa de reposición para limitar las plazas. Para cumplir esas condiciones se amortizaron puestos, se subcontrató y en general se precarizó el empleo público. Incluso cuando ha crecido el número de personas que trabajan para la Administración, como señala el mencionado informe.

Todos estos datos contravienen algunos de los prejuicios que se utilizan para enfrentar a trabajadores público y privados. Eso no quita que la función pública requiera un debate serio. Un debate que debería darse desde la perspectiva de los trabajadores y de los servicios públicos que se consideran prioritarios para la sociedad vasca. Partiendo de ahí se podrán hacer mejores políticas públicas y se podrá invertir en recursos eficientes para la vida de las personas y las comunidades. De lo contrario, el debate vendrá condicionado por otros poderes, intereses y presupuestos.

En parte, esto está ocurriendo como consecuencia de la judicialización de la interinidad. Con sus ventajas y sus problemas. Los juzgados están sentenciando que las personas que llevan tanto tiempo en puestos estructurales pasan a ser fijos, pero es evidente que eso no les garantiza la plaza. Los últimos acuerdos en Madrid entre PNV, PSOE y Podemos tienen un sentido parecido. Es una gran regularización de algo que debía ser excepcional y que se ha convertido en estructural. Y que afecta a 72.000 trabajadores en Hego Euskal Herria.

Quizás sería más interesante dar el debate sobre el sistema funcionarial, y no sobre las consecuencias de su degeneración. Bajo un nuevo esquema, el funcionariado se podría reducir a los puestos que tienen la responsabilidad suficiente como para necesitar una independencia casi total del resto de poderes públicos, plazas que deberían ser auditadas pero que no podrían ser controladas políticamente. Con esas premisas mantener el concurso oposición tendría sentido. Para el resto de trabajos, lo normal sería lograr la estabilización masiva, con puestos fijos y promociones internas, dentro de un régimen común y justo. Sin excepcionalidades injustificadas, sin privilegios futuribles ni castigos presentes.

Claro que hay un vicio peligroso al que algunos poderes de la sociedad vasca se han aficionado. Es la necesidad de conocer el resultado de los debates, en concreto qué se perderá y qué se ganará, antes de darlos. Eso implica que no se dan las discusiones necesarias, que se imponen el statu quo y la inercia. Esto sucede con los grandes debates de país, casi sin excepción. Cambiar esa tendencia con el trabajo sería positivo, porque es buen momento y a la gente le va gran parte de la vida en ello.