Lejos de cumplir con los trabajadores y los pueblos

Rozando el límite del plazo dado por Bruselas para reformar las relaciones laborales y poder recibir los fondos europeos, el Gobierno español, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO informaron ayer de que habían alcanzado un acuerdo sobre la reforma laboral. Anunciaron modificaciones concretas, pero para conocer el verdadero alcance del pacto habrá que esperar a leer lo que apruebe el Consejo de Ministros. Y aún faltará el trámite legislativo.

Ayer la retórica dominó sobre el contenido, lo que normalmente suele ser signo de poca sustancia. Y más teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha buscado con ahínco un acuerdo con una patronal que no se caracteriza precisamente por su consideración hacia los derechos de los trabajadores. Todas las partes se mostraron satisfechas y cada una resaltó algún aspecto positivo, lo que deja entrever las debilidades del acuerdo. Así, la patronal resaltó que se mantienen los mecanismos internos de flexibilidad, un eufemismo para referirse a relaciones laborales precarias. Los sindicatos subrayaron que se recupera la ultraactividad de los convenios y la negociación colectiva sectorial, un cambio positivo de un aspecto del que ya estaba renegando hasta la patronal. Por último, el Gobierno puso más énfasis en el acuerdo que en los contenidos, donde subrayó que se incluirán los ERTE en la legislación ordinaria.

Lo que esta reforma no hace es derogar la reforma laboral del 2012. Se trata más bien de un ajuste y una actualización. Desde Euskal Herria resulta muy preocupante que nada se dijera de la desestatalización y descentralización de la negociación colectiva, clave para que las y los trabajadores vascos puedan dignificar sus condiciones y construir un marco propio de relaciones laborales. Pensar que se pueden hacer políticas progresistas sin cumplir la palabra dada ni atender a las demandas de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado es creer que las leyes justas las traerán Papá Noel, Olentzero, Tió o Apalpador.