LA AN ENCIERRA A PRESOS, DESAUTORIZA A PROFESIONALES Y ASOMBRA A JURISTAS

LAS TRABAS CRECIENTES DE LA AUDIENCIA NACIONAL A PERMISOS Y TERCEROS GRADOS NO SOLO DAñAN A PRESOS VASCOS Y PERJUDICAN A SUS FAMILIAS, NO SOLO GENERAN DENUNCIA DE JURISTAS DE TODO TIPO, NO SOLO MOVILIZAN A LA SOCIEDAD VASCA, TAMBIÉN ATACAN AL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES PENITENCIARIOS. TODO ELLO QUEDÓ PATENTE EN UNA MESA REDONDA AYER EN BILBO.

Una semana después del quinto monográfico de Behatokia que ha detallado los obstáculos a la progresión legal de los presos vascos por parte de la Audiencia Nacional, cinco juristas vascos y españoles con mucho conocimiento y práctica en la materia coincidieron ayer en dar la voz de alerta y exigir un cambio de enfoque total. La ley 7/2003 de Aznar es el ojo del huracán.

Onintza Ostolaza, con más de quince años de práctica en la defensa de presos y presas vascas, conoce muy directamente los entresijos de la Audiencia Nacional frente a esta batalla legal. Y en consecuencia sabe que hoy «el Juzgado no analiza los informes de la Junta de Tratamiento que proponen el permiso, sino que deniega las peticiones con autos estereotipados» e introduciendo afirmaciones que no están en la ley.

El otro gran escollo actual, paralelo al anterior, está en la barrera puesta al acceso al tercer grado, que apenas una docena de presos tiene superada en este momento. La competencia de otorgarlos corresponde a las instituciones penitenciarias (bien de Madrid o de la CAV), recordó Ostolaza, pero «el tema se está judicializando a través de los recursos de la Fiscalía. Y aquí ha habido una evolución: al principio no se recurrían estas progresiones y ahora está siendo casi sistemático».

El primer ejemplo, hace medio año: «Cuando se produjo el caso de Unai Fano, nos sorprendió, era un tercer grado propuesto por unanimidad. Después se valoró la veracidad de su posición y si había pedido perdón, cuando el señor Fano no ha producido ninguna víctima. Pero se aceptó el recurso del fiscal y se produjo la regresión. A nivel humano, para una persona con hijas pequeñas, la situación se puede imaginar».

¿Hay un cambio en que ahora la Fiscalía haya recurrido solo uno de los ocho terceros grados aprobados por el Gobierno de Lakua? Ostolaza valoró tanto la contundencia de las juntas de tratamiento como la expresada por el Ejecutivo. «Entiendo que se lo han puesto difícil a la Fiscalía y esperemos que tampoco se acepte el recurso contra Joseba Arregi», deseó.

Solar y Vicente, de dentro

También Puerto Solar tiene un conocimiento muy exhaustivo de la materia y el momento actual, puesto que trabaja en El Dueso (Cantabria) en el área de Tratamiento. Podría decirse que está «al otro lado», o al menos dentro de los muros. Sin embargo, no ve las cosas de modo muy diferente a Ostolaza. Expresó su desazón por «las limitaciones de los condicionantes que ha ido añadiendo el Código Penal poco a poco. Todo empezó con la ley 7/2003, que nos limita muchísimo lo que podemos hacer y no con estos presos. Incluye requisitos muy efectistas pero que plantean muchas dudas; por ejemplo, el de ‘colaboración’ no es efectivo, y el de ‘arrepentimiento’ introduce una cuestión moral que a mí me parece muy dudosa».

«¿Cómo vamos a demostrar eso que pertenece al fuero interno? ¿Tenemos la capacidad moral de hacerlo? ¿No estamos instrumentalizando a las víctimas? ¿Y para qué sirve un tratamiento si es impuesto?», fueron algunas preguntas con enjundia de esta profesional carcelaria. Aboga por cambiar el «arrepentimiento» por la «responsabilización. Es mejor y más efectivo que esa persona se responsabilice de lo que ha hecho».

«Con estos requisitos añadidos se crea una dinámica procedimental diabólica, en que a veces los recursos acaban perjudicando al propio preso», alertó Solar. Y otro efecto es que en muchas ocasiones «estas juntas se acaban plegando a lo que la autoridad judicial ha dicho, aunque no tenga realmente base jurídica. Lo judicial pesa más que lo administrativo».

«Tendríamos que mirar al futuro», concluyó Puerto Solar. Cree que es un ejemplo cómo se ha resuelto el tema del «procés», porque se ha afrontado más mirando al futuro que al pasado, y considera que en ese nuevo enfoque la clave debe ser «la capacidad de repetición» del delito, que en el caso de los presos vascos resulta a todas luces inexistente.

Le cogió el turno de palabra Marta Vicente, responsable de Jueces para la Democracia que dejó estas conclusiones: «La doctrina y el Supremo reafirman que el fin es preparar para la vida en libertad. No se establecen como criterio ni el tipo de delito ni la naturaleza del delito cometido. El arrepentimiento no es un criterio legal para la concesión de permisos. Y la denegación debe basarse en la probabilidad de quebrantamiento, de reiteración delictiva u obstaculización del programa de tratamiento individualizado». Nada menos... ni nada más.

Emilio Olabarria, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial además de diputado del PNV, insistió en lo que apunta el editorial de este quinto monográfico: «Hay una invasión del campo del Derecho Penitenciario por parte del Derecho Penal cuando son cosas entológicamente antitéticas. ¿Dónde queda el aspecto resocializador de la pena si no hay posibilidades de reinserción?».

«Esto dimana de la perversión de la ley 7/2003», consideró Olabarria igual que otros ponentes. Recordó que con ella en la mano no hay posibilidad real de tercer grado hasta los 32 años de cárcel, una locura.

También añadió que en la ley se prevé el «repudio a la violencia» pero no se articula «ninguna fórmula concreta y estandariza para ello», lo que da pie a la arbitrariedad judicial de considerar que las manifestaciones de rechazo no bastan en el caso de estos presos: «Se está aplicando la progresión de grado a personas que han manifestado ese repudio a la violencia y su dolor. Es una anomalía y una vulneración constitucional».

«Y lo que más me sorprende es que se afirme desde el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que esas manifestación de los presos ‘no suponen el abandono de las consignas de la banda’. ¿A qué banda se refiere? Yo no lo sé. Es la ‘fictio iuris’ de que ETA sigue existiendo, una especie de flashback a 2011 o 2018. Me atrevo a afirmar que este JCVP no está contribuyendo a la consecuencia de la paz en Euskadi», concluyó tajante.

Declaraciones

«Con Unai Fano se valoró que no había pedido perdón, cuando él no ha producido ninguna víctima»

ONINTZA OSTOLAZA

Abogada de presos vascos

«Hay que pedir responsabilización en vez de arrepentimiento y mirar al futuro»

PUERTO SOLAR

Junta de Tratamiento de El Dueso

«Arrepentimiento no es un criterio legal para la concesión de permisos»

MARTA VICENTE

Juez

«El Juzgado está en la ‘fictio iuris’ de que ETA sigue existiendo, hay un flashback a 2011 o a 2018»

EMILIO OLABARRIA

Ex vocal del Consejo General del Poder Judicial