Aprobada con apoyo del PSC la ley para blindar la escuela catalana

El acuerdo para blindar la escuela catalana ante los ataques judiciales obtuvo el refrendo del Parlament, con los votos de ERC, JxCat, PSC y Comunes, y el rechazo de las derechas unionistas, pero también de la CUP por oficializar el castellano como lengua vehicular.

El pleno del Parlament aprobó ayer la proposición de ley impulsada por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem que reconoce el «uso curricular y educativo» del castellano y reafirma el catalán como lengua vehicular, sin establecer porcentajes lingüísticos. La aprobación se produjo al día siguiente de que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminase que la ley «no vulnera» ni la Constitución ni el Estatut.

La propuesta logró 102 votos del PSC, independentistas y comunes, frente a los 29 votos en contra de Vox, Ciudadanos, PP y, por otros motivos, la CUP, y una abstención.

La ley da respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impone al menos un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas.

Así, plantea reconocerlo como lengua de «uso curricular» para acatar la sentencia del TSJC sin necesidad de concretar porcentajes de usos lingüísticos, lo que valoró el Consejo de Garantías, que en su dictamen constata que la ley establece «un uso más amplio del castellano en el sistema educativo respecto a las previsiones contenidas en la Ley de Educación de Cataluña y la Ley de Política Lingüística».

Y fija que el catalán es la lengua «normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje», a lo que se acogieron ERC y Junts para defenderla.

El president, Pere Aragonès, defendió un gran acuerdo «de consenso y de país» que, en su opinión, mantiene el catalán como eje vertebrador del modelo lingüístico de la escuela.

Para PSC y CUP supone reconocer por primera vez el castellano como lengua vehicular, lo que motivó el apoyo de unos y el rechazo de otros.

Esther Niubó (PSC) señaló que el castellano va más allá de la asignatura de lengua sin «desafiar» al TSJC.

Desde la CUP, Carles Riera calificó la ley de «chapuza» y de una «claudicación» que, a su juicio, oficializa el castellano como lengua curricular y abre la puerta a su vehicularidad, al bilingüismo y a la segregación escolar, además de imponer un «liberalismo educativo» que debilita al catalán como lengua de cohesión al permitir que los centros determinen un uso diferente del castellano y el catalán.

El diputado de JxCat Francesc Ten subrayó que la ley establece que el uso de las lenguas oficiales debe fijarse solo con criterios pedagógicos en los proyectos de cada centro, pero se abstuvo como gesto simbólico en reconocimiento a Salvador Ribot, activista en huelga de hambre en defensa del catalán en la escuela.

Vox, Cs y PP, que llevarán la ley al Constitucional, atacaron al PSC por «asumir el discurso del independentismo». En Comú Podem pidió aislar la lengua de la confrontación.