La ONU publica un duro informe sobre la represión china en Xinjiang

La responsable de Derechos Humanos ha cumplido su promesa y se despide publicando un informe que da credibilidad a las denuncias sobre la represión sistemática contra los uigures por parte de China. Pekín ha reaccionado airado y ha tratado de negar la mayor con su habitual alusión-excusa en la injerencia occidental.

Minutos antes de que expirara su último día como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet cumplía su promesa y publicaba un informe que da crédito a las denuncias de violaciones masivas de los derechos de la minoría uigur, población musulmana de la región noroccidental de Xinjiang (Turquestán Oriental).

Tras una investigación de tres años, y que ha consistido en entrevistas basadas en entrevistas in situ y en informaciones directas o de segunda mano, la ONU concluye que China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías musulmanas (kazajas...).

El informe, de 50 páginas, no hace suyo el término «genocidio» que utiliza EEUU, pero describe «un esquema de detención arbitraria a gran escala, al menos de 2017 a 2019».

China los presentó como «centros de formación profesional» destinados a «desradicalizar» a sus internos educándolos para un trabajo.

El informe, por contra, cita documentos que asegura proceden de fuentes oficiales y que presentan una serie de razones para justificar el internamiento: tener «demasiados» hijos, llevar el velo o haber sido antes condenado.

Tras el cierre progresivo de esos «centros de reeducación», la ONU asegura que ha habido una evolución hacia «encarcelamientos formales» para mantener presas a miles de personas.

Tortura y violencia sexual

El informe no confirma pero considera «creíbles» las acusaciones de tortura y violencia sexual en esos centros. En la misma línea, el documento asegura que ha entrevistado a mujeres «que fueron forzadas a abortar o a procedimientos de estabilización».

Igualmente, la ONU denuncia una interpretación «extremadamente abusiva y laxa del término extremismo» para criminalizar actividades ligadas a la vida cultural y religiosa. «Cerrar un restaurante en Ramadán o poner a los hijos nombres ‘demasiado’ musulmanes puede tener graves consecuencias», según el informe, que recoge, asimismo, la destrucción de mezquitas y cementerios en Xinjiang, siempre en base a artículos de medios de comunicación. Finalmente, y a pesar de no hacer suya la denuncia de «trabajos forzosos» formulada por EEUU y el Parlamento de la Unión Europea, el informe afirma que ciertos elementos de los programas de empleo en la región «parecen» presentar «elementos de coerción que precisan de clarificación» por parte de Pekín.

Indignación

El informe recoge las alegaciones de China, que sostiene que los internos en los «centros de formación profesional&csMarker; pueden elegir su empleo», que «todas las actividades religiosas normales» son protegidas por la ley, que insiste en que en Xinjiang se habrían aplicado «con laxitud las políticas generales de limitación de nacimiento» y que asegura que «las definiciones de extremismo y terrorismo están claramente especificadas y excluyen toda arbitrariedad».

Irritado por su publicación, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China Wang Wenbin tildó el informe de «amasijo de desinformación e instrumento político al servicio de la estrategia de EEUU y Occidente para utilizar a Xinjiang para obstaculizar el desarrollo de China».

Wenbin no dudó en calificar a la agencia de la ONU de «esbirro y cómplice de EEUU y Occidente para castigar a los países en desarrollo».

Bachelet denunció las presiones de determinados Estados miembros de Naciones Unidas, no solo de China, para dificultar la elaboración del informe crítico sobre China.

La política chilena concedió que «no hay que instrumentalizar cuestiones reales y graves de derechos humanos con fines políticos»y abogó por primar el diálogo, «pero este no debe significar mirar hacia otro lado», insistió.

Reacción agridulce entre los uigures en el exilio

A falta de poder conocer las reacciones de los uigures en el interior, hablan los exiliados. «Esto pone la causa uigur en el tablero internacional», se felicitó Omer Kanat, director ejecutivo del Uyghur Human Rights Proyect. «La ONU reconoce oficialmente que se han cometido crímenes horribles», agregó.

Salih Hudayar, uigur exiliado en EEUU y que milita en la causa independentista, reconoció que el informe, «desgraciadamente, no es todo lo duro que esperábamos».

Los uigures, mayoritarios en Xinjiang hasta la llegada al poder de Mao en 1949, representan hoy el 45% de la población y denuncian su colonización a manos de los han, mayoría en China. Musulmanes, la lucha armada independentista se ha visto solapada por la insurgencia en clave islamista-yihadista, lo que ha servido a Pekín para demonizarla.D.L.