La patronal también quiere imponer de qué se habla

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez por haber subido las bases máximas de cotización de la Seguridad Social un 8,5%, un aumento esperado en un contexto de elevada inflación. Sin embargo, la actualización de las pensiones y la deflactación de la tarifa del IRPF, que también se inscriben en la misma lógica que busca contrarrestar el alza de los precios, no fueron objeto de crítica. No resulta muy coherente censurar la subida que afecta a las cotizaciones a la Seguridad Social pero no decir nada de los cambios en el IRPF. Un ejemplo palpable de la visión estrecha y cortoplacista de los representantes de la patronal que no alcanzan a ver nada que vaya más allá de su interés inmediato.

Señaló, además, que cargar de impuestos a las empresas es un error y auguró que caerán las contrataciones. Asimismo criticó el impuesto de patrimonio porque «castiga a los ahorradores» para terminar explicando que no se puede hablar de ricos y pobres porque radicaliza a la sociedad. Es lógico que como representante de la clase propietaria, pequeña pero muy poderosa, defienda sus intereses frente a cualquier decisión política que pretenda reducir los privilegios de esa clase, pero debería ser consciente de que está defendiendo los intereses de esa clase particular y en ningún caso el interés general ni el bien común. Lo que radicaliza a la sociedad no suele ser que se hable de desigualdades, sino las desigualdades mismas, y estas no han hecho más que ampliarse durante todo este siglo. La creciente concentración de la riqueza en manos de cada vez menos y el empobrecimiento generalizado de los trabajadores es un hecho que se ha agudizado durante el actual periodo de inflación y ese es el principal germen para que los conflictos se radicalicen.

La patronal es libre de defender sus intereses corporativos como mejor le parezca, pero lo que desde luego no puede hacer es imponer los términos en los que se ha de dar el debate público. La desigualdad en la distribución de la riqueza es una realidad que es imprescindible transformar para poder construir una sociedad más justa y equitativa.