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EDITORIALA

Que no se prolongue el despropósito vengativo


El grupo de apoyo a Jaione Jauregi, ‘We love Jaione’, se concentró ayer frente a la la Cámara del Consejo de Gante para denunciar el grave atropello del que es objeto la presa vasca. En prisión preventiva en el Estado español desde hace dos años, ahora se encuentra a la espera de la decisión de ese tribunal sobre la petición presentada por la Justicia española de prorrogar la Orden de Detención Europea, que se dará a conocer previsiblemente el próximo 2 de noviembre. Si fuese favorable a la pretensión española, daría lugar a un nuevo periodo de encarcelamiento que podría alargarse nada menos que por cuatro años, en una utilización torticera de la prisión preventiva.

La petición de la Justicia española persigue prolongar al máximo la situación de cautiverio e indefensión de esta ciudadana vasca ante la imposibilidad de elaborar un sumario propio de un Estado de Derecho, y sustenta la acusación de participar en un atentado hace más de 41 años en testimonios logrados bajo tortura en régimen de incomunicación y sin asistencia de abogados de confianza, un procedimiento que no es novedoso, sino más bien habitual en los procesos contra presas y presos vascos, y que supuso una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español. Ni siquiera existe una línea de investigación, al margen de la declaración de un testigo de los hechos que, precisamente, no reconoció a Jauregi como participante en aquel atentado. Esa insistencia en mantenerla en prisión no tiene que ver con la búsqueda de la justicia, sino con un espíritu de venganza incompatible con el Estado de Derecho, con la prevalencia del castigo a toda costa, incluso contra la evidencia.

No es la primera injusticia flagrante relacionada con las presas y presos vascos, pero no por ello es menos grave y denunciable. Además, actualmente una situación de este tipo, que en otro tiempo el contexto ayudaba a difuminar, que no a justificar, resulta más escandalosa si cabe. El tribunal de Gante debería poner fin al despropósito, a no ser que en el siglo XXI el derecho se inspire en un afán vengativo acorde con valores de épocas antiguas que se suponían superados.