Las ONG no acatarán el decreto de Roma contra barcos humanitarios

Varias ONG que salvan personas en el Mediterráneo Central desafiaron ayer al Gobierno italiano al anunciar que no acatarán el decreto aprobado la víspera, que fija multas y la confiscación de los barcos humanitarios en una vuelta de tuerca en su política para evitar que desembarquen a los rescatados en territorio italiano.

Las alemanas Sea-Eye y Sea-Watch y la italiana Emergency consideran «ilegal» la nueva norma aprobada por el Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni, que ha cambiado su estrategia de «puertos cerrados» por la de «puertos lejanos», ya que al asignar explícitamente lugares distantes para desembarcar, las naves se mantienen alejadas de la zona de rescate el mayor tiempo posible.

Estas ONG consideran que el decreto es «un llamamiento a dejar que la gente se ahogue».

Recuerda que en 2022 casi 1.400 personas han perdido la vida en el Mediterráneo Central, mientras que más de 20.000 han sido devueltas a Libia, donde «desaparecen en circuitos de trata de seres humanos o son trasladadas a centros de detención en condiciones inhumanas, sometidas a malos tratos, abusos y torturas».

Según el decreto, Italia aplicará un régimen de sanciones administrativas, en lugar de penales, y podrá proceder a «la detención administrativa del buque y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar».

Aunque no se ha especificado la cuantía de las multas, medios locales calculan en 50.000 euros la sanción para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario.