La lucha contra el racismo y la protección de los indígenas, reto de las ministras de Lula

Las ministras brasileñas de Igualdad Racial, Anielle Franco, y de Pueblos Originarios, Sônia Guajajara, asumen el cargo con el reto de luchar contra la desigualdad por raza y de cuidar a los pueblos indígenas. Lula da Silva sancionó la ley que equipara injuria racial con racismo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó el miércoles la ley aprobada en diciembre en el Congreso y que equipara la injuria racial colectiva con el racismo, un delito que no permite la fianza y tampoco prescribe, y que puede duplicar las condenas de los implicados.

La ley fue promulgada por Lula durante la toma de posesión de la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, hermana de la activista y concejal carioca Marielle Franco, muerta a tiros el 14 de marzo de 2018. La ministra asumió la cartera, la primera para la defensa de las causas raciales en la historia de Brasil, con la lucha por acabar con las desigualdades y falta de oportunidades por raza como principal reto. En medio de un sentido homenaje a su hermana, denunció que «los negros están subrepresentados en los espacios de poder» y denunció su «estigmatización» y «vulnerabilidad».

También asumió su cargo la titular de los Pueblos Originarios, Sônia Guajajara, quien hizo historia al tomar posesión como la primera ministra indígena del país, en un acto de fuerte simbolismo, en el que prometió «cuidar» a los pueblos indígenas como a sus hijos. Denunció la «crisis humanitaria» que viven «muchos pueblos» indígenas brasileños, agravada durante el mandato de Jair Bolsonaro, al que acusó de promover un «plan genocida». «Estamos en pie para mostrar que no nos vamos a rendir. Nuestra toma de posesión es el más legítimo símbolo de esa resistencia secular indígena», afirmó.

Ambas tenían que haber asumido su cargo el lunes, pero el intento de golpe de Estado del domingo obligó a aplazar el acto.

Peticiones de embargo

La Abogacía General del Estado brasileño solicitó ayer a la Justicia el bloqueo de 6,5 millones de reales (1,3 millones dólares) en activos de 52 personas y 7 empresas que supuestamente financiaron el asalto bolsonarista a los tres poderes en Brasilia. La Fiscalía, por su parte, ha pedido al Supremo que investigue a varios diputados bolsonaristas por «incitar a actos antidemocráticos».

El miércoles nadie acudió a las marchas convocadas por la extrema derecha en las principales ciudades para «retomar el poder», después de que la Justicia advirtiera de que tomaría acciones legales contra quien intentara seguir promoviendo un golpe de Estado.

Lula insistió ayer en que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron conniventes con los bolsonaristas que asaltaron las sedes de los tres poderes y respaldó al ministro de Defensa, José Múcio, tras las críticas recibidas por amplios sectores del PT y afines al Gobierno por supuestamente infravalorar las protestas que acabaron en los asaltos.

Mientras, 46 congresistas demócratas pidieron ayer al Gobierno que se revoque la visa diplomática o permiso que Bolsonaro tenga para estar en EEUU. Y exigen que se investigue cualquier acción que se haya podido tomar en EEUU para ayudar o coordinar los asaltos.