Lakua investiga a los altos cargos que pasaron a la privada irregularmente

Las informaciones de GARA y NAIZ y las preguntas realizadas luego por el parlamentario Josu Estarrona han obligado al Servicio de Registro de Personal a abrir un periodo de información o actuaciones previas para ver si los hechos del paso de una docena de cargos públicos al sector privado sin realizar la obligatoria notificación al Gobierno de Lakua «resultan acreditados».

El Servicio de Registro de Personal del Gobierno de Lakua «ha iniciado las gestiones para abrir un periodo de información o actuaciones previas» sobre si el ex director general de la SPRI Alexander Arriola, el ex director general de Osakidetza Juan Luis Diego Casal y otra decena de altos cargos del Ejecutivo autonómico incumplieron la legalidad, al pasar a empresas del sector privado tras sus ceses sin comunicarlo previamente a la Administración como establece la norma.

El propio Servicio de Registro de Personal reconoce que ha dado este paso «por ser el objeto de solicitudes de información del Parlamento Vasco, sobre las que se ha solicitado informe a este Servicio, y por la amplia difusión que han tenido en los medios de comunicación social».

Es decir, han sido las informaciones publicadas por GARA y NAIZ las que han provocado cierta reacción social y política. Cabe recordar que en la comparecencia de la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, en el Parlamento del 13 de marzo para hablar de los casos de puertas giratorias que destapó este medio al exponer la trayectoria del ex director de la SPRI, varios grupos de la oposición se hicieron eco de la noticia publicada ese mismo día de que «Lakua dejó pasar al sector privado sin permiso a una docena de altos cargos».

Fue el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona quien con esas informaciones formuló varias preguntas a la consejera Olatz Garamendi sobre esos cargos públicos en general y sobre Alexander Arriola y Juan Luis Diego Casal en particular, cuya respuesta llegó ayer a la Cámara, con cierto adelanto sobre el fin de plazo para la contestación, quizá para coincidir con una semana de baja actividad política.

CONTRAVINIERON LA LEY

En sus respuestas, Garamendi anuncia que el Servicio de Registro de Personal, ante las informaciones periodísticas y las iniciativas parlamentarias, ha abierto un «periodo de investigación o actuaciones previas» porque «si estos hechos resultaran acreditados y se hubiera

dado una relación directa entre las empresas en las que trabajan y el desempeño en el cargo en el que cesaron, podría suponer el incumplimiento del régimen material de incompatibilidades».

Se anticipa que estas actuaciones serán de «carácter informativo y reservado para determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación». Por ley, el paso «será notificado a la persona interesada, dándole oportunidad de presentar las aportaciones que considere oportunas».

Es necesario precisar que no solo contraviene la ley el que el cargo público hubiera tenido una relación directa con la empresa que le contrataba», sino que es obligación siempre «durante el periodo de los dos años posteriores al cese», «efectuar declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio».

Esta obligación está recogida en el artículo 18.5 del capítulo III de la Ley Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Público. Y, según el artículo 28.1.b de dicha norma, es una infracción muy grave «el incumplimiento del régimen material de incompatibilidades a que se refiere el capítulo III».

LOS CASOS DE DIEGO Y ARRIOLA

La efectividad del gobierno de Lakua en esta materia ha quedado en entredicho con estas puertas giratorias. Por ejemplo, Juan Luis Diego Casal, hombre de la entera confianza del lehendakari, Iñigo Urkullu, fue cesado el 25 de octubre de 2020 como director general de Osakidetza y en tres meses fue nombrado consejero delegado de Edinor, una filial de Petronor. El Ejecutivo no puede alegar desconocimiento de lo ocurrido porque fue aireado por los medios y EH Bildu preguntó a la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, por lo ocurrido. Y su respuesta fue que al ser también presidenta de la Comisión Ética no podía hablar del tema.

En cuanto a Alexander Arriola, su nombramiento en Alias Robotics apareció en el BORME. Josu Estarrona preguntó si el Servicio no había detectando nada, y éste responde que el artículo 24 no le atribuye «funciones de investigación», sino de «gestión administrativa». Pero el 27, de «comprobación e información», recoge que el Registro de Personal «realizará el seguimiento del cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones de presentación de declaraciones de actividades», «requiriendo su cumplimiento cuando sea necesario».