El Consejo Constitucional rechaza otra solicitud de referéndum

El Consejo Constitucional francés volvió a rechazar una segunda solicitud para abrir la vía del referéndum sobre la contestada reforma de las pensiones del Ejecutivo de Emmanuel Macron. Pese al revés en este órgano, la izquierda y los sindicatos rehúsan pasar página y apuestan por una nueva propuesta parlamentaria y más movilizaciones.

Como se preveía, el Consejo Constitucional francés rechazó una segunda solicitud de referéndum sobre la reforma de las pensiones que la izquierda había presentado in extremis, antes de la promulgación de la cuestionada reforma del Gobierno.

Los nueve miembros del Consejo consideraron que la propuesta de Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) presentada por 253 diputados y senadores (La Francia Insumisa, socialistas, ecologistas y comunistas) no cumplía con los criterios requeridos, ya que no afecta a «una reforma relativa a la política social», que es el punto principal que debía verificar.

El Consejo Constitucional, presidido por el ex primer ministro Laurent Fabius (PS), ya rechazó una primera solicitud de RIP. Macron promulgó la ley, pero la batalla continuó.

En este segundo intento se había añadido la creación de un aumento de los impuestos sobre el capital para financiar las pensiones. Sus promotores tenían la esperanza de que así podía ser admitido con el argumento de que eso suponía un cambio sustancial. Pero tampoco se aceptó

NUEVA PROPUESTA EN LA ASAMBLEA

Si el Consejo hubiera validado el PIR, la carrera de obstáculos habría continuado, al ser necesario recoger el apoyo de 4,8 millones de apoyos ciudadanos en nueve meses.

El Gobierno, a través de la primera ministra, Elisabeth Borne, estima que el «camino democrático» de esta reforma ya ha terminado, pero la izquierda y los sindicatos están lejos de aceptar pasar página y apuestan ahora por un siguiente paso en la Asamblea Nacional el 8 de junio, día en el que se debatirá de un proyecto de ley del grupo independiente Liot (Libertas, Independientes, Ultramar, Territorios) para derogar la reforma que eleva la edad legal de jubilación a los 64 años.

El texto cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos de la oposición, pero para que salga adelanten se necesitaría además el de muchos parlamentarios del partido de la derecha clásica, los Republicanos, que hasta ahora muy mayoritariamente se han mostrado más inclinados a retrasar la edad hasta los 64 años y volverán a tener la llave de la votación.

El diputado Aurélien Pradié, al frente del desafío a la reforma en el partido derechista, indicó que votaría a favor «por coherencia. El grupo ultraderechista Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen también ha anunciado una proposición de ley para impedir el retraso de la edad de jubilación.

Pero incluso si la Asamblea Nacional lo aprobase, sería solo el comienzo de un largo camino parlamentario, aunque la izquierda planea, en tal caso, pedir la suspensión de la reforma aprobada.

La presidenta del grupo parlamentario de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, criticó la decisión del Consejo Constitucional y aseguró que a pesar de todo «nada está perdido». La CGT deploró también que se impida a la población expresarse sobre un tema tan central.

Los sindicatos han anunciado una nueva jornada de movilizaciones para el próximo 6 de junio.

Abusos en las comisarías francesas

El informe de la Controladora General de Lugares de Privación de Libertad, Dominique Simonnot, constata abusos en las detenciones policiales y en las condiciones materiales de nueve comisarías de París en inspecciones realizadas tras las protestas del 23 de marzo contra la reforma de las pensiones. En una carta enviada al ministro del Interior, Gérald Darmanin, denuncia «una instrumentalización de las medidas de detención con fines represivos» y observa infracciones graves a los derechos fundamentales de las personas. Casi todos los detenidos fueron puestos en libertad tras comparecer ante el juez o tras un juicio rápido, lo que revela «un recurso generalizado, a título preventivo, a la privación de libertad con fines de mantenimiento del orden». Además, denuncia interrogatorios violentos, cacheos en la ropa interior, irregularidades en las fichas de detención, una higiene deficiente y falta de espacio en las celdas.

Lejos de aceptar la crítica, Darmanin replicó que los detenidos fueron puestos en libertad por la dificultad de probar los hechos y no porque no fueran cometidos, y dijo que Simonnot «excedió sus competencias». GARA