El arresto de Imran Khan abre un escenario incierto y desconocido

La situación actual en Pakistán es una convergencia de crisis política, constitucional, de seguridad y económica. Crisis exacerbadas por la intromisión militar y judicial en la política. Por si fuera poco, los políticos incompetentes facilitan socavar esa democracia. Y, sobre todo, la élite paquistaní, encabezada por los militares, es responsable de este lío.

El protagonismo en Pakistán gira en torno al ex primer ministro Imran Khan: su destitución, sus llamamientos a las protestas, el atentado que sufrió en noviembre y su reciente detención... La forma en que se le detuvo, por una fuerza paramilitar que no responde ante las autoridades civiles y por un presunto delito que ni los ministros del Gobierno se atreven a nombrar, ha sido el último detonante.

Khan se atrevió a señalar a un alto cargo de la Inteligencia militar (ISI) como autor intelectual del atentado. Y eso abrió aún más la puerta a una batalla a tres bandas entre Khan, Gobierno y militares.

En Pakistán solo hay tres tipos de personas: los ricos, los pobres y los militares. Y Khan parece haber atraído a buena parte de los dos primeros y puede estar forzando una división en el tercero.

EL PAPEL DE LA ÉLITE Y BUROCRACIA CIVIL Y MILITAR Y LA ACTITUD DE LOS PODERES FÁCTICOS EN EL APACIGUAMIENTO DE LAS PROTESTAS.

En los 75 años de existencia de Pakistán, el Ejército ha intervenido directa o indirectamente en la política a la menor inestabilidad. Incluso si su intervención no era aprobada, los políticos y la sociedad en general se mantuvieron complacientes. Pero en el Pakistán contemporáneo, dado el alcance de la polarización política y social, a un nivel nunca antes visto, es posible que los militares no puedan desempeñar este rol.

De momento, el Ejército ha reaccionado. Los ataques contra la residencia de su comandante en Lahore y otras instalaciones militares clave en el país llevó al departamento de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR) a emitir un duro comunicado en el que avisaba que reaccionaría ante ataques que han logrado lo que ninguna fuerza hostil extranjera en 75 años. Señala la responsabilidad del TPI de Khan. Por ello, algunas fuentes apuntan que tras esa nota del todopoderoso Ejército se producirán cascadas dearrestos y procesos judiciales, tal vez por «cargos por terrorismo», e incluso una eventual prohibición del PTI.

Sin embargo, el Ejército se puede enfrentar a lo que quizás sea el mayor desafío a su dominio del Estado durante décadas. Desde el Punjab, su otrora bastión, está siendo criticado. Y en su seno los oficiales y soldados más jóvenes pueden decantarse por Khan.

La gente que ha salido a protestar tiene una percepción de que otro Gobierno civil se ha aliado o sometido a poderes no electos para eliminar a un líder popular simplemente porque amenaza sus intereses personales. Y parece haber cruzado líneas que nunca nadie antes había osado sobrepasar. La ira ciudadana se ha dirigido contra los militares, hasta ahora intocables.

Las secuelas de esta crisis también pueden acabar en un desastre para los partidos del Ejecutivo, sobre todo para el PDM, visto cada vez más como el equipo B de una parte interesada mucho más poderosa. Unas formaciones (los Sharif de derechas, los Bhutto- Zardari de izquierda y los partidos religiosos) que pugnan por ser relevantes ante el empuje de Khan y sus seguidores. Su objetivo es que los militares y Khan se debiliten mutuamente y ellos emerjan como los beneficiarios. No obstante, en ese sistema que algunas fuentes definen como «democracia contaminada», esos partidos han recibido un aviso.

UNA POLICRISIS CON MÚLTIPLES FRENTES.

Un abanico de problemas están encaminando al país a un peligroso abismo.

Los problemas de agua, sin infraestructura de almacenamiento, afectan a la seguridad alimentaria. La mitad de los menores tienen problemas de crecimiento y dificultades cognitivas y físicas. Millones viven en la calle y los que asisten a la escuela reciben una educación obsoleta, siendo la calidad de la educación la más baja de la región.

A ello hay que añadir la brecha de género, con el 51% de la población femenina excluida del mercado laboral y con la vida de la mujer sujeta a los caprichos de hombres que se acogen a una ideología reaccionaria.

La religión es una herramienta para la política que utilizan actores estatales y no estatales. El radicalismo religioso sigue expandiéndose y obstaculizando campañas como la vacunación contra la poliomielitis y la covid.

La violencia del Estado y de actores no estatales como el Therik-e-Taliban Pakistan, el Ejército de Liberación baluche, el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán, y los ataques religiosos sectarios están alcanzando los niveles de 2013.

La política está dominada por los intereses de los partidos y sus élites. Y cada vez más voces apuntan que la situación económica en Pakistán acabará finalmente en el colapso de su soberanía.

El futuro no es muy halagüeño, ya que ni un arreglo de las áreas grises constitucionales ni unas elecciones libres y justas ni un programa fluido del FMI, ni siquiera una resolución de la incesante intromisión de los militares en los asuntos civiles serán, por sí solos o incluso colectivamente, suficientes para cambiar el rumbo de la disfunción económica, la inquietud social y el malestar político en el Pakistán de hoy.