18 MAI 2023 Lasso disuelve la Asamblea y llama a elecciones para sortear su juicio El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó ayer la llamada «muerte cruzada», una fórmula constitucional que implica disolver la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y convocar elecciones legislativas y presidenciales, para sortear el juicio político en su contra. Policías rodean la Asamblea Nacional. (Rodrigo BUENDÍA | AFP) GARA QUITO Guillermo Lasso apeló ayer a una «grave crisis política y conmoción interna», derivada de la apertura de un juicio político de censura en su contra, para disolver la Asamblea Nacional que, a su juicio, «tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado» y adelantar la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales y sortear así su imputación por corrupción. El impopular mandatario de derecha esperó a la última instancia del juicio político para recurrir a la fórmula conocida como «muerte cruzada», que se recoge en la Constitución ecuatoriana de 2008 y que por primera la aplica un mandatario. Ahora, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ayer mismo firmó la nueva reforma tributaria. Pero la disolución del Parlamento, de mayoría opositora, y el adelanto de las elecciones generales -para completar el actual mandato de cuatro años-, que se concretó ayer, era algo que se venía fraguando desde los primeros meses de 2022, cuando Lasso no había cumplido su primer año de mandato, al ver tumbada en la Asamblea la Ley de Inversiones, uno de los proyectos insignia del banquero para dinamizar la economía. El pasado junio, la Asamblea intentó destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron doce votos para sacarlo del poder. La base de la acusación para iniciar el proceso de juicio contra Lasso es un contrato de transporte de petróleo con Amazonas Tanker que fue firmado antes de que asumiera la Presidencia, pero con el que decidió continuar pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. Ese contrato dejó pérdidas por más de seis millones de dólares. La oposición cuestionó la legalidad de la iniciativa de Lasso al estar ya en marcha un proceso de juicio político, aunque estimó que era una oportunidad para terminar con su Gobierno, y rechazó que exista una «grave crisis interna» o una «conmoción política». El Gobierno ecuatoriano movilizó, además, a la Policía para «garantiza paz, orden y seguridad pública», aunque descartó que esta medida extraordinaria implicara «restricción de derechos».