Suena a deslocalización en Tubacex

El 24 de mayo se celebró la junta de accionistas de Tubacex SA. Se rindieron cuentas de los resultados del ejercicio 2022 y se acordó el reparto de dividendos entre accionistas, que no supone más que una descapitalización de la empresa y privatización de los beneficios. Según las cuentas aportadas por el Consejo de Administración, el 2022 fue un año de amplios beneficios para el grupo. Queremos recordar lo que estos mismos dirigentes trasladaban a la sociedad en el año 2021; aprovechándose de la situación generada por la pandemia, a principios del 2020 diseñaron una estrategia para precarizar y destruir el empleo en las plantas de Euskal Herria. Así, en febrero del 2021, ejecutaron un ERE para 150 trabajadore de las plantas de Araba.

Fue la plantilla, la comarca de Aiaraldea y la clase trabajadora de Euskal Herria la que nos ayudó sosteniendo una huelga indefinida que mantuvimos activa durante 236 días en defensa del empleo de calidad en nuestro país. Siempre mantuvimos que estábamos ante un problema meramente coyuntural, temporal, derivado de la pandemia, mientras estos mismos consejeros aludían a problemas estructurales como el precio del petróleo, el fin de los combustibles fósiles, etc. Los resultados que el miércoles presentaron no hacen más que darnos la razón: simplemente pretendían aprovechar el momento. Como así lo interpretó el TSJPV al sentenciar aquel ERE como injustificado y los despidos como nulos.

Mucho más grave fue el posicionamiento del Departamento de Industria de Gobierno Vasco con Arantxa Tapia a la cabeza. Funcionaron única y exclusivamente como altavoz de las empresas, colaboraron para trasladar a la sociedad vasca que los problemas de la compañía (y de tantas otras) derivaban de los salarios y las condiciones de sus empleados y empleadas, y trasladaron la idea de que su viabilidad pasaba por la precarización de dichas condiciones. Intentaron criminalizar nuestra lucha, empleando todas las herramientas de las que disponian: televisión pública, medios afines, represión policial y aplicación de la Ley Mordaza. Una lucha justa y ahora justificadada por los propios resultados económicos declarados del año 2022 y primer trimestre del 2023.

A los trabajadores de Tubacex nos costó más de ocho meses de huelga doblegar la decisión de la empresa de despedir a compañeros mientras los organismos y poderes públicos de este país miraban hacia otro lado o repetían los discursos confeccionados por los propios dirigentes de la compañía.

Esta semana, la televisión pública vasca se hacía eco de las declaraciones del CEO, Jesús Esmorís, que, desde una prepotencia nauseabunda, declaraba que hacer inversiones en las plantas de Europa «es pegarse un tiro en el pie». En 2021, el problema eran los salarios. En 2023, el problema es el coste de la energía y de producción por tener sus plantas productivas en el continente europeo. Es evidente lo que quiso trasladar, anunciando una deslocalización que ya tienen diseñada. Ante esto nos surge la siguiente pregunta: ¿cuál va a ser el papel de nuestros representantes políticos ante esta amenaza? ¿Dónde se van a posicionar las instituciones vascas y sus dirigentes? ¿Van a ser garantes del bien común o buscarán colocarse en estos consejos de administración que tanto daño están dispuestos a hacer a este país?