Ciéntifico pide una auditoría externa sobre Zubieta ante los ataques de PNV y PSE

El ingeniero Gorka Bueno expuso ante el Parlamento dos informes científicos que determinan que la incineradora de Zubieta «ha incumplido gravemente» la ley y que ni siquiera está clasificada como una instalación de valoración. PNV y PSE lo atacaron dudando de su capacidad y objetividad, ante lo que él propuso una auditoría externa.

Pocas veces un ponente en una comisión parlamentaria, en este caso doctor ingeniero de Telecomunicación y profesor titular de Tecnología Electrónica en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, UPV/EHU, ha sido cuestionado sobre sus conocimientos y sobre su objetividad como lo fue ayer Gorka Bueno. Y ante los ataques recibidos por parte de PNV y PSE, les trasladó que «les animo a que abran una auditoría externa, porque está claro que aquí hay alguien que está equivocado. Los relatos no encajan. Entonces, bueno, pues traigan aquí a otras personas expertas, no cuenten conmigo, externas, y que aclaren ellos la situación de esta planta».

Gorka Bueno compareció ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Gasteiz para dar cuenta de dos informes publicados recientemente como miembro de Ekopol, grupo de investigación interdisciplinar del sistema universitario vasco reconocido desde el año 2018 por el Gobierno de Lakua y la UPV/EHU en el que colaboran miembros del Basque Center for Climate Change (BC3) y de Ikerbasque.

El primero de ellos, demuestra en su opinión el funcionamiento ilegal y contaminante de la incineradora de Zubieta. Recoge que comenzó a operar de forma irregular y multiplica por veinte las paradas aconsejadas por la UE.

El segundo informe se detiene en que la incineradora de Zubieta no ha cumplido con los requisitos que le llevarían a ser clasificada como instalación de valorización energética, lo que debería tener no solo consecuencias legales sino también económicas y hasta fiscales.

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS

De los estudios presentados y del trabajo realizado para su elaboración, Gorka Bueno llega a las conclusiones de que «se detecta una falta de transparencia en la comunicación de la información, negación de datos y no información de incidencias y anomalías. También se detecta una falta de control del órgano medioambiental, que no contrasta datos».

Además, «se observa connivencia por parte del órgano competente hacia la instalación», que la defiende constantemente, hasta llegar a una «posible falsedad documental en la notificación del certificado R1». Y recordó que algunas de estas cuestiones están en los tribunales con varias personas investigadas por ello.

DUROS ATAQUES

Ya en sus conclusiones, Gorka Bueno pidió por primera vez «la realización de una auditoría completa del funcionamiento de la instalación, que cuente con la participación de agentes sociales y personas expertas externas». Lo que al final reiteró.

Los portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que habían solicitado su comparencia, agradecieron los datos ofrecidos por Bueno y se comprometieron a pedir más información al respecto. En términos similares se pronunció la representante del PP.

Pero ese tono cambió de forma radical en las intervenciones de Alberto Alonso, del PSE, y Maria Eugenia Arrizabalaga, del PNV. El primero de ellos puso en duda el posible «sesgo» de la investigación de Gorka Bueno, por no están contrastado con «pares». Habló de la necesidad de «poner en marcha las diferentes herramientas que acreditan que estamos hablando de ciencia y que no estamos vistiendo a lobo con piel de cordero». Le dijo no poner en duda su capacitación, porque «si usted es profesor de la UPV, imagino que será porque ha acreditado su capacidad científica». Se preguntó «qué mérito o superioridad técnica considera tener usted, para poder poner en cuestión» los datos oficiales. Y concluyó que «cuando eso se aclare, podremos hablar realmente de conclusiones».

Por su parte, Arrizabalaga incidió en que una representante de GHK y un directivo de su consultora IDOM habían echado por tierra los informes de Gorka Bueno en las JJGG de Gipuzkoa, con una reiteración de descalificaciones, como su desconocimiento, que la parlamentaria dijo no querer reproducir ante él porque le daba reparo. Luego aseguró que la conclusión de que hay una «connivencia» entre la incineradora y las instituciones, puede estar «subsumido en eso que se llamaba tipo del delito de calumnia penal».