¿Un buen año de sueldo por un buen día de trabajo?

Se imaginan a un presidente de EEUU proponiendo un presupuesto federal que cuadruplica los sueldos de los altos funcionarios federales? Por supuesto que no. Ningún presidente se arriesgaría a ir por ese camino. Los contribuyentes estadounidenses, según entienden nuestros altos cargos, tienen una clara aversión a que alguien se enriquezca a costa de sus impuestos.

Los sueldos de los altos ejecutivos del gobierno federal reflejan esa aversión. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS) tiene, por ejemplo, más de 80.000 empleados, y el trabajo que realizan puede suponer literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el máximo responsable del HHS, Xavier Becerra, percibió el año pasado una remuneración inferior a 250.000 dólares. Por el contrario, en las altas esferas de las empresas estadounidenses, 250.000 dólares ni siquiera se considerarían un sueldo decente por una semana de trabajo. El año pasado, los directores generales mejor pagados de EEUU se embolsaron más de 250.000 dólares al día.

¿Deberían preocuparnos estas asombrosas sumas que llenan ahora los bolsillos de nuestros altos ejecutivos? Claro que sí. A diferencia de secretarios del gabinete como Xavier Becerra, los ejecutivos de las empresas se están enriqueciendo con nuestros impuestos. Un gran número de estos ejecutivos dirigen empresas con enormes contratos federales o reciben anualmente grandes subvenciones federales.

¿Datos concretos? Considere la industria farmacéutica y la carrera contra la Covid. En 2012, según un análisis de Fierce Pharma que acaba de publicarse, cinco directores ejecutivos de biofarmacéuticas se embolsaron más de 18 millones de dólares en compensación anual. El año pasado, los 15 ejecutivos mejor pagados de la biofarmacéutica se llevaron a casa al menos 19 millones de dólares. Entre ellos se encontraban los directores ejecutivos de las dos empresas de vacunas covid más importantes: Albert Bourla, de Pfizer, y Stefane Bancel, de Moderna. En 2022, sus sueldos sumaron más de 52 millones de dólares.

¿Qué hicieron ejecutivos como estos dos consejeros delegados para cosechar sus inmensas ganancias? Aprovecharon la ola de impuestos de covid. Esa ola permitió su «éxito» personal. Señala un análisis de la revista Health Affairs «El gobierno invirtió ampliamente en todos los aspectos de la ciencia básica, el desarrollo preclínico y los ensayos clínicos de las vacunas». (...)

Desgraciadamente, hemos aprendido poco de nuestra experiencia con la covid. Según un nuevo estudio de Good Jobs First (Indignación por la energía: ¿Las fábricas de baterías fuertemente subvencionadas generarán empleos de baja calidad?) examina una disposición poco conocida de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 que puede acabar costando a los contribuyentes estadounidenses más de 200.000 millones de dólares en la próxima década, una suma superior a los 13.000 millones que los gobiernos estatales y locales han prometido como incentivos para las baterías.

Los legisladores ven todos esos miles de millones de dólares de impuestos como un generador de buenos salarios, pero no hay nada en la letra pequeña de la subvención de las baterías que obligue -o incluso incentive- unos salarios decentes para los trabajadores. (...)

¿Cómo repercute esto en la vida real de los trabajadores? «La empresa ha prometido crear 2.500 nuevos puestos de trabajo que, según dice, pagarán un salario medio anual de solo 45.000 dólares al año», señala Good Jobs First, «mientras cosecha subvenciones de 3,4 millones de dólares por puesto».

El estudio de Good Jobs First ofrece una serie de propuestas políticas «para encaminar el emergente complejo industrial de baterías de vehículos eléctricos por la senda del empleo de calidad», medidas que van desde exigir a los beneficiarios de las subvenciones que paguen salarios al menos equivalentes a los del mercado local hasta incluir cláusulas contractuales que «recuperen» las subvenciones fiscales en caso de que las empresas no ofrezcan los puestos de trabajo prometidos.

¿Serán suficientes medidas como estas para garantizar que los beneficios de la transición a los vehículos eléctricos se reparten «equitativamente», como dice el informe Good Jobs First, «entre los trabajadores y las comunidades que construyen la economía sin combustibles fósiles de EEUU»? No, a menos que también tomemos medidas que desalienten significativamente cualquier intento de los altos ejecutivos de las empresas de acaparar mucho más que su «parte justa» de los impuestos federales.

¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos incluir en todos los contratos y subvenciones del gobierno disposiciones que denieguen el dinero de los impuestos públicos a las empresas que compensen a sus altos ejecutivos con más de 25 o 50 veces la compensación que reciben sus trabajadores.

Un poco de perspectiva histórica: A mediados del siglo XX, pocos jefes de empresa se embolsaban más de 20 veces la remuneración anual de sus trabajadores medios. Según informó el Instituto de Política Económica el pasado otoño, los CEO de las principales empresas de EEUU cobran ahora una media de casi 400 veces la retribución anual de los trabajadores.

Si cambiáramos de marcha y solo ampliáramos los contratos y subvenciones financiados por los contribuyentes a las empresas que limitaran la remuneración de sus directores generales a no más de 25 o 50 veces la de los trabajadores, los altos ejecutivos de las empresas que reciben nuestros impuestos tendrían un incentivo permanente para aumentar la remuneración de sus trabajadores, no para reducirla.

Dos municipios, Portland y San Francisco, ya han tomado medidas en esa dirección. Los legisladores estatales y federales han presentado propuestas similares, como se detalla en la guía de recursos sobre la remuneración de los CEO y los trabajadores de Inequality.org.

Está claro que podemos crear unos EEUU más igualitarios. Los salarios de las empresas podrían abrir el camino.

@Sin Permiso. Traducción: D. Raventós