La Administración elude su responsabilidad ambiental

Tras agotar la cantera del monte Apario que pertenece a los municipios de Lemoa e Igorre, la empresa que la explota, Cementos Lemona, pretende continuar la extracción de caliza en la parte correspondiente al municipio de Bedia donde ha pedido una licencia para desplegar su actividad extractiva. Para ello, el Ayuntamiento debe modificar previamente el planeamiento urbanístico, que no contempla esa actividad, por lo que son preceptivos sendos informes de Lakua y la Diputación. El abismo entre el análisis y las conclusiones de los mismos resulta impactante.

Medio Ambiente del Gobierno vasco señala que el impacto de la cantera en el medio natural será «severo», ya que, entre otras cosas, implica la tala de cuatro hectáreas de encinar cantábrico. Sin embargo, ese mismo informe concluye que no se puede denegar la actividad porque ya existe una autorización concedida en el año 1990 y lo que procede es adoptar «medidas compensatorias». Un razonamiento que no tiene en cuenta que en 30 años ha cambiado todo y, en particular, la protección del medio ambiente, que ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en una pieza central en cualquier proyecto. Ya no se ven, como entonces, los ríos de diferentes colores, según los vertidos, y el control sobre desechos e impacto de cualquier actividad es mucho más estricto. En este contexto, remitir a una antigua autorización significa que la actual Administración se está inhibiendo de una responsabilidad que le corresponde, máxime cuando el informe de la Diputación de Bizkaia señala que con la expansión de la cantera se verían comprometidas actuaciones para la creación de corredores ecológicos. Dicho de otra manera, el impacto no se puede arreglar ni compensar plantando unos cuantos árboles en los alrededores.

Como ya viene siendo habitual en este tipo de conflictos, la empresa amenaza con cerrar sus instalaciones con la consiguiente pérdida de empleos en la comarca si no se accede a sus demandas. En tiempos de emergencia climática, empresa y Administración pública pretenden seguir con el business as usual. Qué lejos están los discursos de la práctica.