La Fiscalía rebate todavía el 75% de las progresiones a presos vascos

La Fiscalía está recurriendo tres de cada cuatro terceros grados concedidos por el Gobierno de Lakua a presos de EPPK, un porcentaje que triplica la práctica habitual con el resto de los casos. Lo ha revelado Sare, que añade que el número de progresiones es además bastante inferior al posible legalmente.

Sare ha hecho balance de la sostenida excepcionalidad carcelaria tras unos meses sin datos globales, en que la mayoría de las noticias tienen que ver con reversiones de terceros grados desde la Audiencia Nacional o retornos a prisión tras recursos por parte la Fiscalía. El cuadro general constata que, efectivamente, se ha convertido en la norma habitual. El Ministerio Público está contradiciendo el 75% de los terceros grados planteados por las Juntas de Tratamiento de las prisiones de Zaballa, Basauri y Martutene y aprobados por el Gobierno de Lakua para los presos y presas de EPPK.

Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe detallaron ayer en Gasteiz que de las 24 progresiones producidas en el último año (de agosto a agosto), 16 han sido recurridas por la Fiscalía. Como se sabe, tras una reforma a finales de pasado año estas apelaciones tienen carácter suspensivo, por lo que la persona afectada es encarcelada de nuevo a la espera de la resolución final de la Audiencia Nacional.

«Queda pendiente de conocerse la actitud de la Fiscalía sobre dos de las tres últimas progresiones a tercer grado que se aprobaron la última semana de julio», han matizado. El plazo para posible recurso concluye el 27 de agosto. Si se formularan, el número se elevaría a 18. «Se están recurriendo el 75% de progresiones, y estos datos alcanzan aún mayor gravedad cuando el porcentaje de recursos que la Fiscalía presenta para otra tipología de presos y presas no alcanza el 25%», criticaron.

TAMBIÉN CONTRA PERMISOS

La actuación de los órganos judiciales españoles se prorroga con los recursos a permisos penitenciarios. Sobre esto, Iturbe y Azkarraga trajeron a colación que la Audiencia Nacional impone que no se otorguen antes de cumplir dos tercios o tres cuartos de las condenas, «cuando la ley prevé que estos permisos se comiencen a producir con una cuarta parte».

«Además, el acceso a los permisos se sigue bloqueando incluso cuando se cumplen estas altas cuotas de cumplimiento, al exigirse para ello los mismos requisitos que se establecen para el tercer grado: petición de perdón, arrepentimiento, repudio de los propios hechos o colaboración con la Justicia. Continúan percibiendo los permisos como beneficios penitenciarios, en lugar de instrumentos tratamentales».

Sare incide de nuevo en que con todo ello se está «ignorando y menospreciando el trabajo e informes de los técnicos (sicólogas, educadoras y trabajadoras sociales) de los centros penitenciarios, así como las opiniones y decisiones o propuestas de las Juntas de Tratamiento y del propio Gobierno Vasco».

Lo sitúan como fruto de una concepción retributiva («el que la hace, la paga») y concebida hace 20 años como «lucha antiterrorista», es decir, «en unas circunstancias que nada tienen que ver con la situación actual».

LAKUA, LEJOS DE LOS 115

El diagnóstico de Sare no se limita a Fiscalía y Audiencia Nacional, sino que también cuestiona la actitud de la Administración vascongada al quedarse corta en la aprobación de progresiones respecto a lo que resulta posiblemente legalmente.

Así, explicarion que entre octubre de 2021 y agosto de 2022, en los diez primeros meses tras asumir la competencia carcelaria, se realizaron 25 propuestas de progresión de segundo a tercer grado. Y añadieron que se produjo «un avance muy tímido en propuestas de permisos de duración inferior a 48 horas, que son competencia exclusiva del Gobierno Vasco», recuerdan.

En este año siguiente han sido 24 las progresiones aprobadas por el Departamento de Justicia. Y se les suman otras 8 emanadas de las tres cárceles pero pendientes de ratificación. Sare ve como balance global «datos positivos pero aún muy alejados del posible resultado de la aplicación de una política penitenciaria ordinaria a todos aquellos presos y presas que, por el tiempo de cumplimiento, deberían encontrarse en semilibertad o en libertad condicional. Desde Sare calculamos que serían unos 115», detallaron.

Sumados los tres parámetros citados, las progresiones autorizadas o en marcha suman 57, aunque hay que matizar que este conjunto abarca realmente un número menor de personas, puesto que algunas han sido clasificadas dos veces en segundo grado tras la primera decisión invalidada por la Audiencia Nacional.

Con todo, y como resumen de situación, Sare quiere hacer hincapié en que «sin duda hemos avanzado. Las administraciones penitenciarias, tanto del Estado en el caso de la cárcel de Iruñea como en el ámbito de la CAV, están desarrollando su labor en esta materia de manera positiva».

«Creemos que se ha interiorizado la necesidad de que la política penitenciaria debe ser útil fundamentalmente para insertar a las personas presas en la sociedad», subraya.

16 ENFERMOS

En la comparecencia ofrecieron además datos globales sobre este colectivo humano, indicando que siguen presas en la actualidad 166 personas, de ellas 141 hombres y 25 mujeres.

Están en Euskal Herria 152 (13 en situación de prisión atenuada), junto a una en el Estado español y 13 en el francés. Y entre ellas hay 16 que sufren enfermedades graves, de las que 12 son casos conocidos y otras 4 prefieren mantenerse en el anonimato.

Tras las trabas judiciales españolas y el ritmo dado al proceso por la Administración de la CAV, el resultado a día de hoy es que están clasificadas en segundo grado 128 de estas personas, y en tercer grado únicamente 24.