Todo el empeño en recortar, poco en mejorar

El comité de empresa de Bilbobus se concentró ayer ante el Ayuntamiento para reclamar el pago íntegro de los salarios a los empleados en el caso de incapacidad temporal. La empresa BioBide descontó a un trabajador el pago del 75% de la paga extraordinaria por encontrarse en situación de incapacidad temporal como consecuencia de un sentencia individual. Apoyándose en ese caso individual BioBide ha comenzado a aplicar el mismo criterio a todos los trabajadores. Una decisión que, según el comité de empresa, no respeta lo estipulado en el convenio en vigor, que determina que el trabajador no tendrá merma salarial cuando esté en situación de incapacidad temporal. Los trabajadores ya han acudido al Preco y, en caso de que no haya acuerdo, están dispuestos a acudir a los tribunales.

Todo parece indicar que se trata de un conflicto laboral por un tema salarial colateral y bastante secundario en la composición salarial. Que la empresa se haya apoyado en una sentencia contra un trabajador individual para modificar un acuerdo y una práctica consolidada resulta a primera vista bastante extraño. Pero no tanto cuando el servicio de transporte público es gestionado por una empresa privada, a las que básicamente lo único que interesa es el modo de aumentar la cuenta de beneficios. Algo que, además, se preocupan por demostrar cada vez que tienen oportunidad. Y desde esa perspectiva, poco parece importar a los responsables de la empresa provocar un conflicto laboral si van a lograr mejorar un poco sus resultados. Ese parece ser el principal motivo de BioBide, la gestora de Bilbobus desde que en 2012 arrebatara la administración a la multinacional francesa Veolia.

Resulta sorprendente que la dirección de la empresa que gestiona Bilbobus dedique tantos esfuerzos a tratar de recortar unos gastos nimios, en vez de dedicar esos afanes a intentar mejorar el servicio de transporte público que presta a la ciudadanía; esta debería ser, a fin de cuentas, su misión. Un buen ejemplo de que el empeño en introducir criterios empresariales en la gestión de un servicio público responde más al interés por debilitarlo, que al de fortalecer el bien común.