El informe sobre el impacto de la LGV al norte del Bidasoa está obsoleto

La autoridad medioambiental gala no se pronunciará sobre la viabilidad de la nueva Línea de Alta Velocidad (LGV) Burdeos-Toulouse hasta que la SNCF aporte una valoración actualizada del impacto que tendría todo el denominado Gran Plan Ferroviario del Sudoeste (GPSO) cuyo enlace con la «Y vasca» no está garantizado antes de 2042.

Nuevo traspiés, y no precisamente pequeño, para el proyecto de extender una nueva Línea de Alta Velocidad (LGV) que, de una parte, enlace Burdeos con Toulouse, y de otra, conecte con Dax para, desde allí, proyectarse hacia la muga entre Gipuzkoa y Lapurdi.

La autoridad medioambiental del Estado francés se reunió el pasado 7 de septiembre pero no pudo emitir pronunciamiento alguno sobre la nueva LGV que, en el mejor de los cálculos que barajan las autoridades galas, conectaría con la llamada «Y vasca» dentro de dos décadas.

La autoridad medioambiental es explícita en el resumen emitido tras esa reunión de trabajo al aseverar que, sea cual sea el perímetro elegido para analizar el proyecto, ya el concreto de la afección de la nueva línea al norte de Toulouse ya más globalmente el Gran Plan Ferroviario del Sudoeste (GPSO) «las respuestas recibidas con respecto a numerosas cuestiones que figuran en el código de protección medioambiental están obsoletas o incompletas».

De ese modo, la instancia gubernamental apunta a una insuficiencia de los informes de la SNCF en cuanto a contenido del proyecto, jerarquización de sus objetivos y proporcionalidad en el análisis.

Al tiempo, la autoridad que vigila las actuaciones de distintos ministerios reprocha a la compañía ferroviaria que no haya procedido a una actualización de su informe de impacto, a la vista de la evolución que ha tenido lugar en materia de reglamentación medioambiental desde el informe presentado por la SNCF, «hace casi diez años», en 2014. La autoridad medioambiental es tajante al afirmar que el dossier, incluso si se abordara, como ha venido demandando la SNCF, como un todo, «no cuenta con un estudio de impacto de acuerdo a los términos del artículo L. 122-1-1 III del código medioambiental».

Advierte así el organismo gubernamental de que no podrá pronunciarse en tanto en cuanto no se le aporte ese informe actualizado, el cual debería dar respuesta a cuestiones como las consecuencias en materia de artificialización de territorio, emisiones de gases causantes del efecto invernadero así como otros impactos del proyecto de conexión férrea en espacios naturales.

UN NUEVO REVÉS

La decisión de no emitir informe adoptada por la autoridad medioambiental supone un nuevo y significativo contratiempo en los planes de trazar al sur de la París-Burdeos una nueva LGV que, según sus impulsores, es clave para mejorar las conexiones entre la península y los países del centro-este europeo.

Un obstáculo que, sin ser insalvable, plantea un serio revés, ya que la aceleración del cambio climático ha hecho evolucionar notablemente en estos últimos años las condiciones de protección medioambiental con las que deberá buscar un nuevo compromiso la SNCF.

En vista de las consideraciones de la autoridad medioambiental no bastará con retocar el informe de 2014, ya que los parámetros han cambiado. En resumen, el informe presentado entonces en busca del aval de utilidad pública de una nueva LGV al norte del Bidasoa ha caducado.

El hecho de que, quizás en un intento de revertir el retraso que acusa el proyecto, la compañía ferroviaria francesa solicitara, en un correo electrónico del 23 de agosto de 2023, que «se mantenga el procedimiento elegido de un solo informe de impacto sobre el proyecto de GPSO», parece volverse en su contra, ya que en la nota de prensa la propia autoridad medioambiental estima que «a la vista de esa elección» no puede instruir el informe solicitado.

Ya en 2014, la autoridad medioambiental puso reservas al informe de impacto relativo al GPSO. Reclamó, de hecho, una información más exhaustiva y accesible para la ciudadanía.

En ese pronunciamiento, de hace casi una década, la autoridad medioambiental evocaba la necesidad de tener en cuenta «el notable valor del paisaje vasco con sus valles y su hábitat amenudo disperso en el territorio» y conminaba a contemplar compensaciones a «la destrucción de 600 hectáreas de bosques» que acarrearía realizar un trazado alternativo a la LGV ya existente.

IMPUESTO CAMUFLADO

El no pronunciamiento de la autoridad medioambiental conocido ahora vuelve a sacar a la luz, de forma abrupta, un proyecto que, de manera más sigilosa, sigue avanzando, con impacto incluido en los bolsillos de los contribuyentes, que se dejará sentir este mes, en el que los dueños de bienes deben abonar en el Estado galo la tasa de propiedad.

Según lo publicado días atrás por varios medios de comunicación de la capital occitana, los propietarios de 2.340 localidades situadas en los bordes de ese trazado Burdeos-Toulouse han descubierto en el aviso de esa contribución que se les exige abonar una cantidad añadida que, pese a no ser elevada, ha despertado ya suspicacias.

Se trata de una «tasa especial de equipamientos» (TSE) destinada a financiar en parte la construcción de una infraestructura cuyo costo global se estima en 14.000 millones, de los cuales 10.300 se destinarán a financiar el trazado Burdeos-Toulouse. Con esa tasa se esperan recaudar unos 29 millones al año.

La construcción de la línea Burdeos-Toulouse debería arrancar en 2024 para entrar en funcionamiento en 2032. El Consejo francés de Infraestructuras explicó en un informe de diciembre de 2022 que el nexo ferroviario que enlazaría con Irun no será realidad, como pronto, hasta 2042.