El descabezamiento de la Fiscalía hunde a Honduras en otra crisis

La presión de miles de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue insuficiente para aplacar la crisis política en la que está sumido el país centroamericano. El Congreso Nacional fue incapaz de elegir antes del 1 de septiembre al nuevo fiscal general y al fiscal general adjunto, al no contar ningún partido con la mayoría suficiente.

El hasta ahora fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, abandonó el país hace dos semanas y se encuentra en Nicaragua para incorporarse como magistrado en la Corte Centroamericana de Justicia, donde permanecerá hasta el 2027. El 31 de agosto fue su último día en el cargo que ocupó diez años, tras su reelección para un segundo mandato en 2018, pese a no formar parte de los aspirantes. Su gestión ha sido muy criticada por el actual Gobierno, ya que nunca persiguió al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado en abril de 2022 a EEUU, donde está encarcelado a la espera de ser juzgado por narcotráfico.

Mientras tanto, en ausencia de Chinchilla, el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, continúa en funciones hasta que se elijan a sus sustitutos. En un primer momento, presentó su renuncia ante el Congreso Nacional, que no fue admitida y en la que denunció haber sido amenazado por diputados de Libre en caso de seguir en el cargo, a pesar de que así lo estipula la ley.

La decisión de no abandonar el puesto hasta que se nombre a los nuevos fiscales no es compartida por el presidente del Congreso, Luis Redondo (Libre), quien cree que, una vez concluido su mandato, ambos «carecen de legitimidad» y debían renunciar aunque no se nombre a sus sustitutos. Así, aboga porque mientras se llega a un consenso en el Congreso, la Fiscalía esté dirigida por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), algo que no comparte la oposición.

Pero un fallo unánime de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 2017 avala que el fiscal general adjunto sea el titular del Ministerio Público mientras la plaza esté vacante. El Legislativo ha sido incapaz hasta cuatro veces de elegir a sus sucesores, ya que ni el oficialista Libre ni los tres partidos de la oposición ceden en favor de un consenso que desbloquee esta crisis. Se necesita una mayoría de 86 de los 128 diputados para nombrar al nuevo fiscal general y fiscal adjunto, algo imposible hasta ahora. Libre fracasó en su intento de nombrar a los abogados Johel Zelaya y Mario Cabañas, ya que solo tiene 50 legisladores, seguido del Partido Nacional (43), Partido Liberal (22) y el Partido Salvador de Honduras (10).

Libre intentó presionar a la oposición rodeando el Congreso con miles de personas en apoyo a la presidenta, Xiomara Castro. Sin embargo, su propuesta solo logró 52 votos, lo que hizo imposible la elección de quienes debían asumir el cargo el 1 de septiembre.

Mientras, el Partido Salvador de Honduras propuso a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunta, pero tampoco consiguió el consenso suficiente al lograr 74 votos. La única alternativa factible sería que Libre y el Partido Nacional acordaran elegir entre los cinco candidatos a las dos personas al frente de la Fiscalía para los próximos cinco años.

BLOQUE DE OPOSICIÓN CIUDADANA

No será fácil en un contexto en el que se ha conformado el Bloque de Oposición Ciudadana, que el 19 de agosto echó un pulso al Ejecutivo sacando a las calles de Tegucigalpa a 20.000 personas contra el «comunismo» que, asegura, pretende implantar Castro. Este bloque aglutina a los partidos Nacional, Liberal, Alianza Patriótica y Salvador de Honduras, y a varias organizaciones de la sociedad civil.

Lejos de rebajar la tensión llamando al acuerdo para nombrar a los nuevos fiscales, Redondo criticó que «hay muchos diputados que tienen conflicto de intereses y deberían abstenerse de participar» en el debate y la votación, «especialmente los que fueron investigados por el Ministerio Público y están siendo procesados por actos de corrupción». Defendió que «deberían hacerse a un lado, ya que tienen la prohibición de participar, especialmente en la elección de fiscal general y fiscal adjunto». Y anunció que «seguimos sosteniendo importantes reuniones en búsqueda del consenso necesario, por lo que estaré anunciando la convocatoria a sesión» para someter de nuevo a votación la elección de los nuevos fiscales.

Las personas seleccionadas trabajarán junto a la futura Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), un organismo de la ONU, en la persecución de la corrupción.

Mientras, Castro ha aprovechado esta coyuntura de falta de consenso para «denunciar ante el mundo la conspiración de las mafias del crimen organizado y el narcotráfico para derrocar a mi Gobierno». Pero resaltó que ella es una «presidenta en resistencia», después de 12 años y 7 meses de «incontables sacrificios humanos hasta vencer la oprobiosa dictadura», instaurada, según denunció, tras el golpe de Estado que sufrió su esposo, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.