Enaltecimiento, un delito «de casi imposible condena», según Fiscalía

Bucear en la memoria anual de la Fiscalía es un ejercicio que permite detectar vicios, obsesiones y esperpentos varios en un ente importante dentro de los aparatos del Estado. La confesión sobre el escaso recorrido de las causas por enaltecimiento, por ejemplo, choca con el hecho de que un tercio de las diligencias previas incoadas en 2022 con relación a ETA lo fueron por dicho delito.

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado es una ventana parcial a las enmarañadas interioridades de este órgano estatal clave en los procesos judiciales. Un ente que siempre se mueve en el ambiguo terreno existente entre las directrices del Gobierno, del que depende, y una autonomía que le deja un amplio margen de actuación.

Lo que se ve desde esa ventana, en especial de esa que entreabre la Fiscalía de la Audiencia Nacional, es un reflejo de las obsesiones del Estado profundo, que a ratos raya lo esperpéntico y a ratos lo macabro. También hay sitio para realidades que nunca está de más recordar.

Entre lo esperpéntico se encuentra una nota sobre el delito de «enaltecimiento del terrorismo», en la que se señala que, en el caso de ETA y Grapo, «dada su disolución y desarticulación (...) ha devenido en un delito de casi imposible condena». Eso se debe a «las exigencias jurisprudenciales de riesgo, aun abstracto, de la comisión de ilícitos penales a consecuencia de la acción enaltecedora».

Esta pequeña confesión, la única en las casi 1.500 páginas de informe en la que se habla expresamente de ETA como organización disuelta, contrasta con la propia acción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según recoge la memoria, en 2022 se incoaron 23 diligencias previas sobre posibles delitos vinculados a ETA y, de ellos, 15 fueron por supuesto enaltecimiento. Es decir, un tercio de las puestas en marcha por la Fiscalía tienen que ver con un presunto delito «de casi imposible condena», según la propia institución.

Las obsesiones del Ministerio Fiscal también vuelven a emerger en la descripción de los 31 supuestos actos violentos realizados en relación a ETA durante el año pasado. 13 vuelven a ser por supuesto enaltecimiento y cinco por otra gran amenaza como es la quema de banderas.

LOS TERCEROS GRADOS Y LA LEGISLACIÓN DE EXCEPCIÓN

El tono gira a lo macabro y cae en el cinismo en el breve apartado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional dedica a la sección de Vigilancia Penitenciaria, encargada de los numerosos recursos contra terceros grados otorgados a presos vascos. La memoria recuerda «la asunción de competencias en materia penitenciaria» por parte de la CAV, así como «el progresivo traslado de internos a dicha comunidad y a Navarra».

Apunta también que «no hay ningún preso vasco clasificado en primer grado», pero recuerda que «en materia de terceros grados y permisos, el Juzgado de Vigilancia sigue el criterio recogido en la norma del artículo 72.6 LOGP». Se trata de un artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria introducido en julio de 2003, en el marco de la legislación de excepción aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Concretamente, este artículo impone a los presos condenados por terrorismo condiciones suplementarias para acceder a los terceros grados.

La Fiscalía pone su nota cínica al final de este apartado, cuando destaca «el progresivo crecimiento de los expedientes relacionados con internos condenados por actividades terroristas, lo que pone de manifiesto una mayor aceptación de la legislación penitenciaria como marco de convivencia de estos». Por decirlo de algún modo, la Fiscalía se felicita porque los presos tratan de seguir el recorrido legal marcado por la legislación penitenciaria mientras presenta recursos que torpedean ese mismo recorrido.

ATA, LA AMENAZA

El esperpento regresa en plenitud cuando la Fiscalía realiza la «valoración de la amenaza» de lo que engloba bajo el título de «ETA». Apunta, de forma genérica, que «el principal vector de amenaza en este ámbito viene definido por los distintos colectivos, plataformas y grupos que conforman el entramado del independentismo radical vasco, siendo especialmente activos aquellos vinculados a los colectivos juveniles».

Es a continuación cuando la Fiscalía da la sorpresa y sitúa como «principal referente» de esos grupos al «Movimiento pro-Amnistía y contra la Represión-Amnistía ta Askatasuna (ATA)». «Su capacidad operativa y de movilización es reducida», añade.

UNA MENTIRA SOBRE CATALUNYA Y UNA VERDAD SOBRE LA REPRESIÓN

La Fiscalía también dedica unas líneas a valorar la supuesta amenaza de un pretendido «Movimiento Violento Independentista Catalán». Detecta «una disminución de las acciones» -que no dejan de ser sabotajes y desobediencia civil, aunque las engloba en el epígrafe de terrorismo-, y ofrece una explicación que merece ser tenida en cuenta.

«La pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos motivada también en parte por la acción de la justicia ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en la llamada ‘antirrepresión’. La movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae la mayor cantidad de recursos a estos colectivos, con la ejecución de campañas de pintadas o en redes sociales», concluye.