El balance de Lakua constata la fijación de la Justicia española con EPPK

Según el informe elaborado por Lakua con motivo del segundo aniversario del traspaso de la competencia sobre prisiones, de las 846 clasificaciones o progresiones a tercer grado solo el 5,9% -cincuenta- corresponden a presos y presas «condenadas por banda armada». Sin embargo, estas personas representan el 75% de todas las revocaciones.

Hoy se cumplen dos años desde el traspaso de la competencia de las prisiones a la CAV, y por esta razón el Departamento de Justicia hizo público ayer un informe en el que analiza la situación en las cárceles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Un balance que no elude críticas a la herencia recibida y que confirma el trato desigual por parte de la Fiscalía y de los jueces a la hora de impugnar y revocar la progresión de grados, así como su hostilidad con quienes conforman el colectivo de presos políticos vascos (EPPK).

Y es que, según se detalla, desde el traspaso de la competencia hasta septiembre de este año se han realizado 846 clasificaciones iniciales o progresiones a tercer grado, cincuenta de las cuales corresponden, en palabras de la Consejería, a «personas condenadas por banda armada», el 5,9% del total. Sin embargo, ese colectivo ha sido objeto de doce de las dieciséis revocaciones decretadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria vasco o por la Audiencia Nacional española. Representan, por tanto, el 75% de las progresiones revocadas. El desequilibrio es enorme e ilustrativo.

El Departamento concreta, asimismo, que de un total de 1.577 presos y presas hay 425 en tercer grado y 221 en situación de libertad condicional y también indica que 496 son «de origen extranjero». Es decir, que el 31,45% de las personas encarceladas en la CAV proceden de fuera del Estado.

Al respecto, el Ejecutivo apunta que «este porcentaje es algo superior al 27% que registran los centros de Instituciones Penitenciarias, y también a la media europea, que se sitúa en el 25%», aunque añade que «está muy por debajo del porcentaje de Catalunya, que ronda la mitad de su población penitenciaria».

SITUACIÓN DE TENSIONAMIENTO

Según recoge el informe, el grado de ocupación actual supone un «tensionamiento» en las cárceles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y ha motivado la imposibilidad de absorber toda la demanda de traslados voluntarios a la CAV de personas presas en centros de otras partes del Estado. De hecho, explica que de las 656 solicitudes para un trasladado se han denegado más de la mitad, 384. Al respecto, Lakua señala que «la falta de dimensionamiento de la plantilla transferida a las posibilidades del Centro Penitenciario Araba ha condicionado mucho la gestión a la hora de acoger al potencial de personas que, por razones de condena o arraigo, podrían cumplir su pena en Euskadi».

Además, el documento difundido ayer señala que «otro de los factores que llegó con la transferencia y que condiciona el desarrollo del Modelo Penitenciario Vasco son las carencias de las infraestructuras, por su antigüedad o por la inexistencia de centros de integración social, departamentos para régimen cerrado y unidades de madres».