«Hay que parar la ofensiva encabezada por el poder judicial»

Representantes de los principales agentes a favor de las lenguas minorizadas del Estado han apoyado la manifestación de esta tarde convocada por Euskalgintzaren Kontseilua en defensa de los derechos lingüísticos. Han denunciado las injerencias judiciales y reivindicado la necesidad de «avanzar en derechos y libertades».

Representantes de los principales agentes sociales a favor del catalán, el gallego, el asturiano y el aragonés anunciaron ayer su adhesión a la manifestación, convocada por Euskalgintzaren Kontseilua, que esta tarde recorrerá las calles de Bilbo en defensa de los derechos lingüísticos del euskara. Además, dieron a conocer las agresiones que también están sufriendo sus respectivas lenguas y sus hablantes.

En concreto, presentaron el manifiesto conjunto titulado «Frente a la ofensiva», que ha sido consensuado entre Òmnium Cultural de Cataluña, A Mesa pola Normalización Lingüística del gallego, Acció Cultural del País Valenciá, Escola Valenciana, Obra Cultural Balear, Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, Iniciativa pol Asturianu y Nogará-Religada de Aragón. En el escrito denuncian que el derecho a vivir en la lengua propia «es un derecho humano que se le niega, en el Estado español, a millones de ciudadanos y ciudadanas». «Hay impedimentos de todo tipo para vivir y usarla en los servicios de todo tipo: salud, comerciales, administrativos o trámites judiciales», afirman.

«El escrutinio al que es sometido cualquier avance en la presencia y disposición de las lenguas diferentes al español en todos los ámbitos de la vida social, en el proceso de normalización lingüística, contrasta con la inacción en la aplicación y concreción de las escasas normas que las amparan, incluyendo acuerdos como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o tratados internacionales como la Carta Europea de las Lenguas», subrayan.

En concreto, los firmantes denuncian la «ofensiva encabezada por el poder judicial que está recortando conquistas democráticas para la igualdad de nuestras lenguas».

«No podemos permitir que ganen en los tribunales lo que son incapaces de ganar en nuestros pueblos. Necesitamos avanzar más, con pasos políticos firmes y decididos para eliminar todas las discriminaciones, todos los límites, coacciones e injerencias y asegurar la vida con libertad, igualdad y justicia en nuestras lenguas», concluye el manifiesto.

SITUACIÓN DE CADA TERRITORIO

Tras la lectura del manifiesto conjunto, cada representante explicó brevemente en su idioma la situación en la que se encuentran y los obstáculos y agresiones que están sufriendo en sus respectivos procesos de normalización.

Por parte gallega, Marcos Maceira, presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, señaló que «los ataques judiciales no se están dando solo en Euskal Herria, sino que están aconteciendo en todos los territorios con lengua propia». En este sentido, recordó que en Galiza tienen diferentes sentencias, tanto del Tribunal Superior de Justicia del territorio como del Tribunal Supremo, «que restringen el derecho a usar nuestra lengua en la administración municipal».

«¿Qué legitimidad tiene el poder judicial para injerir en la utilización de nuestras lenguas?», se preguntó Maceira ante este tipo de sentencias judiciales que se repiten una y otra vez.

En esa misma línea, Elena Jiménez, responsable internacional de Òmnium Cultural de Catalunya, denunció que «la intromisión del poder judicial español en las políticas lingüísticas de las que están dotadas la sociedad gallega, catalana o vasca es una amenaza a nuestros derechos».

Tal y como explicó, en Catalunya las mayores injerencias se están dando en el ámbito educativo. «Lo que quieren es cambiar a golpe de sentencia el marco legal establecido por el 90% del Parlamento catalán. Estamos ante una actuación antidemocrática que quiere cargarse el modelo democrático y la cohesión social», explicó.

Andreu Carapuig, representante de Escola Valenciana, denunció que, si bien «el Estado español nunca ha respetado los derechos lingüísticos de las diferentes lenguas», ahora se ha dado un paso más y «hay una ofensiva judicializadora».

«Es imposible poder vivir en la lengua propia si hay unos tribunales que se empeñan en impedirlo», añadió al respecto Anna Oliver, presidenta de Acció Cultural del País Valenciá. Ante ello, defendió una «democracia plena basada en una separación de poderes en la que el poder judicial no intente intervenir, eliminar o reducir los derechos de la ciudadanía en la lengua que le es propia».

Además, Joan Miralles, presidente de Obra Cultural Balear, denunció «el mantra que promueven desde las estructuras del Estado y algunos sectores políticos, que quiere hacer ver que las lenguas de los territorios son lenguas de confrontación o imposición».

Por Asturias intervinieron Natalia Suárez de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana e Iván Llera de Iniciativa pol Asturianu, alertando de que padecen una legalidad que no respeta sus derechos lingüísticos, ya que su Estatuto de Autonomía ni tan siquiera reconoce la oficialidad del asturiano.

Además, denunciaron que viven «una reacción de los ‘lingüisticidas’ contra los avances y el aumento del apoyo popular a la causa de la recuperación y la normalización del asturianu».